Los signos de los tiempos en las postrimerías del sexenio de Rubén Moreira, revelan un gobierno en conflicto con la sociedad coahuilense, que ofrece múltiples aristas.
La más notable es sin duda el conflicto postelectoral irresuelto, que tiene su origen en la intromisión ilícita del Gobernador del Estado y de algunos de sus principales colaboradores, que se concreta en una descarada elección de estado, mediante el empleo de estructuras y programas de gobierno, en favor del candidato del PRI de los Moreira, Miguel Riquelme.
Una de las partes más dolorosas de esta intervención contraria a derecho y a los principios democráticos elementales, deriva de la actuación de la policía del régimen denominada Fuerza Coahuila, que como guardia pretoriana al servicio de Moreira Rubén fue el brazo armado para perpetrar el traslado ilícito del veintitrés por ciento de los paquetes electorales, según dictamen del Instituto Nacional Electoral, que brindó la ocasión para una múltiple violación y manipulación de muchos de esos paquetes en favor del candidato oficial.
Del conflicto electoral deriva la acusación que hace el gobierno al través de su aparato de procuración e impartición de justicia, empleado con fines sectarios y partidistas. De ahí vienen los señalamientos hechos en contra de algunos miembros del Partido Acción Nacional por el presunto delito de lavado de dinero destinado a gasto electoral, cuya investigación y persecución se entiende de competencia federal y por ende, lo actuado en el ámbito del Estado resulta sesgado y faccioso.
Una segunda vertiente de la reyerta entre Gobierno y Sociedad cuyo comentario nos ocupa, desemboca en el conflicto que mantiene Moreira Rubén frente al obispo de Saltillo Raúl Vera al que acusa de obstruir la justicia en el caso de un sacerdote de la diócesis de Piedras Negras acusado de pederasta. El hecho se advierte como una venganza represiva evidente en contra del dignatario de la Iglesia, porque coincide con la presentación que el obispo Vera hizo ante el Tribunal de Internacional de La Haya, de una denuncia por la matanza que arrojó un estimado de trecientas personas asesinadas, ocurrida en el poblado de Allende, Coahuila, en marzo del año dos mil once, suceso trágico que se encuentra documentado a nivel internacional.
Resulta contrastante que en su día las corporaciones policiales y el sistema de procuración de justicia del Moreirato hayan presenciado la masacre de Allende con disimulo e indiferencia y en cambio, la venganza de Rubén en contra del obispo mueva los oxidados resortes judiciales del régimen para linchar en público a Don Raúl, con el pretexto de perseguir un presunto delito imputado a un sacerdote, por hechos que nunca fueron del interés de Moreira investigar, sino hasta ahora que los utiliza como arma arrojadiza en contra del prelado.
No es cosa menor la confrontación del aún gobernador con ciento nueve organizaciones de la sociedad civil que han estado exigiendo calidad en la formulación del marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel Estado, y el nombramiento de los funcionarios que serán los encargados de aplicar el sistema una vez que Moreira Rubén haya concluido su gestión y tenga que enfrentar a la justicia.
Las oportunas y acertadas exigencias de las agrupaciones ciudadanas referidas en el tema mencionado, que piden se tome en cuenta la opinión ciudadana en cuestiones tan importantes, han sido sistemáticamente ignoradas por el Titular del Ejecutivo, dominado por el empeño de mantener la impunidad de los responsables del Moreirato en los últimos doce años, mediante la construcción de un blindaje que les permita sobrevivir en libertad al término del sexenio a pesar de la quiebra económica producto de la megadeuda, la corrupción generalizada imperante, y las masacres de Allende, Patrocinio y Piedras Negras.
Lo anterior hace evidente la obsesión de Moreira por seguir en el control del Estado a través del cuestionado candidato que eligió como sucesor de su proyecto político familiar y al mismo tiempo revela el agotamiento de un régimen que se ha convertido en el primer enemigo público de la sociedad coahuilense.
