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Verdades y Rumores

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EL AGENTE 007

Como parte del saldo de la guerra sucia electoral, dicen que hay nerviosismo en el emporio familiar del director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga Gotés. Como recordará usted, memorioso lector, durante las campañas los principales partidos contendientes, PRI y PAN, se dieron con todo y entre los trapos que los blanquiazules sacaron a relucir están los relacionados con las empresas de la familia de don Gerardo que, según los acusadores, han sido beneficiadas al amparo de la función pública. Pero estos señalamientos no se quedaron ahí y fueron integrados en una denuncia presentada ante las autoridades correspondientes por varios supuestos delitos, pero con el fin de golpear al excandidato priista y ahora gober electo, Miguel Riquelme. Nuestros subagentes disfrazados de escuadras y estilógrafos nos comentan que desde que se dio a conocer la truculenta información, el jefazo de una de las firmas se esfumó con rumbo a los Estados Unidos y que prácticamente desde allá opera la compañía.

Dicen que sólo de vez en vez se asoma a este lado de la frontera para revisar los asuntos pero que parece que prefiere hacerlo de lejitos, no vaya a ser. Y es que, según dicen, las denuncias siguen su curso de forma paralela a la demanda de impugnación de la elección y que todo está en el tenor de la advertencia que hizo el excandidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya, de que se iba a convertir en la peor pesadilla de don Miguel y sus aliados.

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Y ya que hablamos de la impugnación, se comenta entre los conocedores de los entuertos postelectorales que los panistas, comandados por Ricardo Anaya, han desplegado toda una estrategia para ganar en el discurso y la opinión pública el pleito que se sigue en los tribunales en pos de que se anule la elección del pasado 4 de junio. El plan, según cuentan, es aprovechar cuanto testimonio, informe, documento o indicio sea posible para abonar a la construcción de la idea de que en Coahuila se operó el “fraude del siglo” y que la mente maestra fue nada más y nada menos que el gober Rubén Moreira. Y es precisamente lo que ocurrió el lunes pasado, cuando en el Consejo del INE se presentó para su análisis un informe en el que se indica que el 23 por ciento de los paquetes electorales fueron trasladados de forma distinta al método acordado previamente. Este hecho fue utilizado por el PAN para señalar que el propio instituto estaba reconociendo irregularidades en ese porcentaje de paquetes, lo cual fue interpretado por varios como una causal para anular la elección. No obstante, en el mismo informe no se establece de manera expresa que haya habido anomalías en el traslado, ya que la ley contempla métodos alternativos de recolección de paquetes cuando no es posible llevarlo a cabo conforme a lo dispuesto previamente. Sin embargo, bien dicen que el diablo está en los detalles. Los panistas dicen que tienen las pruebas suficientes que demuestran que parte del “chanchullo” se dio precisamente en el traslado “alternativo” de los paquetes, cosa que tendrá que demostrar mañana que se discuta el punto en la sesión del Consejo del INE. Incluso cuentan que el caso de la empleada de la Presidencia Municipal de Torreón que fue sorprendida como capacitadora del INE transportando paquetes presuntamente abiertos en un vehículo particular, no es el único. A propósito de este caso, dicen que la funcionaria de referencia debe tener un padrino muy poderoso o su labor debe ser altamente necesaria ya que ella había sido vetada en Durango como funcionaria electoral y, a pesar de ello, fue autorizada para operar en Coahuila. Volviendo al punto de la estrategia, al PAN de Anaya le interesa sobremanera que el INE se pronuncie también sobre los gastos de campaña y que tome en cuenta sus pruebas de que don Miguel rebasó el tope, ya que es la principal causa de nulidad que están alegando en su recurso de impugnación. Al final, todo esto no son más que pruebas que deberán ser desahogadas y analizadas en el tremendo Tribunal Electoral.

