El Sistema Anticorrupción de Coahuila está siendo secuestrado, como lo demuestra la integración del Consejo de Participación Ciudadana a partir de dos burócratas procedentes del Instituto de Acceso a la Información y de la Secretaría del Trabajo, una periodista de Saltillo que se ha manifestado proclive al PRI de los Moreira en redes sociales y por lo que hace a la Comarca Lagunera, un empresario y un notario público que en los últimos seis años han operado sumisos al Moreirato, infiltrados en diversos Consejos Ciudadanos.
Lo anterior es una mala noticia asociada a la declaración del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado Armín Valdés, que justifica haber dictado una sentencia reciente en la que absuelve a los responsables de diversos delitos vinculados a la mega deuda de Coahuila, bajo el argumento de que la averiguación de la Fiscalía se encontraba mal integrada y que incluso "se ocultaron documentos para que al final no hubiera sentencias…".
Personificando el estado lamentable de la justicia en Coahuila, el Magistrado asegura que las acciones penales derivadas de la megadeuda se encuentran prescritas, es decir, extinguidas por el transcurso del tiempo, y termina por escupir al rostro de los coahuilenses, una afirmación según la cual, en el tema de la megadeuda "ya no hay nada que puedan hacer…".
Contrario a lo que opina el Magistrado Armín Valdés, para un Fiscal General con tamaños y voluntad de procurar justicia, hay mucho por hacer en Coahuila. La prescripción o extinción de la acción penal por el simple transcurso del tiempo no aplica en el caso de la megadeuda de Coahuila, en términos del artículo 73 del Código Penal del Estado, que establece que hay delito continuado cuando debido a una pluralidad de conductas homogéneas e identidad de víctima, se concreta dolosamente el mismo tipo penal y los bienes jurídicos afectados se lesionan de manera gradual.
En el delito continuado la prescripción empieza a correr a partir del último acto de la secuencia delictiva, que en el caso de la megadeuda todavía está en proceso. En Coahuila sólo falta un Fiscal General que siguiendo la ruta del dinero, saque a la luz la historia que los Moreira han mantenido oculta con la complicidad de los diputados priistas de las últimas dos legislaturas y de los bancos que han estado detrás del origen de la deuda y sus reestructuras. Este concepto del delito continuado sustenta en el derecho internacional el principio de que ciertos delitos no prescriben, como ocurre con la desaparición de personas o como es el caso que llevó a la justicia al General Augusto Pinochet.
Volviendo al caso de Coahuila, para tener una idea de la reiterada ilicitud de la restructuración de la megadeuda en las tres ocasiones en que ha sido solicitada por Moreira Rubén y obsequiada por el Congreso, basta recordar que la autorización del endeudamiento público, de acuerdo a la Constitución de la República, implica la presentación por parte del titular del Poder Ejecutivo de un proyecto concreto en su integridad y en sus detalles (montos, destino, plazos, tazas de interés, costo de comisiones, etcétera), para ser analizado por el Congreso y ser aprobado en sus términos, rechazado o modificado.
En el caso de la mega deuda de Coahuila nada de esto ha pasado. En cada reestructura el Ejecutivo ha mandado un discurso motivacional al Congreso ofreciendo buscar mejores condiciones y en automático la mayoría priista le concede una autorización general a ciegas para recontratar, como se expide un cheque en blanco. Desde luego que lo anterior es parte del delito continuado y no ocurre en ninguna parte, más que en el feudo de los Moreira.
