Hoy lunes 21 de agosto de 2017, buena parte de Norteamérica será testigo de uno de los acontecimientos astronómicos más impactantes. Los eclipses solares han capturado la atención y la imaginación humana desde tiempos ancestrales. Los avances científicos han permitido despojar al fenómeno de los mitos que lo rodeaban. El eclipse de hoy representa una oportunidad para acercar a miles de niños y adolescentes a la ciencia, en particular a la astronomía. Pero, lamentablemente, las autoridades educativas no lo creen así. En vez de buscar que los estudiantes observen el suceso con las precauciones debidas, en muchos estados de la República, incluidos Durango y Coahuila, los encargados de la educación optaron por lo más fácil: dejar a los alumnos encerrados en las aulas y, en varios casos, suspender las clases. Como si el eclipse fuera algo negativo que los niños y jóvenes deben evitar, cuando se sabe que no es el eclipse en sí lo que puede dañar la vista si se observa directamente, sino los rayos ultravioletas del sol, que siempre son perjudiciales a los ojos si no se toman las medidas adecuadas. En siete años, La Laguna será el epicentro de otro eclipse solar. El de hoy era una oportunidad de oro para prepararse ante tan gran acontecimiento.
Valga esta reflexión para construir una analogía sobre lo que pasa en México con la corrupción. La corrupción se ha convertido en una de las principales debilidades estructurales del país. Si atendiéramos al número de veces que, desde cualquier tribuna, se habla, exige, anuncia, promete y propone acabar con este flagelo, no nos quedaría más que pensar que en México existe una fuerte voluntad para acabar con el problema. Pero la realidad indica lo contrario. Ningún esfuerzo hasta ahora ha rendido los frutos esperados y los reclamos que se hacen alcanzan ya el tono de desesperación. La corrupción ha eclipsado la vida de la República al grado de comprometer su credibilidad en el mundo. Tal y como ha ocurrido con la postura de las autoridades educativas con el eclipse solar de hoy, los encargados de las instituciones republicanas prefieren la negación, la oscuridad y el encierro. No tomar las medidas adecuadas para ver de frente al problema, porque es mejor evadirlo y decir que no es tan grave como se plantea. Pero basta con analizar unos cuantos hechos relacionados con la Presidencia de la República para darse cuenta de las dimensiones que ha adquirido este lastre.
La corrupción parece ser el estigma del actual gobierno. Y la mácula viene desde el principio. La candidatura de Enrique Peña Nieto no hubiera sido posible sin la presidencia nacional de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, cuya administración ha sido señalada en múltiples ocasiones por la contratación de una enorme deuda que a la fecha se desconoce a dónde fue a parar, por lo menos en la mitad de sus recursos. Incluso las autoridades españolas y estadounidenses mantienen abierta desde hace años una investigación por una presunta red de corrupción que operó en la entidad en el sexenio pasado y en la que estarían involucrados funcionarios, exfuncionarios e integrantes del crimen organizado. En campaña, Peña Nieto alabó abiertamente a los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Chihuahua, César Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borge, como representantes de lo que él consideraba el nuevo PRI. Hoy los tres están siendo investigados y/o juzgados por presuntos actos de corrupción porque, hay que decirlo, perdieron las elecciones en sus entidades. Si el PRI no hubiera perdido en los tres estados, muy probablemente los tres personajes referidos habrían librado las acusaciones.
Durante la administración peñista han surgido otros escándalos que han impactado de lleno a la Presidencia de la República. La Casa Blanca, OHL y más recientemente la obra del Paso Exprés en Morelos. Un hecho, también reciente, que refleja el descuido y la ausencia de controles por parte de la cabeza del Estado mexicano es el que involucra al cantante popular Julión Álvarez. De acuerdo con los comentarios vertidos por el propio presidente y los videos que hasta hace poco se encontraban disponibles en la página oficial del gobierno de la República, el chiapaneco se había convertido en una figura cuando menos cercana al primer mandatario, quien llegó a considerarlo como un ejemplo para toda la juventud mexicana. Hace unos días, Álvarez fue sancionado junto al futbolista Rafael Márquez por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de detectar vínculos de ambas celebridades con el presunto narcotraficante, Raúl Flores Hernández. La Procuraduría General de la República conocía de estas investigaciones, pero sorprendentemente nada hizo para, por lo menos, evitar el acercamiento de Julión con Peña Nieto. Para completar el cuadro están las revelaciones que apuntan a que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habría recibido millones de dólares, una parte de los cuales habría terminado en la campaña presidencial, a cambio de otorgar contratos a la empresa brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina y que salpica a una docena de gobiernos de la región.
Hay voces que aseguran que el mejor antídoto para investigar y castigar la corrupción es la alternancia. Sin embargo, hay indicios para pensar que esto no es necesariamente cierto en todos los casos. En principio porque la corrupción no es un fenómeno exclusivo de un partido político. Prácticamente ningún instituto está exento de algún caso, aunque ciertamente hay quienes acumulan más expedientes y más gruesos. Además, mucho tiene que ver que hasta ahora no se han construido los mecanismos adecuados para prevenir la corrupción, un mal en el que participan también agentes de la iniciativa privada y la sociedad civil. Pero en el caso de los partidos, la situación raya en el cinismo. Hace una semana se dio a conocer que el INE detectó que los institutos políticos ocultaron 25 centavos de cada peso que gastaron en las elecciones del 4 de junio pasado. Con todo y eso, los partidos recibirán en 2018 una cantidad récord de recursos públicos, a los que habrá que sumar los procedentes de manos privadas, difíciles de fiscalizar por el INE y que se entregan a cambio del famoso pago de favores.
En este contexto, está en proceso de aplicación en todo el país el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual si bien representa para muchos un buen comienzo, presenta aspectos cuestionables que ponen en duda su efectividad. El más sobresaliente de todos es que tanto el fiscal general como el fiscal anticorrupción estarán subordinados al titular del Poder Ejecutivo, un vínculo que obstaculiza la independencia de las investigaciones. Lo deseable sería que ambas fiscalías fueran autónomas, pero no sólo del gobierno sino también de los poderes fácticos. Porque dejar a tan importantes instituciones a merced de la capacidad corruptora de agentes económicos que buscan la obtención de mayores beneficios por encima de cualquier escrúpulo ético sería igual o quizá más tóxico que la subordinación política. Pero más allá de estas consideraciones, lo importante es empezar por reconocer que estamos frente a un problema de grandes dimensiones y profundas raíces que tocan no sólo al régimen político sino también al sistema económico nacional y a buena parte de la sociedad en su conjunto. Hay que ver de frente al eclipse con las herramientas adecuadas para entenderlo y a partir de ahí construir las salidas pertinentes.
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