México es un país que tiene 2440 municipios y 16 delegaciones en sus treinta y dos entidades federativas y la ciudad capital; según el Censo de Población y Vivienda de 2010, de esas 2456 municipalidades 1389 se pueden considerar como poblaciones rurales y en sólo 100 habita el 50 por ciento del total de la población nacional.
La importancia de los municipios en nuestro país es relativamente reciente y su urbanización ha sido marcada, como en toda sociedad capitalista, por la migración de la población rural hacia las ciudades, particularmente durante el siglo XX cuando se crean las principales zonas metropolitanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Esta expansión demográfica urbana se acentúa con los procesos de industrialización promovidos por políticas públicas que aspiraban transformar la economía agraria heredada del porfiriato hacia otra industrial, sobre todo a partir de mediados de ese siglo, y por las recurrentes crisis agropecuarias y agrarias, en gran parte derivadas de esas políticas.
En esa centuria la expansión demográfica concentra la población en las ciudades e invierte la relación entre población urbana y rural, al final de ella tres cuartas partes de los mexicanos viven en asentamientos mayores de 2500 habitantes. Al margen de que sea discutible la definición de población rural como aquella que habita en localidades menores a este tamaño (en virtud de que las hay mayores a esta cantidad que aún conservan rasgos que podrían tipificarlas como rurales, o incluso ciudades también llamadas rurales), el México del siglo XXI rige gran parte de su economía y dinámica social a partir de las actividades de los sectores secundario y terciario, incluyendo la agricultura de riego que se basa en el uso de insumos y maquinaría producida por la industria.
Sin menospreciar la importancia de las actividades primarias y de la población rural que las practica, lo cierto es que los municipios que sufren esa expansión demográfica urbana enfrentan nuevos retos que implican la creación de infraestructura y equipamientos de los cuales carecían y que, en un buen número de casos, se convierten en rezagos o fallas que limitan y a veces condicionan su desarrollo presente y futuro. Habrá que reconocer que gran parte de estas nuevas urbes tuvieron un crecimiento desordenado, que no sólo respondió a las exigencias de esa nueva población que ocupaba sus espacios físicos, sino que también creó intereses asociados al uso del suelo, a la generación y distribución de la renta urbana.
Este fenómeno incide en los marcos normativos y las políticas públicas que regían e incidían en el desarrollo municipal y, desde luego, en los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, como ocurrió a fines del siglo pasado cuando se modifica el artículo 15 constitucional que reconoce la importancia política de los municipios y su necesidad de tener mayor participación en el gasto público, particularmente con el llamado Ramo 33.
Estos procesos endógenos no ocurren al margen de otros externos, la apertura comercial con otras naciones, sobre todo con el vecino norteño, y otros factores a los que se ha definido como la globalización económica, generando sinergias y contradicciones que impactan el desarrollo nacional en general y el de las regiones y las municipalidades en particular. Tal situación obliga a los gobiernos locales a enfrentar nuevos retos que se mezclan con los avances y rezagos que tienen.
El crecimiento industrial y la expansión demográfica urbana traen consigo, además de lo anterior, cambios políticos donde la población residente en las ciudades genera otras expectativas de vida que los gobiernos locales derivados del viejo régimen político no alcanzaron a prever, ocurriendo procesos de alternancia, particularmente donde emergían pujantes clases medias ya no sujetas a las estructuras corporativas y clientelares en que se asentaban los triunfos electorales de los gobernantes. Aquellos que entendieron esos cambios estructurales del México moderno que ocurrían en las ciudades pudieron permanecer en los poderes locales, como aquellos que no lo hicieron fueron desplazados; esto fue una constante más marcada en ciudades norteñas y el entonces Distrito Federal.
Los retos del desarrollo urbano a fines del siglo pasado e inicios del presente se definían por esa mezcla de rezagos estructurales con las exigencias de las ciudades, como se avizora en la infraestructura y equipamientos donde destacan las redes de distribución de agua y saneamiento que en gran parte de las ciudades resultan obsoletos por la falta de mantenimiento y renovación que les convierten en servicios públicos deficientes incapaces de satisfacer la demanda derivada de una expansión inmobiliaria caótica, a la par de las vialidades y los sistemas de transporte colectivo que no resuelven la cada vez mayor y exigente movilidad urbana que la población requiere para desplazarse con fines laborales, educativos y domésticos, por mencionar algunos.
Al atender viejos rezagos también se generan nuevas expectativas, tal es el caso del mejoramiento de los niveles de escolaridad que crean una población con mayor conocimiento de lo que sucede en su entorno, de las condiciones en que vive dentro de su localidad urbana y de la forma de proceder de sus gobiernos locales con quienes tiene mayor interacción que los del ámbito federal. Esto, inevitablemente incide para que la población urbana, particularmente aquella que ocupa las cohortes de segunda y tercera generación posterior a sus ancestros migrantes, la que nace y crece en las ciudades, también se involucre en los procesos electorales y de gobierno locales, con nuevas expectativas que en algunos casos como Torreón se traduce en una mayor participación ciudadana.
