La revelación la semana pasada por parte del prestigioso diario estadounidense The New York Times de un espionaje sistemático contra periodistas y activistas mexicanos que apunta al gobierno de este país como el agente espía, representa un duro golpe para el Ejecutivo federal desde distintas ópticas.
Es legal y legítimo que un gobierno de un Estado democrático, al menos de iure, cuente con un aparato y medios de inteligencia para prevenir e investigar delitos de acto impacto, actividades del crimen organizado o, incluso, grupos terroristas. En este sentido, el fin se encuentra perfectamente justificado por el bien común, es decir, la seguridad de la población.
No obstante, en el caso de México se observa que dicho aparato de inteligencia parece no funcionar adecuadamente para estos fines. Para muestra, un botón. Con todo lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha invertido para disminuir la violencia en las calles y las estrategias aplicadas para enfrentar la inseguridad, mayo pasado fue el mes con más homicidios dolosos desde que se tiene registro. Definitivamente algo no anda bien en las labores de inteligencia aplicada al combate del crimen.
Pero esta percepción de ineficiencia, basada en la realidad, adquiere una dimensión distinta y de mayor preocupación cuando se denuncia que el mismo gobierno cuenta con un aparato y medios para espiar de forma selectiva y sistemática a periodistas y activistas y presumiblemente también a políticos que considera incómodos o que, por su acción o información, ponen el riesgo la estabilidad o continuidad del régimen.
Y el golpe es doblemente duro porque se da en la misma semana en la que el gobierno de la República, a través del canciller Luis Videgaray, pretendía aprovechar la 47 Asamblea General de la OEA, de la que México fue sede, para sacar adelante una resolución sobre la crisis política y social de Venezuela en la que se cuestiona el papel del gobierno de Nicolás Maduro por la falta de respeto a los valores democráticos y a los Derechos Humanos. Al final, la resolución no prosperó.
En medio de esta contradicción y con la denuncia a cuestas, el gobierno de Enrique Peña Nieto reaccionó tarde y mal, primero con una carta al editor del diario neoyorquino, luego con una serie de declaraciones polémicas, a lo menos, del propio presidente. En éstas, el primer mandatario niega que su gobierno espíe, pero a la vez asegura que él mismo se siente espiado para rematar diciendo que debería aplicarse la ley contra aquellos que señalan a su gobierno por el presunto espionaje.
Tras el dislate, la vocería de la Presidencia de la República tuvo que aclarar que de ninguna manera los dichos del titular del Ejecutivo federal sugerían que se fuera a tomar represalias contra las organizaciones o los medios que publicaron la información relacionada con el espionaje. Es el remate de un cuadro en el que se muestra a un gobierno que parece estar fuera de control.
