Verdades y Rumores
No cabe duda que, en la era de las "fake news", en política cada quien interpreta la realidad como más le conviene. O diría el magnate belicista Donald Trump, existen "hechos alternativos". Y esto precisamente es lo que parece estar ocurriendo con el PRI y el PAN en Coahuila y su agarrón que se traen por la elección del pasado 4 de junio que ahora está en los tribunales. La manzana de la discordia en estos días sigue siendo el famoso dictamen del INE que establece que los dos excandidatos punteros, Guillermo Anaya y Miguel Riquelme, rebasaron los topes de gastos de campaña, el segundo más que el primero. Y es que esta semana el Diario Oficial de la Federación publicó por fin los cambios realizados al reglamento de Fiscalización en el que se basaron para hacer los cálculos de lo gastado por tirios y troyanos en la campaña.
Para el PRI, que por cierto el miércoles se reunió en Saltillo para discutir sus estatutos y principios previo a la Asamblea Nacional en un acto en el que sólo fueron invitados los cercanos al régimen moreirista que cada vez se agazapa más, la publicación es tardía y comprueba que el INE incurrió en una irregularidad al dictaminar el rebase de topes de campaña con unas reglas "espurias". Con esto, el argumento de la oposición para empujar en los tribunales la anulación bajo la causal del rebase del tope por más de 5 por ciento en una elección con una diferencia menor al mismo porcentaje entre el primero y segundo lugar, se caería por completo. Pero mientras los priistas encabezados por el pastor nacional Enrique Ochoa echaban las campanas al vuelo, el tremendo Trife publicó un reporte en el que afirmaba que la forma de fiscalizar los recursos por parte del INE había sido la correcta, cosa que luego algunos de los consejeros del vapuleado instituto recogieron para apuntar que todos los partidos habían aprobado las nuevas formas de fiscalización, por lo que estaban enterados de las mismas y que, según los procedimientos del Consejo Electoral, no era necesaria la publicación en el Diario Oficial para que las medidas entraran en vigor. Incluso, dicen, existe un acuerdo en el que se establece que los cambios sólo se publicarán una vez que el INE resuelva las quejas por los resultados de la fiscalización, lo ya cual ocurrió. Ni tardos ni perezosos, los panistas encabezados por el pastor nacional Ricardo Anaya levantaron las manos en ánimo de triunfo asegurando que, ahora sí, la anulación es inminente, ya que, según ellos, el Trife tendrá que avalar el dictamen del INE y consumar la causal de nulidad. Pero las cosas nunca son tan sencillas, y mucho menos en el derecho electoral, que es un verdadero dolor de cabeza, incluso para los juristas.
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Los subagentes disfrazados de malletes dicen que en esta telenovela hay dos rutas, una corta y una larga, y que, más que lo legal, lo que terminará por decidir el fallo de los magistrados será lo político. Dicen que la primera ruta consiste en que el Trife se decante por avalar el dictamen del INE que configura la causal del rebase de topes de campaña. El siguiente paso sería que los anayistas tomaran esta resolución y la presentaran ante el Tribunal Estatal para solicitar la anulación. Independientemente de lo que aquí resuelvan, el caso volvería al Trife, quien tendría que confirmar que efectivamente la elección debe repetirse, evitándose la fatiga de entrar a revisar los otros 13 argumentos presentados por el PAN en su impugnación. Dicen los amantes de las confabulaciones que esta salida sería la de menor costo político, ya que los magistrados dejarían la carga de la culpa en el candidato que rebasó el tope en más del 5 %, lo cual significaría ir a una elección extraordinaria con nuevo rostro en la candidatura priista y ya. La segunda ruta es más sinuosa y consistiría en modificar el dictamen del INE atendiendo a la queja del PRI, con lo que pudiera don Miguel salvar el obstáculo del rebase de tope de campañas. Si así fuera, el PAN apelaría a sus otros 13 argumentos y los tribunales tendrían qué revisar uno por uno para descartarlos y validar, o no, el triunfo de Riquelme, cosa que pudiera alargarse hasta el 30 de noviembre. De cualquier forma, no se espera que todo este embrollo se resuelva antes de septiembre. Habrá que sentarse a esperar.
