Verdades y rumores

Esta semana los tribunales electorales, el grande y el chico, le dieron al gober electo Miguel Riquelme una buena y una mala. La buena vino por parte de la corte estatal, que sin convocar a la Incómoda Prensa, sesionó para revisar el truculento caso de los recursos del Fonden que, según el PAN, el ayuntamiento de Torreón retuvo para usarlos en las campañas electorales. Luego de unos cuantos minutos de deliberación, los magistrados decidieron que los panistas no presentaron las pruebas suficientes que acreditaran tal irregularidad, con lo cual don Miguel libró uno de varios asuntos que tiene que sancionar el tribunal provincial. No obstante, dicen las lenguas viperinas que mal harían los riquelmistas en echar las campañas al vuelo en este caso en particular porque la averiguación sigue abierta en la Fepade que, como se recordará, fue la autoridad que llevó a cabo el aseguramiento de la bodega en la que se encontraron las colchonetas y despensas que se supone debieron ser entregadas con urgencia a las personas afectadas por las lluvias el año pasado. La mala noticia la dio la sala regional del Trife, en Monterrey, al avalar el polémico reglamento de fiscalización que fue impugnado por el tricolor y su pléyade de partidos satélites. Como usted recordará, memorioso lector, bajo las normas de ese reglamento modificado a último momento por el INE fue que se determinó que don Miguel rebasó el tope de campaña en más del 5 por ciento, dato en el cual se basan el excandidato blanquiazul Guillermo Anaya y su gente para jurar y perjurar que, conjugado con la diferencia menor al 5 por ciento entre el primero y segundo lugar en la votación, la anulación de la elección es “inminente”. Así que, como dicen, se la siguen haciendo cardíaca a Riquelme, quien mientras son peras o son manzanas, ha reactivado sus reuniones con funcionarios federales. Y apenas ayer precisamente tuvo la tan anunciada junta en Hacienda para revisar con el gober Rubén Moreira el tema de los recursos que le tocarán a Coahuila en 2018, pero en vez de verlo directamente con el secretario y suspirante presidencial José Antonio Meade, como se había anunciado originalmente, tuvo que conformarse con el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo.

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Llegan noticias del frente abierto por el Simas contra el futuro alcalde Jorge Zermeño, acompañadas de grandes dudas sobre las verdaderas intenciones de la empresa municipal descentralizada en su presunta búsqueda de justicia luego de que logró derrotar a Ecoagua, exconcesionaria de la planta tratadora, en múltiples litigios. Como ya lo habían adelantado nuestros subagentes, el gerente general del Simas, Xavier Herrera, anunció que procedería contra quienes resultaran responsables por los cobros excesivos en los intereses que aplicó durante años la empresa operadora de la planta inservible, amparada en un contrato que hasta ahora, casi 20 años después, se denuncia como leonino. Pues bien, don Xavier obtuvo esta semana el aval del Consejo Directivo del Simas para presentar las denuncias penales correspondientes contra quienes firmaron ese contrato, es decir, contra don Jorge y Juan José Gómez, entonces gerente del sistema, que ahora se dice que va a regresar al cargo. Pero los subagentes disfrazados de cárcamos descompuestos dicen que todo esto es una estrategia de cara a la elección de 2018, que tiene muy pocas posibilidades de prosperar legalmente y que incluso pudiera revertirse contra la administración saliente. Y es que, según cuentan, si en el asunto de la megadeuda de Coahuila, que fue contratada hace no más de diez años, las posibles responsabilidades penales ya prescribieron, cuantimás en un tema que ya va para las dos décadas. Por otra parte, hay quienes creen que lo que en su momento ocurrió con el contrato de la planta, harto favorable para la empresa concesionaria, sucedió también con el millonario contrato de alumbrado público, en donde la ganadora de la licitación resultó beneficiada con intereses indizados que, a decir de los expertos, no correspondían. Es decir que si los priistas le mueven al tema de Ecoagua, aunque sea con fines mediáticos, bien los zermeñistas pudieran hacer lo propio con el caso de Construlita.

