Estados Unidos tiene un serio problema. Un problema que no sólo afecta dentro de sus fronteras. Un problema que, junto con los serios problemas que tiene México, se convierte en uno de los mayores retos de la seguridad y el estado de derecho en nuestro país. Como bien dicen, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y hoy es menester reconocer que la falta de control en la venta de armas de fuego en Estados Unidos es una de las causas del enorme impacto letal de la violencia en la región de Norteamérica.
Repasemos la masacre más reciente de aquel lado de la frontera. Un hombre pensionado, aparentemente millonario, sin antecedentes penales ni de comportamiento antisocial, mete un arsenal a un cuarto de un lujoso hotel en Las Vegas para abrir fuego desde su ventana y de forma indiscriminada a una multitud que asistía a un concierto de música country. El saldo: al menos 60 muertos y casi 600 heridos. El asesino, que terminó suicidándose, poseía una docena de armas de fuego de grueso calibre en su habitación de hotel. En su casa, la Policía asegura que contaba con 18 pistolas y fusiles más, miles de cartuchos y explosivos. Stephen Paddock, como cualquier estadounidense, puede adquirir ese arsenal sin mucho problema salvo contar con el dinero para comprarlo. Y ya vemos para qué puede usarse.
Alguien dirá que se trata de un hecho aislado, pero no lo es. En 2017, 345 personas han sido asesinadas y 1,581 heridas en Estados Unidos en tiroteos masivos. Desde 2014 son 1,907 muertos. A estos hechos de alto impacto hay que sumar los asesinatos comunes cometidos con arma de fuego. La cifra es escalofriante. En promedio, cada día 27 personas mueren tiroteadas en la Unión Americana. Y aunque los integrantes de la Asociación Nacional del Rifle lo nieguen, la alta mortalidad por esta causa tiene que ver con la facilidad con la que se compran y venden armas de fuego en el poderoso vecino del norte.
Pero el problema rebasa las fronteras y golpea a México, en donde desde hace más de una década se libra una lucha contra el crimen organizado, cuyos integrantes se han visto beneficiados con esa falta de control en la venta de armas para hacer frente al poder de fuego de las fuerzas del orden de este lado de la frontera. El 65 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en México son con arma de fuego. Entre enero y mayo de 2017, un promedio de 43 personas al día fueron asesinadas a tiros en nuestro país, en donde también se han dado masacres en sitios públicos. Siete de cada 10 armas incautadas a cárteles de la droga provienen de la Unión Americana. La laxitud de las normas sobre armas de fuego es un factor que propicia la muerte de miles de personas en los dos lados de los límites nacionales.
Es cierto, la violencia no desaparecerá sólo porque se apliquen controles más estrictos en la venta de pistolas y fusiles, pero sí hará más complicado a los psicópatas, terroristas y sociópatas acceder a ellas. La Asociación Nacional del Rifle se ampara en la Constitución de Estados Unidos para defender el derecho de todo ciudadano a comprar armas de fuego. Pero hay que decirlo, no es un derecho el que están defendiendo. Lo que en realidad están defendiendo es un negocio multimillonario del que, curiosamente, poco se habla y poco se cuestiona.
Ahora bien, es menester decir que establecer un control más estricto para la venta de armas es apenas un primer paso para disminuir la letalidad de la violencia en Norteamérica. Se tendrá que trabajar también, en conjunto, en el fortalecimiento del estado de derecho, la eficiencia de las policías, el mejoramiento de la convivencia social, el fomento de los valores cívicos y la efectividad de los aparatos de inteligencia criminal. Pero es importante el primer paso. No hacerlo es apostarle a que se sigan perdiendo vidas.
