El Consejo Directivo del Simas autorizó en su sesión de esta semana por mayoría y con el voto en contra del CLIP, proceder penalmente contra los funcionarios municipales que firmaron el Contrato de Concesión para la construcción, administración y operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), otorgado a la empresa Ecoagua y a la que se le canceló anticipadamente en abril de 2015.
Víctor Manuel Navarro Arratia, presidente del Consejo Directivo informó que Eduardo Castañeda Martínez, representante del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, fue el único de los 16 integrantes de este organismo ciudadano que se manifestó en contra de este acuerdo .
"Del motivo de su inconformidad, hizo alusión que se buscaba imputar responsabilidad de la PTAR a las autoridades municipales entrantes".
Pero Navarro Arratia asegura que no es así.
"Nosotros sólo queremos que se aplique la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos y que intervenga la Auditoría Superior de la Federación ASF en la denuncia que interpondrán los abogados contratados para que llevaran el juicio que el Simas ya le ganó a Ecoagua en todas sus instancias.
El hecho de que se involucre a la ASF en la demanda que presentarán la semana entrante, es porque la obra de la PTAR lleva recursos federales vía Finfra-Banobras.
"En todo caso, que sean las instancias legales las que decidan si hay responsabilidad de quienes otorgaron el contrato e incluso para la empresa que operó durante cerca de 12 años la PTAR, administrada por el Simas desde abril del 2015", según Navarro Arratia.
Dijo que es responsabilidad del actual Consejo Directivo presentar la denuncia, porque no quieren incurrir en presuntos actos de omisión y dado que se desconoce el tratamiento que vayan a dar las autoridades entrantes a este caso, incluso, los esquemas legales y estatutarios bajo los cuales va a operar este organismo de consejeros que se integra con base en la Ley de Aguas para los Municipios del Estado.
La PTAR fue concesionada en 1999.
La causa por la que el Simas quitó la planta a Ecoagua, mediante un cancelación anticipada de contrato al año 2021 luego de que para esa fecha le faltaban 6 años, fue por incumplimiento. Pese a lo cobrado desde que se concesionó, en 1999, nunca dio el agua tratada con la calidad comprometida ni para usos agrícolas, ni para procesos industriales, aunado a un alto cobro de intereses en las mensualidades que para el 2015 equivalía a haber pagado tres veces la PTAR.
Que se aplique la Ley
Consejo quiere que se aplique la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos.
⇒ Se denunciará también ante la ASF, porque se utilizaron recursos federales.
⇒ Consejeros no tienen certeza del procedimiento que sigan autoridades entrantes. Porque desconocen si funcionará el Consejo.
División. Mientras que integrantes del Consejo Directivo del Simas en sesión ordinaria aprobó denunciar a quienes firmaron el contrato de concesión de la PTAR, el CLIP votó en contra. (ARCHIVO)
