En la agenda del desarrollo de países como México, los problemas ambientales siguen siendo un gran reto a enfrentar, reflejo de lo anterior es que una gran parte de las políticas públicas en esta materia siguen siendo reactivas y no preventivas. Al respecto, si bien se observa una atención gubernamental insuficiente, sea por falta de recursos, desconocimiento de las causas que los provocan, omisión o complicidad, esto no puede asumirse solo como responsabilidad del gobierno, nos compete a la sociedad en su conjunto.
Un ejemplo de lo anterior lo constituye la gestión de áreas naturales protegidas (ANP) cuya extensión equivale a la octava parte de la superficie terrestre y la cuarta del mar territorial nacional. De ese territorio el 84 % es de categoría federal y son administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 13 % son de categoría estatal y el resto es de categoría municipal, áreas destinadas voluntariamente a la conservación y reservas privadas, administradas por gobiernos locales, organismos civiles y los propios dueños de los terrenos.
Las ANP son aquellos espacios geográficos que albergan ecosistemas representativos de una región donde la naturaleza no ha sido alterada significativamente por la presencia humana, la mayoría de ellas se ubica en terrenos de propiedad social donde viven 2.6 millones de habitantes de los cuales 1.4 es población rural equivalente al 6 % del total de esta población a nivel nacional.
Administrar estas ANP ha constituido un gran reto para los organismos oficiales y civiles, puesto que presentan problemáticas diversas en función de su categoría, extensión, ubicación, características ambientales y sociales, tipo de actores involucrados en su gestión (sean propietarios o usuarios de los recursos existentes en ellas, o reguladores de ese uso) y el grado de intervención externa que se realice en ellas.
Las ANP federales comúnmente presentan una mayor extensión que las de otras categorías, se ubican en todo el territorio y la superficie marina nacional, presentan características ambientales donde destaca, además de albergar ecosistemas representativos de la zona o región donde se localizan, presencia y distribución de especies que denotan mayor abundancia y/o diversidad biológica, la presencia de un sitio o especie emblemática. Es frecuente que las demás categorías de ANP tengan estos o menores atributos que las federales, pero por ello no dejan de ser importantes.
La mayor parte de estos terrenos es propiedad de ejidos o comunidades rurales, sólo en las ANP federales el 60 % es de este tipo, lo que implica que su gestión se base en marcos normativos que si bien son complementarios involucra actores de diversa índole y nivel de toma de decisiones, se asocie o mezcle con las problemáticas agrarias, los rezagos sociales y el manejo político que presentan estos núcleos poblacionales.
En un ANP federal la gestión es realizada por la Conanp, un organismo público federal descentralizado en el que la toma de decisiones se hace a nivel central, desde la contratación del personal profesional y técnico (guardabosques) o administrativo, cuenta con mayores recursos para el equipamiento, infraestructura y fondos de proyectos que se aplican en la conservación de su capital natural. Presentan mayor resiliencia a las amenazas que surgen y enfrentan estos espacios protegidos, aunque se basan en un modelo (administración y consejo asesor por área) que si bien abre espacios de participación a otros actores institucionales y ciudadanos, limita la de las comunidades en su gestión.
Su administración oficial como organismo federal le permite una mayor coordinación con otras entidades gubernamentales de este nivel y los locales, a la vez de tener más capacidad de regular las actividades de aquellos actores que usen o pretendan usar los recursos naturales que albergan estos espacios protegidos, sean empresarios externos al ANP o de los propios propietarios de los terrenos que buscan lucrar con ellos. Y son esos intereses lo que comúnmente se convierten en la principal amenaza al capital natural ahí existente.
En las ANP federales y, desde luego en las demás categorías sujetas a administraciones locales o de organismos ciudadanos, aplicar las regulaciones que posibiliten un aprovechamiento sostenible de esos recursos naturales es un gran reto porque puede predominar la ambición de esos usuarios o propietarios sobre el interés por conservar la naturaleza. Peor ocurre cuando las entidades oficiales que paralelamente a los organismos gestores de las ANP inciden en ellas permiten el saqueo de su riqueza natural.
Sin embargo, hoy en día aquellos políticos o funcionarios que se asocian con los depredadores de los recursos naturales no sólo actúan contra la naturaleza y la propia historia de la sociedad en la que viven y representan, también contra su propio futuro y aspiraciones personales y políticas. Ya es prácticamente imposible esconder esos intereses y, por el contrario, necesario develarlos para que se les conozca.
