En los últimos 10 días se dieron a conocer cifras oficiales que confirman el nuevo repunte de la violencia, particularmente de los homicidios dolosos en México; primero fueron los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que indican que el primer semestre de este año ha sido el más cruento desde 1990 (cuando inicia el recuento del INEGI) y la semana pasada, el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con los datos preliminares de los homicidios dolosos en 2016 que llegaron a 23,953, 15.3% más que en el año previo.
Hasta el momento, 2011 había sido el peor año desde que en diciembre del 2006 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al crimen organizado y, al menos, con las estadísticas del SESNSP el primer semestre de este año supera en 16% las cifras homicidios de dicho año, con lo cual, de mantenerse la tendencia, este año se superarán los 31 mil homicidios, lo cual lo marcaría como el peor año en los últimos dos sexenios.
De confirmarse estos números, en diciembre de 2017, cuando todavía falten 11 meses para el final del actual sexenio, prácticamente se habrá alcanzado la misma cifra de todo el sexenio anterior, que fue de 120 mil 341 homicidios dolosos, por lo cual es prácticamente un hecho que el actual gobierno superará las cifras de su antecesor.
Las cifras de los homicidios se mantienen altos en el Estado de México y Guerrero, que han sido los más violentos en los últimos años; pero además muestran un repunte significativo en entidades, donde se consideraba que se había controlado la violencia, como en Chihuahua y Baja California, que se presentaban como ejemplo a seguir.
En la historia reciente se han tenido los siguientes puntos de inflexión: en 1993, cuando empezaron a descender tras haber alcanzado 16,594 homicidios dolosos en 1992 y una tasa por cada cien mil habitantes de 19.69 para llegar en 2007 a 8,867 y una tasa de 8.23; pero de allí empezó el repunte que llevó al país a los 27,213 asesinatos en 2011 y una tasa de 23.88; en 2012 se revirtió la tendencia y el punto más bajo fue en el 2014, con 20,010 crímenes y una tasa de poco más de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Abril del 2015 fue el siguiente punto de inflexión y desde entonces el crecimiento es continuo, hasta llegar a este récord histórico en el primer semestre de este año. De acuerdo con las cifras preliminares del INEGI, en el 2016 se llegó a una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, más de dos veces la que se tuvo en el 2007, cuando se alcanzó el récord inferior. Y de continuar las tendencias para el 2017 se superarán los 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, tres veces que en el 2007.
Las cifras muestran el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad de los últimos dos gobiernos, que pese a todas las declaraciones oficiales se han centrado en el combate frontal al crimen organizado, privilegiando el uso de la fuerza pública como su principal arma. Con un rol preponderante del Ejército y la Marina y una creciente militarización de los mandos policiacos en todas las entidades del país, tanto a nivel de los gobiernos estatales como municipales.
Los gobiernos no han sido capaces de solucionar las causas estructurales de esta crisis y, por lo mismo, la disminución de la incidencia delictiva (cuando llega a presentarse, como en los casos ya señalados de Baja California y Chihuahua e inclusive el país) no es duradera.
Para lograr una solución perdurable, se requiere en primera instancia la existencia de policías (estatales de preferencia) confiables, eficaces y eficientes y eso pasa por la creación de nuevas corporaciones, como se hizo en su momento en Nuevo León y, posteriormente, en otros estados, sin embargo, el esfuerzo tiene que ser sostenido y no contentarse con los primeros resultados favorables y olvidar las prácticas y criterios que permitieron dicho éxito. Para ello se tienen que tener policías bien preparadas y equipadas, además de bien remuneradas y con prestaciones adicionales que resulten acordes a los riesgos que corren.
Pero no basta con ello, hay que emprender el combate a las causas socioeconómicas y urbanas que propician la alta incidencia delictiva, lo cual implica programas incluso municipales de regeneración urbana y construcción de espacios culturales, recreativos y deportivos, así como, buen equipamiento urbano que den vida a barrios dignos. Pero también una política social y económica que permita abatir los niveles de pobreza y desigualdad existentes en México, al mismo tiempo que se implementan programas de combate a las adicciones y atención a la juventud que les permitan aspirar a un mejor futuro.
La acción policiaca, única a la que se ha recurrido hasta el momento, permitirá abatir la incidencia delictiva temporalmente (como ocurrió de 2012 a 2014), pero sí no se acompaña de programas que atiendan las causas estructurales, el éxito será efímero, como es evidente en estos momentos. Lo peor es que, como siempre, las recaídas son peores, así que todo indica que en este año la incidencia delictiva será mayor que en todos los años anteriores, pues los homicidios vienen acompañados de más secuestros, extorsiones y robos con violencia. La tregua terminó y para revertir la tendencia se requiere mucho más de lo que se ha hecho hasta hoy.
