Hugo Chávez nunca violaba la ley; si alguna ley le incomodaba, buscaba cambiarla a su gusto. Pero evitaba por todos los medios caer en la ilegalidad. Siguiendo su ejemplo, Nicolás Maduro pretende ahora elevar esta receta a rango constitucional. La Asamblea Constituyente a la que ha convocado este domingo le otorgará poderes autocráticos, anulará de facto cualquier forma de oposición y pondrá punto final a una de las democracias más antiguas de América.
Para que el ejercicio de Maduro tenga algún viso de legitimidad deberá, cuando menos, superar los 7 y medio millones de votos que obtuvo la consulta convocada por la oposición para rechazar este intento de golpe por la vía constitucional. De otra manera, las fuerzas opositoras podrán afirmar que su visión prevalece sobre la del gobierno y la nueva Carta Magna nacerá muerta.
La intención abierta de Maduro es gobernar Venezuela sin restricción alguna. Pretende establecer una dictadura sustentada en una nueva constitución redactada a modo. En caso de lograr este propósito podrá reprimir cualquier voz disidente con la nueva ley en la mano.
La tragedia para la oposición se magnifica porque ya no tiene prácticamente cartas que poner sobre la mesa. Han intentado la resistencia en las calles, consultas populares y hasta obtuvieron mayoría en el Congreso nacional. Rechazarán sin duda la constituyente, pero difícilmente detendrán el proceso en marcha. Quedarán orillados a desconocer al gobierno bolivariano y enfrentar la fuerza del Estado con la fuerza de los ciudadanos. Lamentablemente, se perfila un escenario de guerra civil.
¿Existe alguna salida pacífica a esta situación? En el plano interno, la respuesta es negativa: Maduro no cederá en su propósito de construir un régimen autocrático, ni la oposición se quedará cruzada de brazos frente a un gobierno dictatorial.
Las únicas claves posibles pueden venir del exterior. La comunidad internacional podría aplicar una batería de sanciones financieras y comerciales que impacten directamente al régimen de Maduro, así como al patrimonio y la tranquilidad de su círculo más cercano. Cancelar créditos, impedir la adquisición de refacciones para la industria petrolera y dejar de comprar petróleo venezolano en el mercado mundial podría persuadir al heredero de Chávez a cambiar el curso de sus acciones. Siempre existe el riesgo cuando se aplica este tipo de sanciones, que la élite política siga viviendo tan campante, mientras la gente en la calle paga el costo de la escasez y el desabasto. Tampoco falta el país que viole el acuerdo general, buscando alguna rentabilidad política o económica, como sucedió en los años en que se aplicaron sanciones en contra del régimen racista de Sudáfrica.
La otra llave en la ecuación podría estar en Cuba. El gobierno de La Habana es probablemente el que influye de manera más contundente en el comportamiento de Nicolás Maduro. La duda central estriba en saber si a Cuba pudiera interesarle persuadir al gobierno venezolano para que modifique su conducta o, por el contrario, si ven con simpatía que Maduro se consolide en el poder. Actores centrales del hemisferio, como al parecer lo hizo ya el presidente de Colombia, tendrían que negociar beneficios para La Habana, suficientemente atractivos como para activarlos frente a Caracas. El paquete de ofrecimientos cubanos podría incluir unas vacaciones prolongadas en la isla para Maduro, en caso de que el conflicto se apodere de las calles venezolanas.
En realidad, ninguna de estas opciones es idónea ni completa. De momento, la única vía a la mano consiste en que este domingo fracase rotundamente el llamado a la Asamblea Constituyente.
