La recepción de la semana pasada en Los Pinos, en la que el presidente Enrique Peña Nieto distingue a Miguel Riquelme con el trato de Gobernador Electo resulta impertinente, porque la elección celebrada en Coahuila el cuatro de junio está impugnada y en consecuencia, la actitud de Peña Nieto viola y pasa por encima de la esfera de competencia que corresponde al Tribunal Federal Electoral, en cuyas manos se encuentra la decisión.
La fotografía de ambos personajes publicada en prensa y difundida en redes sociales, es una afrenta para muchos coahuilenses que en el pasado proceso electoral, vivimos y fuimos testigos de una serie de irregularidades que hacen de la elección un fiasco, como son la parcialidad del Instituto Electoral de Coahuila, la manipulación del Conteo Rápido y del Programa de Resultados Preliminares, el traslado irregular y posterior violación de paquetes electorales por la policía del régimen, etcétera.
El robo de la elección no es producto del imaginario colectivo, sino una realidad que el propio Instituto Nacional Electoral ha venido aceptando y dando a conocer, como lo prueba el reconocimiento hecho por el presidente de dicho Instituto Lorenzo Córdova, en la conferencia magistral que pronunció el viernes pasado en la UNAM, en la que el presidente del INE admitió sin rodeos que en el proceso impugnado, el árbitro electoral echó abajo un avance histórico en materia de fiscalización de gastos de campaña.
Como consecuencia de lo expuesto, la recepción inoportuna de Riquelme en Los Pinos y su posterior placeo por diversos ministerios del Gobierno de Peña Nieto, son un insulto no sólo en contra de los coahuilenses sino una afrenta a nuestras instituciones electorales más apreciadas, porque lo ocurrido nos lleva a la convicción de que para el PRI de Moreira Riquelme y Peña Nieto, el Tribunal Federal Electoral y el régimen de legalidad en su conjunto, están pintados en la pared.
Lo anterior alienta la sospecha en torno a la elección impugnada, y con mayor razón, porque la vía jurídica de impugnación corre en paralelo de un conflicto creciente entre el gobierno de Rubén Moreira que apadrina a Riquelme como parte del mismo proyecto político, no sólo con la oposición unificada en el Frente por la Dignidad de Coahuila, sino con numerosos sectores como son los organismos de la sociedad civil que a nivel Estado han luchado sin éxito por establecer un Sistema Anticorrupción que brinde esperanza de funcionamiento.
A ello también corresponde el embate de Moreira en contra del Obispo de Saltillo, que con el pretexto de investigar a curas pederastas es perseguido con un empeño que contrasta con el cómplice disimulo mantenido por doce años frente al crimen organizado, eludiendo las investigaciones que se imponía realizar en cuanto al paradero de las personas desaparecidas, el destino del dinero obtenido de la megadeuda de Coahuila, así como las matanzas ocurridas y los cementerios clandestinos descubiertos.
Lo expuesto explica la denuncia que el pasado fin de semana hizo la Red Defensora de los Derechos Humanos en México, al acusar a las fuerzas policiales de Moreira de intimidación y hostigamiento en contra de la abogada que por encargo de dicha institución, asesora al Obispo Raúl Vera en materia de Derechos Humanos. Es evidente que esta escalada de confrontación que es fruto de una inmerecida represión en contra de los coahuilenses, sólo se resolverá mediante una nueva elección exenta de vicios.
La declaración de validez o nulidad de la elección celebrada en Coahuila el pasado cuatro de junio, sigue siendo de pronóstico reservado. A los ciudadanos nos toca redoblar esfuerzos en la lucha y a las instituciones judiciales electorales les corresponde mantener su autonomía y ajustarse a lo que mandan la razón y el derecho, como condiciones básicas que marcarán nuestro futuro por el camino de la mediocridad y el deterioro que ofrece la continuidad del Moreirato, o por el camino de una elección extraordinaria que brinde una nueva oportunidad al cambio y a la alternancia.