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Cuentan que el que anda que no lo calienta ni el sol es el alcalde de Matamoros, Raúl Onofre, y esto se debe a la falta de respuesta en la pasada elección, pues su gente se le volteó a la hora de la hora. En radio pasillo se escucha la especie de que hasta los mismos militantes priistas le dieron la espalda y que las traiciones entre los que mueven el partido estuvieron a la orden del día. Nuestros subagentes disfrazados de matracas tricolores cuentan que don Raúl aseguraba a sus jefes de Saltillo que tenía todo dominado gracias a los programas sociales para lograr sin problema la curul para su esposa en el distrito que abarca la zona rural de Torreón, Matamoros, Viesca y Madero. Pero, según dicen, de no ser por la chamba que hizo la estructura priista de Madero y Viesca, bien aceitada por los alcaldes David Flores Lavenant y Marcelo Quirino, doña Graciela se hubiera quedado fuera del Congreso, porque en la parte del distrito que le toca a Torreón, ni siquiera la conocen. Cuentan que desde que se soltó el rumor de que la cónyuge del edil matamorense sería la candidata a una diputación, no fueron pocos los que pegaron el grito en el cielo dentro del tricolor, lo cual parece lógico ya que los bonos de la familia Onofre han bajado significativamente entre los matamorenses porque don Raúl tiene varios pendientes con sus gobernados. A lo anterior hay que sumar que los Onofre ya llevan rato viviendo del erario, brincando de la alcaldía a la curul y, en el caso de la doña Graciela, de la nómina estatal del magisterio a la curul. El chiste es que, debido a las dificultades que tuvo en su tierra, dicen que el alcalde no busca quién se la hizo, sino quién se la pague y anda “ajusticiando” a varios con los programas sociales, para lo cual carga una lista negra para eliminar de cualquier apoyo a los que no votaron o votaron por el equipo de enfrente. Es más, dicen que ha llegado al grado de recortar obras como la pavimentación en los sectores donde viven los “ingratos”, y que esa será la tónica con todo aquel que haya osado cerrarle el ojo a la alianza del PAN-PPC.

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Como reguero de pólvora se extendió ayer entre las asociaciones civiles la noticia de que el H. Departamento Legislativo del gobierno de Coahuila, o sea, el Congreso local, citó de último minuto a los integrantes de la comisión correspondiente para discutir y aprobar ipso facto la iniciativa del gober Rubén para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, esa que tanto la oposición como los organismos dicen que servirá para cubrir las espaldas a los actuales integrantes de la administración provincial. Dicen que la tirada es que hoy mismo se presente el dictamen en el pleno del Congreso a puerta cerrada y que sea avalado por la aplastante mayoría priista. Por ello, se espera que las organizaciones ciudadanas se manifiesten afuera del recinto legislativo en protesta por lo que consideran un auténtico madruguete. A ver cómo se pone.

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A partir de la detención de Rafael Herrera Piedra, quien fuera asesor estrella y operador político de su primo el exgober Jorge Herrera Caldera, junto con las denuncias que se presentaron en contra de exfuncionarios que incurrieron en daños al patrimonio estatal, la vox populi se pregunta del otro lado del río cuándo harán lo propio los ayuntamientos de Durango y Gómez Palacio, pues es un secreto a voces incluso de quienes trabajaron en esas administraciones, la forma en la que hicieron fortuna unos cuantos con la complacencia de quienes fueron alcaldes. Uno de ellos, dicen, fue el polémico exdirector de Servicios Públicos de Gómez Palacio, Antonio Chincoya, a quien se le ha señalado como el proveedor consentido en aspectos como el acarreo de pipas de agua y en la renta de los camiones que se empleaban para la recolección de basura, y que gracias a estos y otros privilegios vio crecer su patrimonio considerablemente en los tres años que ocupó dicho cargo. Pero lo más sorprendente es que hay quienes aseguran que Chincoya sigue ocupando un lugar privilegiado como proveedor en la presente administración. Basta con saber que la empresa que él representa es la que se está encargando de elaborar el símbolo de identidad que con piezas de acero, se instala sobre el desnivel 1140 del bulevar Miguel Alemán, la que dicho sea de paso tendrá un costo nada despreciable de dos millones de pesos, según lo dicho por el actual director de Servicios Públicos, Juan Salazar. Para colmo, y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, en ésta también se exhibió un gran desconocimiento de la historia al “confundir” con héroe revolucionario al traidor Victoriano Huerta con Felipe Ángeles. Aunado a que el dichoso símbolo no ha recibido comentarios tan favorables de los mismos ciudadanos.

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