En medio de la tragedia colectiva cotidiana que vive el país debido a la violencia criminal, existe otra violencia que la mayoría de las veces se hace invisible o tiende a ser minimizada. Se trata de la violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres por el “derecho” que creen tener algunos hombres sobre la vida de la mitad de la población.
La semana pasada, un nuevo caso de feminicidio -sin duda se tiene que tipificar así- cimbró a un México dolido de muchas partes, pero sobre todo de la impunidad. Mara Fernanda Castilla, una joven poblana de 19 años que decidió salir a divertirse un viernes por la noche, como muchas jóvenes en todo el mundo, fue secuestrada, violada, estrangulada y su cuerpo arrojado a un baldío por el chofer de una empresa de transporte, de acuerdo con la versión de las autoridades.
La indignación en las redes sociales no se hizo esperar. Uno de los sentimientos más replicados es el de la impotencia y el coraje de ver que en México se puede acabar tan fácilmente con la vida de una joven. “Hoy le pasó a Mara, pero pudo haber sido cualquiera de nosotras”, es uno de los mensajes que más resuenan desde que empezaron a fluir detalles sobre el crimen. Una buena parte de la población femenina en México se siente insegura en su casa, su entorno inmediato, en las calles, en el transporte, no sólo por la violencia del crimen organizado que afecta a todos, sino también por la violencia machista que en el caso de Mara muestra su peor rostro.
Por sí mismo el crimen es doloroso, pero también lo es que, bajo la misma perspectiva machista que ha segado la vida de Mara y de muchas otras mujeres, haya quienes intenten “justificar” el asesinato responsabilizando a la víctima. “¿Por qué se fue sola?” o “¿qué andaba haciendo a esas horas en la calle?”, son preguntas que sólo sirven para ocultar el problema de fondo: la impunidad. Porque una mujer no es la culpable de la agresión que recibe de su pareja o de cualquier otro hombre. La responsabilidad es de quien agrede, viola o mata, actos injustificables en cualquier situación, y la corresponsabilidad es de las instituciones y la sociedad que lo permiten.
Según organizaciones de la sociedad civil, cada año son asesinadas en México 2,000 mujeres. Sólo el 2 por ciento de los casos se resuelven. El Estado de México y Puebla forman parte de un cinturón en donde la violencia de género cobra vidas prácticamente todos los días. El de Mara es el feminicidio número 83 en lo que va del año en el estado de Puebla. Pese a ello, no se ha decretado la Alerta de Género con la que se activarían los protocolos institucionales para buscar garantizar la seguridad y la vida de las mujeres.
Más allá de la reticencia de las autoridades a declarar la alerta -algo que hemos visto aquí mismo en La Laguna, tanto en Durango como en Coahuila, a pesar de la presión de un sector de la sociedad-, urge que el Estado mexicano en su conjunto establezca políticas integrales para frenar la violencia de género en el país. Todas las instituciones de la República deben estar involucradas en ello: las de Seguridad, Justicia, Salud, Educación, Desarrollo Social, Gobernación, las legislativas y los tribunales. Para que esto ocurra, el primer paso es reconocer que como sociedad tenemos un problema, que está costando vidas y que debe solucionarse. El comienzo es hacer visible esta violencia y por ningún motivo justificarla.
