Las dos semanas previas, señalamos que la principal estrategia para cuidar el capital natural a nivel mundial y nacional es la creación de áreas naturales protegidas, y que uno de los grandes problemas enfrentados para conservarlo es el uso irregular que realizan los propietarios, usufructuarios o concesionarios de los recursos naturales en los terrenos sujetos a un estatus de protección.
Al respecto comentamos lo que sucede en dos áreas naturales protegidas de la región, la Reserva de la Biosfera Mapimí y el Parque Estatal Cañón de Fernández; la primera administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo federal que ha contenido las principales amenazas que atentan contra el capital natural, turismo sin control, pastoreo irregular de ganado y caza furtiva; mientras que en el segundo, administrado por la asociación civil ProdeNazas, no ha sido posible detener los cambios de uso de suelo que los concesionarios han hecho en la ribera del Nazas, el turismo no regulado de visitantes foráneos y algunas prácticas productivas inadecuadas.
Otra área natural protegida en la región es la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, administrada actualmente por la asociación civil Fundación Jimulco (64,000 ha) declarada en 2003, donde también se enfrentan amenazas que afectan el capital natural ahí albergado destacando el interés por realizar aprovechamientos mineros que provocarán cambios de uso de suelo y alterarán el hábitat, principalmente en la sierra de Jimulco donde se concentran los mayores valores biológicos, actividad promovida por empresarios asociados a algunos propietarios de los terrenos.
Jimulco ha sido motivo de controversias en las cuales se han visto involucrados diversos actores locales, donde tal parece que aún persisten resabios de la estructura corporativa campesina heredada del viejo régimen, conformada por personas que buscan asumir la interlocución de las comunidades en la gestión y manejo de los recursos públicos que oficinas gubernamentales canalizan a las comunidades rurales, las cuales sin realmente tener la representación de la mayoría de la población o de sólo ejercerla para su beneficio personal, como en la época del Banrural, quedaron acostumbradas a mal usar esos recursos.
Estas personas, con frecuencia vinculadas a políticos locales, también se han convertido en una amenaza para el capital natural porque se asocian a empresarios que pretenden extraer los recursos mineros y de otro tipo sin respetar las regulaciones ambientales.
La minería, actividad importante para la economía nacional es, sin embargo, una de las actividades productivas más devastadoras del hábitat donde se practica; de llevarse a cabo en espacios protegidos tiene un fuerte impacto ambiental y por la forma en que se hace en que las comunidades concesionan sus terrenos a las compañías mineras, trae escasos beneficios sociales a la población que reside en ellas. Por ello es de reconocerse la acertada decisión de Peñoles, uno de los principales corporativos mineros del país, de no comprar terrenos o explotar aquellos que se ubican en áreas naturales protegidas.
La gestión de áreas naturales protegidas es, hoy en día, un gran reto porque implica proteger los ecosistemas y la biodiversidad que conforman el capital natural del país, máxime que México es una de las cinco naciones megadiversas del planeta. Esto, lamentablemente, está fuera de la valoración cultural que tienen algunos políticos y empresarios a quienes sólo les interesa lucrar con nuestros recursos naturales convirtiéndose en exponentes claros del desarrollo no sostenible de nuestra economía y sociedad.
En una visión general de los pocos espacios (las áreas naturales protegidas) que nos quedan a los laguneros donde la naturaleza aún no ha sido alterada significativamente por el hombre, observamos que persisten personas con intereses depredadores a quienes sólo les interesa lucrar con un patrimonio como el que se alberga en esos reservorios naturales, llámese empresario concesionario que finca edificaciones recreativas en la ribera del Nazas o empresario minero que expoliará la sierra de Jimulco, llámese campesino o residente local que se asocia con ellos, llámese político o funcionario público que les permite o hace caso omiso de tales acciones. Son los enemigos del desarrollo sostenible.
Estas personas con mezquinos intereses son quienes han socavado el esfuerzo gubernamental y denostado a los ciudadanos que nos hemos asociado para proteger y conservar el escaso capital natural que aún nos queda en región, crean un discurso que pretende legitimar su proceder e intereses reales que tienen, el cual otros corifeos repiten sin razonar. Es necesario que los laguneros los identifiquemos y denunciemos.
En La Laguna se observan las enormes dificultades que representa asumir y cumplir el reto de gestionar las áreas naturales protegidas que albergan el importante capital natural como un requisito ineludible para orientar el desarrollo de nuestra región hacia la sostenibilidad, tanto para los servidores públicos de las oficinas gubernamentales del sector ambiental que quieren cumplir con las funciones que les son asignadas por la legislación, para los ciudadanos que creemos en la conservación de la naturaleza y, desde luego, de los propietarios de los terrenos y la población que reside en las comunidades ubicadas en ellas que sí quieren su tierra y recursos, y por tanto hacen su propio esfuerzo por cuidarlos.