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En Torreón continúan saltando los nombre de quienes conformarán el gabinete del próximo alcalde Jorge Zermeño. Nuestros subagentes ya le habían adelantado que para la Secretaría de Ayuntamiento suena el actual regidor y líder de la bancada panista en el Cabildo, Sergio Lara. Pues ahora han surgido nuevos perfiles para ocupar otros cargos clave en la administración. Por ejemplo, para la emproblemada Tesorería Municipal se escucha fuerte el nombre de Hernán Sirgo, quien ya se desempeñó en ese puesto durante la primera administración de Zermeño, a fines del siglo pasado, y que tendrá la dura tarea de poner orden en el galimatías que, dicen, dejará Enrique Mota. Para la hoy controvertida Dirección de Obras Privadas -perdón, Públicas-, se menciona el nombre de Tomás Galván, uno de los ipecos que recientemente fue seducido por la política para integrarse a las labores funcionariales. Hay que recordar que don Tomás fue dirigente de los constructores laguneros antes de ser nombrado director de Planeación de Gómez Palacio y posteriormente delegado de la Secretaría de Obras Públicas de Durango en la Comarca. Galván enfrentaría el reto de concluir todo lo que Gerardo Berlanga, actual director, dejará en el escritorio o en obra negra. Para el Simas, otra área bastante polémica, hoy en manos de Xavier Herrera, prácticamente ya está amarrado Juan José Gómez, quien al igual que Sirgo ya ocupó el cargo en la pasada gestión de don Jorge. Es decir que, por lo pronto, no hay caras nuevas.
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La llegada del nuevo Mando Especial de La Laguna ha movido el tapete a varios de los ipecos integrados en las mesas de Seguridad Pública regional. Y es que el general Arturo Coronel Flores llegó esta semana a la región y de entrada mandó el mensaje de que antes de hablar con alguien y discutir cualquier asunto relacionado con el patrullaje, la estrategia y la vigilancia, iba a empaparse de la realidad regional y a revisar todo lo dejado por su antecesor. Incluso, dijo también que no concedería entrevistas a los medios y que cualquier asunto de relevancia sería tratado a través de un comunicado de prensa. Este cambio de estilo sorprendió a los presidentes de los Consejos de Seguridad Pública de Torreón y Gómez Palacio, José Luis Flores y Alberto Abdo, respectivamente, quienes ya se habían acostumbrado al estilo dicharachero y más relajado del general Juan Manuel Díaz Organitos, quien además gustaba de los reflectores mediáticos. Ojalá que estos cambios de forma impliquen modificaciones para bien en el fondo y que no se vaya a transitar a un ejercicio del mando cerrado, de espaldas a la sociedad. Aquí conviene aplicar la máxima "ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no le alumbre".
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Como una verdadera tomadura de pelo percibió buena parte del respetable el anuncio de la Comisión Nacional del Agua sobre un supuesto desfogue del agua de las presas por el cauce del río Nazas, a partir del cual las unidades de Protección Civil de los municipios desplegaron sus escasos recursos materiales y humanos para tomar las previsiones necesarias a fin de atender una avenida que no se dio en las condiciones que se había establecido. Y es que una vez que la dependencia federal aseguró que el agua correría por el lecho seco, en Gómez Palacio se iniciaron operativos de información casi de manera desperada en más de dos mil viviendas de colonias y comunidades más cercanas a las márgenes del río, con el fin de que la población estuviera al tanto y reportara cualquier contingencia. Obviamente el temor se apoderó de aquellos ciudadanos que viven en zonas vulnerables. Pero de todo esto, llama la atención el hecho de que la Conagua no haya invitado a representantes del gobierno de Durango a la reunión en la cual hizo el anuncio de la avenida fallida, y que dicha reunión haya sido encabezada únicamente por el secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora, quien por cierto llegó media hora después, a pesar de que el tema involucra a los dos gobiernos estatales. Lo peor del caso, es que la dependencia federal hizo circular las invitaciones a los alcaldes de la región en el mismo momento de la reunión, un detalle que para algunos fue considerado como una especie de broma y una grave omisión por parte del director regional, Ricardo Álvarez. Los amantes del sospechosismo han dado rienda suelta a sus versiones que apuntan a que detrás de la decisión de soltar agua en momentos que parece no ser necesario está un posible negocio con la venta del líquido a los productores, sobre todo a los del sector social, con las consabidas "comisiones" a las autoridades responsables. ¿Será?
