A pesar de que las autoridades estatales emanadas del PRI han intentado, una y otra vez, sepultar el caso de la deuda de Coahuila, de vez en vez resurge con fuerza, dejando en claro que no se trata de un tema muerto y, sobre todo, arrojando nuevos indicios para esclarecer lo más importante: a dónde fue a parar el dinero recibido de los créditos contratados por el Gobierno estatal. Ya sea por las investigaciones que se siguen en España o Estados Unidos, por los reportes de la Secretaría de Hacienda, por las reestructuras o renegociaciones autorizadas por el Congreso local, por las explicaciones a cuentagotas de los funcionarios obligados a proporcionar información, o por la limitada inversión pública que realiza el Estado debido al fuerte compromiso financiero que enfrenta de destinar cada año un alto porcentaje de su presupuesto al pago de la deuda, el asunto sigue dando de qué hablar y, seguramente, seguirá así durante el próximo sexenio, por lo menos. Pero concentrémonos ahora en dos hechos ocurridos en los últimos días.
Con la aplastante mayoría priista, el Congreso de Coahuila avaló que el Ejecutivo estatal busque renegociar o reestructurar la deuda hasta por 37,000 millones de pesos y con la posibilidad de ampliar el plazo hasta los 30 años, según el dictamen aprobado por el pleno. En caso de llevarse a cabo, sería la tercera reestructuración desde 2011, año en el que la legislatura entonces vigente "legalizó" el endeudamiento de los créditos contratados en parte de forma ilegal. Aunque las autoridades estatales niegan que se trate de otra reestructura, sino que hablan de una "nueva estructura", lo cierto es que Coahuila, tras seis años de cargar con este lastre, continúa pagando prácticamente sólo los intereses bajo el concepto de servicio de deuda, y por eso ahora el gobierno de Rubén Moreira está buscando bajar dichos intereses. Digan lo que digan, la deuda sigue siendo un problema para las finanzas públicas de la entidad que impide al Ejecutivo estatal disponer de mayores recursos para la inversión en infraestructura que tanto necesita la entidad.
El otro hecho es aún más interesante. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Armin Valdés Torres, quien es uno de los aspirante a convertirse en el fiscal general de Coahuila, reveló que, de acuerdo con una sentencia de la corte estatal, exfuncionarios del extinto Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), habían declarado primero que el dinero de dos créditos contratados por la pasada administración no entró a las arcas estatales, aunque luego se desdijeron y aseguraron que sí ingresó, pero que no sabían a qué había sido destinado. La sentencia a la que se refiere trata sobre la contratación irregular de dos créditos, ambos por 1,000 millones de pesos, realizada por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS). El magistrado asegura que fue debido a errores en la denuncia y en la integración de la averiguación previa que el Tribunal terminó por absolver a los presuntos responsables. Los errores fueron que el delito fincado fue por simulación de actos jurídicos, para lo cual no se presentaron las pruebas, y que se omitió denunciar el peculado o malversación de fondos públicos, en virtud de que no se sabe a dónde fue a parar el dinero. Y este último ilícito quedará impune porque ya prescribió. Para Valdés Torres está muy claro que hubo corrupción en este asunto.
La sentencia, cuyo contenido se desconocía hasta la semana pasada, y las declaraciones del magistrado, ponen el dedo en la llaga en el tema de la megadeuda. A pesar de que los fiscales de Estados Unidos han asegurado que exfuncionarios estatales sustrajeron recursos de las arcas coahuilenses para luego invertirlo en cuentas y bienes inmuebles en Texas, el gobierno actual de Coahuila ha negado sistemáticamente que el dinero haya salido del tesoro estatal. Las declaraciones asentadas en la sentencia de referencia y atribuidas a exservidores públicos abren por primera vez una clara ruta alternativa de investigación que hasta hace poco sólo era una mera sospecha: parte del dinero de la deuda de Coahuila nunca entró a las cuentas bancarias oficiales, sino que tomó un rumbo distinto, obviamente ilegal. En este caso se trata sólo de 2,000 millones de pesos, de los 36,000 que solicitó la administración de Humberto Moreira y Jorge Torres, pero, como El Siglo de Torreón lo ha sostenido desde 2011, son 18,000 millones de pesos los que hasta hoy nadie ha explicado a detalle en qué se gastaron. En las cuentas públicas del sexenio pasado no hay rastro de ello y las autoridades actuales han hecho mutis la mayor parte del tiempo, cuando no han salido sólo a declarar, con contradicciones, que los documentos que resolverían el misterio fueron sustraídos, un hecho por el cual tampoco existen responsables.
En el marco de la sucesión estatal, que aún está en vilo en los tribunales electorales, y de la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, que por lo visto hasta ahora será controlado y vigilado por gente afín al poder político de los dos últimos sexenios, es muy importante no perder de vista que el fondo del problema de la megadeuda sigue siendo el mismo: en qué se gastó el dinero y, en caso de confirmarse el desvío, quiénes operaron desde la estructura estatal para cometerlo. Por lo demás, es claro que el endeudamiento seguirá comprometiendo las finanzas estatales y quien resulte investido como gobernador el primero de diciembre tendrá que seguir lidiando con ello a la par de que estará obligado a responder a la pregunta: si el dinero no entró a las arcas ¿adónde sí entró?
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