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Y ya que hablamos del Simas, dicen que así como éste ha abierto frente contra don Jorge, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada ha abierto el suyo contra la empresa de aguas y drenaje. Y es que no sólo el organismo que lidera Juan Antonio Sifuentes Terrazas se negó a votar a favor de la presentación de las denuncias contra los responsables del enjuague de la planta tratadora, sino que también envió un oficio al Consejo Directivo del sistema, al cual pertenece, solicitando de la manera más atenta que sea retirado el nombre de Xavier Herrera de la placa de reconocimiento que se develó recientemente. El argumento central del CLIP es que la “inmortalización” de don Xavier sale sobrando como reconocimiento, ya que él es sólo un ejecutor de las disposiciones del Consejo y que, en todo caso, el aplauso debe ser para este organismo directivo en general y no para una persona que, dicho sea de paso, recibe un sueldo con recursos públicos por hacer lo que tanto presume que hace. Además, dicen que se puede sentar un mal precedente y que al rato todos los funcionarios van a querer su placa por cumplir, mal o bien, sus obligaciones de ley, para lo cual habría que construir un muro más alto que el que proyecta Donald Trump. ¿Le harán caso al CLIP en el Consejo?

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Con eso de que el dios Tláloc sigue empeñado en humedecer el buen trabajo que tanto presumen las autoridades municipales estatales de la región, han comenzado a surgir las excusas sobre el porqué no funcionó este servicio o está tan deteriorado aquél otro. Una de las justificaciones vino de boca del propio gober Rubén Moreira, quien luego de ofrecer disculpas a los vecinos del sector Jacarandas por las obras interminables para reparar el pavimento destrozado y reponer el inexistente por los trabajos de introducción de drenaje, dijo que el dinero que se había previsto para pavimentación en Torreón se reasignó al cuartel militar de San Pedro debido a que Chihuahua no cumplió con su parte (“¿y qué culpa tenemos nosotros?”, dirán los vecinos afectados). El detalle es que don Rubén habló sólo de 60 millones de pesos, que es apenas una mínima parte de los 300 millones que en su momento llegó a anunciar Miguel Riquelme, entonces alcalde de Torreón, quien dijo que 2016, y luego 2017, sería el año de la pavimentación. ¿En dónde quedaron los 240 millones restantes? Seguro la explicación vendrá pronto, pero ojalá que no sea como la dada por el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, quien ante la inundación en la colonia Provitec, en donde se construyó un cárcamo pluvial, le echó la culpa a un vecino que “se le olvidó” encender el aparato. Ahora resulta.

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Esta semana que está por concluir ocurrieron dos hechos que confirman el romance que viven el gobierno provincial de Durango y el ayuntamiento de Gómez Palacio. El primero de ellos tiene que ver con la exigencia de la alcaldesa priista Leticia Herrera de que los recursos del fondo metro sean ejercidos directamente por los municipios y no por los estados, que terminan usándolos como tapones de los agujeros de sus presupuestos. No habían pasado ni 72 horas cuando ya el gober panista José Aispuro estaba diciendo que le parecía una gran idea y que él la apoyaba por completo. No obstante, este tema tiene que ser resuelto por los diputados del Congreso de la Unión, quienes establecen las reglas del uso del fondo y, como hemos visto, al menos los diputados duranguenses, incluso laguneros, como Rocío Rebollo, no son muy afectos a hacerle segunda a doña Lety en sus peticiones. Ahí está el asunto de los socavones, o dolinas, para el cual la edil ha pedido ayuda a los legisladores, sin que hasta ahora nadie se haya pronunciado abiertamente sobre ello. El otro hecho se trata de la presentación de las actividades del Festival Revueltas, que en esta edición contará con 22 espectáculos para La Laguna de Durango, pero todos en Gómez Palacio, ninguno para Lerdo. Es decir, la antigua Santa Rosa resultó la consentida en esta ocasión, cuando antes por lo menos se programaban dos eventos para la Ciudad Jardín. Esta situación se presta a las suspicacias de los amantes del sospechosismo, quienes no pueden dejar de recordar que doña Lety no se lleva muy bien que digamos con su vecina y homóloga, María Luis González Achem, y por lo cual creen que algo tuvo que ver para evitar que Lerdo tuviera algún espectáculo en cartelera. Pero, quién sabe, tal vez son sólo malos pensamientos, como los de quienes dicen que con los conflictos que se trae don Pepe con el alcalde de Durango, el doctor Enríquez, está consintiendo demasiado a la alcaldesa gomezpalatina, algo similar a lo que ocurrió en Coahuila con el gober Rubén, quien castigó a Isidro López, edil de Saltillo, para mimar a Riquelme, exalcalde de Torreón y hoy gobernador electo.