Metrópoli fallida

La fallida coordinación metropolitana a nivel municipal y estatal es uno de los fenómenos que evidencian más claramente los peores lastres y vicios de la política comarcana. Divorcio entre discurso oficial y realidad. Desencuentros que rayan en lo absurdo. Celos jurisdiccionales. Fondos públicos destinados al impacto conurbado que terminan tapando los agujeros presupuestales de los gobiernos estatales. Opacidad, desorden y rezago en la obra pública. Visiones distintas y cortoplacistas en el desarrollo urbano. Reglamentaciones pensadas para el beneficio político-económico y no para facilitar la vida del ciudadano. La insistencia por apuestas fallidas como las secretarías de Desarrollo Regional que sólo engordan a la burocracia. El catálogo es grande.

A escasos meses de que concluyan las administraciones estatal de Coahuila y municipal de Torreón, los síntomas del desinterés y la falta de voluntad para construir acuerdos regionales continúan manifestándose. Y esto es así con todo y que alcaldes y gobernadores dicen siempre velar por un desarrollo integral de toda la Comarca Lagunera y buscar el consenso con todas las autoridades involucradas. Pero mienten. O al menos es lo que podemos deducir cuando revisamos la realidad de los asuntos más importantes en los que debería imperar una visión metropolitana.

Hasta ahora, sólo en el tema de la seguridad pública se observa un mínimo de coordinación. Y esto no ha sido por la capacidad de las autoridades locales o la voluntad de las estatales para ponerse de acuerdo, sino por una decisión tomada en la capital de la República. Cuando el gobierno federal reconoció que el problema de la violencia criminal que había convertido a la región en un campo de batalla debía atenderse con mayor seriedad, los altos índices delictivos comenzaron a bajar. No fueron las policías municipales -en La Laguna de Durango ni existían-, tampoco las estatales -con todo y el dicho del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira: "de la seguridad me encargo yo"-; fue la Federación, particularmente el Ejército, quien contuvo la ola delincuencial que estaba fuera de control.

Pero en este mismo tema, hoy que la situación no es tan grave como hace 4 o 5 años, pero tampoco tan buena como hace 12, se percibe un vacío en las entidades y ayuntamientos en la construcción de políticas públicas de alcance regional que tengan como objetivo construir una paz duradera y disminuir esos caldos de cultivo que hacen latente un resurgimiento de la violencia. Porque los homicidios persisten, al igual que otros delitos de alto impacto. Además, es un secreto a voces que aún operan cárteles en la región y que éstos controlan rutas y espacios en las ciudades.

En este contexto, las autoridades priistas del lado de Coahuila, en un ejercicio de politiquería electorera, amenazaron durante la pasada campaña electoral a la sociedad diciendo que si no ganaba el candidato de su partido, la violencia del narco pudiera regresar. Pero esto en vez de ser un activo para los gobiernos en turno, exhibe sus debilidades y lo endeble que es la tranquilidad aparente que presumen haber construido. Si, suponiendo que alguna vez se fue, el "regreso" del hampa depende de una elección o del color de un partido, quiere decir que las autoridades actuales no hicieron lo suficiente a nivel municipal ni estatal para sentar buenos cimientos para levantar un edificio sólido en materia de seguridad. Tal parece que decidieron conformarse con la percepción temporal.

Pero más allá de este tema, en ningún otro se observan avances esperanzadores. Ni siquiera en lo que se pensó como la obra metropolitana por antonomasia: la ruta del autobús de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), también conocido como Metrobús. En La Laguna de Durango no se han logrado los acuerdos para cuando menos licitar la obra y definir la ruta y las conexiones. En La Laguna de Coahuila, los trabajos de construcción de la ruta troncal en el bulevar Revolución ya están en marcha, pero con una desorganización evidente que se traduce en la apertura de nuevos frentes de obra sin haber terminado los primeros, lo cual ha causado malestar justificado entre transeúntes, conductores y comerciantes.

La semana pasada, la Cámara de Comercio denunció que, contrario a lo que dice el director de Obras Públicas del Municipio, Gerardo Berlanga, no cuentan con el cronograma de los trabajos, porque lo han solicitado y no ha sido entregado y/o publicado. Además, tampoco en La Laguna de Coahuila se ha llegado a un acuerdo con los transportistas para definir el modelo de negocio para la ruta troncal, lo cual mantiene detenida la decisión sobre la tarifa que se piensa cobrar a los usuarios, uno de los aspectos más importantes del proyecto. Pero las autoridades estatales y municipales ya anunciaron que endosarán la obra y sus detalles a las administraciones entrantes.

En suma, el Metrobús hoy es un proyecto en ciernes con desordenados avances en Torreón y Matamoros, rezagos importantes en Gómez Palacio y Lerdo, y falta de definiciones como el tema de la compra de las nuevas unidades, la organización de las rutas alimentadoras y el costo del pasaje. En el mejor de los casos, el BRT comenzará a funcionar en 2018 sólo en la parte de Coahuila. Pero eso está aún por verse. Gran parte del problema se debe a que la Federación dejó a los estados ejecutar los recursos de una obra que evidentemente los rebasa en su capacidad de operación y consenso. Los gobiernos estatales, más atentos a sus propias agendas políticas que a los problemas de la sociedad, hicieron lo que quisieron con el proyecto.

Frente al problema del Metrobús y la seguridad, la disparidad en los reglamentos de los municipios conurbados pudiera parecer pecata minuta. Los pocos avances que se tuvieron en 2013 en este aspecto se perdieron una vez que las administraciones del lado de Durango cambiaron. Vialidad y alcoholes son las dos normativas que generen más controversia, y en ninguna de ellas hay acuerdo. Sin importar la dinámica de integración regional que existen en lo social y lo económico en La Laguna, los ayuntamientos y estados tienen reglas distintas en cuanto a la movilidad urbana y la operación de los establecimientos en donde se vende o consume alcohol. Nuevamente sus propias agendas se imponen sobre las necesidades de la sociedad o lo que sería mejor para ésta.

Lo mismo pasa con medio ambiente, manejo de agua, desarrollo urbano y hasta en aspectos tan obvios como la imagen de un puente que une a las dos ciudades principales de la región. El puente Falcón-Herrera, que luego de años fue abierto a la circulación aún con faltantes en equipamiento urbano del lado de Durango, se ha convertido en el símbolo del desastre que es la coordinación metropolitana en La Laguna. Del lado de Gómez Palacio la valla de protección del puente permanece pintada de rojo, mientras que del lado de Torreón es amarilla. A ese nivel de ridiculez llega la falta de acuerdos y comunicación.

Para superar este vergonzoso estado, la región tiene dos vías: o la Federación asume el papel rector de las principales decisiones de carácter metropolitano, o la ciudadanía reclama de una vez por todas su papel soberano y mandante para empujar a sus autoridades locales a asumir los acuerdos que se necesitan para que esta región sea más próspera, ordenada, integrada y equitativa. También una salida intermedia puede ser viable, con obras ejecutadas por el gobierno federal y decisiones tomadas por un consejo ciudadano metropolitano respaldado por un instituto de planeación con el mismo nivel de acción.

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