La presión de la sociedad civil y el cerco político impuesto al PRI de Peña Nieto en el Congreso en días pasados, han sido los factores que ponen en un primer nivel de atención el tema de la lucha contra la corrupción, en la parte final del actual sexenio.
Así lo demuestra el giro que han dado los legisladores priistas en el Congreso, que de una postura sobrada en la que la designación de Raúl Cervantes como Fiscal General se daba por segura, ahora hacen suya la propuesta de reforma constitucional que implique una transformación que vaya más allá de la eliminación del pase automático y según dicen, garantice la eficacia de la institución encargada de combatir la corrupción "con independencia de quién sea el titular del cargo…".
En tal sentido se pronunciaron en forma coincidente los coordinadores priistas en ambas Cámaras del Congreso, el Senador Emilio Gamboa Patrón y el diputado César Camacho, frente al cuestionamiento hecho por María Elena Morera, presidenta de Causa Común, organización social comprometida en el combate a la corrupción desde el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva.
La rectificación que de dientes hacia afuera hacen los priistas, viene acompañada de una fuerte sospecha respecto a que sea un mero disfraz con el que pretenden apropiarse, tanto del discurso como de la conducción del proceso con el riesgo de siempre: Que todo cambie, para que todo siga igual.
Para evitar o al menos reducir el margen de error que lo anterior implica, es menester que se mantenga activa y actuante la alianza entre asociaciones ciudadanas de cobertura nacional y el frente opositor integrado por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, como vectores orientados al propósito común que es objeto de comentario.
Otro factor necesario en el caso, implica el acabar con la idea de que las instituciones puedan llevarse a un grado de perfección y que operen en un nivel óptimo de calidad, con independencia del perfil, de la voluntad y de las intenciones de los funcionarios que estén a cargo. Todo lo contrario, tan importante es lograr la reforma legislativa y constitucional que el caso requiere, como la designación de una persona honesta, de perfil idóneo y sin más compromiso que el de procurar justicia, que actúe en un sistema de contrapesos institucionales y bajo la lupa crítica permanente de la sociedad civil organizada.
En contraste con las condiciones esperanzadoras que sobre este particular existen a nivel nacional, advertimos que no ocurre lo mismo en el Estado de Coahuila, en dónde vivimos en el jurásico social y político. Así se desprende de recientes declaraciones que tremolando una bandera de Iniciativa Privada (Canacintra), sin rubor alguno proponen para el cargo de Fiscal General del Estado al actual procurador Homero Ramos Gloria, personaje que en virtud de su propia trayectoria es parte esencial del proyecto político del Moreirato, lo que ofrece una garantía de impunidad para los responsables de los delitos cometidos desde el poder en los últimos doce años, en perjuicio de los Derechos Humanos y el patrimonio público de los coahuilenses.
En Coahuila el diseño e instalación del sistema anticorrupción están derivando en un blindaje a favor de la impunidad, debido a la trama de complicidades tejidas por el grupo en el poder, a despecho de una sociedad civil ingenua y dividida, cuyos dirigentes no han sido capaces de remontar el protagonismo personal ni cerrar filas en torno a objetivos comunes, lo que explica que la obscuridad de nuestra vida pública parezca irremediable, en contraste con otras entidades como Chihuahua y Veracruz, que se comienzan a iluminar con destellos de justicia.
Los ciudadanos a través de las organizaciones de la sociedad civil y las fuerzas políticas de oposición al PRI en Coahuila tienen la palabra. O nos unimos en la lucha por construir una vida pública de calidad, o permanecemos divididos a merced de una minoría delincuente que desde la cúpula del poder, atora todo intento de cambio y mejoramiento.
