Verdades y Rumores
Una vez que fue entregada ya la constancia de mayoría de gobernador electo al priista torreonense Miguel Riquelme han comenzado a correr las apuestas sobre quiénes serán los hombres y mujeres fuertes de su gabinete, aunque todavía falta que el tremendo tribunal electoral dicte la última palabra, lo cual va a tardar meses. Los subagentes disfrazados de manteles comentan que durante la comida de festejo que ofreció don Miguel el domingo pasado en la Urbe de Adobe y en las otras actividades del día se pudo apreciar a varios personajes que anduvieron muy pegados a él. Uno de ellos es el gerente de Simas, Xavier Herrera, que por cierto fue de los pocos funcionarios municipales que se dejaron ver cerca del futuro mandamás e incluso se sentó a su lado frente a los priistas que integrarán la próxima legislatura, como para darles un quemón sobre quién es uno de sus hombres de confianza.
Y esto ocurrió a pesar de la desconocida que le dieron a don Xavier en un medio de la capital de la República, en donde sacaron al sol varios trapos sucios relacionados con su presunta riqueza inexplicable, si se toma en cuenta sólo su sueldo de servidor público. La lectura que se ha hecho de ese dardo envenenado dentro del PRI es que se trata del famoso “fuego amigo”, sobre todo de cara a la selección del candidato a la alcaldía de Torreón el año que entra, decisión que ya se ha empezado a sopesar. Otro de los personajes que apareció al lado de gober electo fue José María Fraustro, actual pastor del Congreso local, de quien se dice que pudiera ser uno de las figuras principales en el próximo gobierno. Se habla también del regreso del excontralor municipal Lauro Villarreal, quien funge como secretario de Acción Electoral del PRI y fue asesor de la campaña riquelmista. De quien se dice también que seguro se incorporará al próximo gobierno provincial es Víctor Manuel Rodríguez, actual director de Servicios Administrativos de Torreón, ya que es de todas las confianzas de don Miguel. Las incógnitas hasta ahora son qué va a pasar María Esther Monsiváis, una de las piezas clave del moreirato, que cuando le llegó el agua al cuello con el asunto de las empresas “fantasma”, renunció para terminar operando en la campaña riquelmista. También la duda ronda sobre las figuras de Gerardo Berlanga, director de Obras Públicas, y Javier Lechuga, contralor municipal, ya que en los últimos meses han salido muy raspados por las piedras lanzadas al calor de la contienda electoral. Al que se le vio muy alejado de la escena central el domingo fue a Shamir Fernández, diputado y dirigente municipal del PRI en Torreón, que es visto como uno de los principales responsables del desfonde del tricolor en la Perla de La Laguna, aunque nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con él ya que es el notario de cabecera de don Miguel. Otro que no salió bien librado es el alcalde interino Jorge Luis Morán, a quien dentro del PRI se le señala por haberse acomodado de más en el cargo y mover poco las manos para ayudar a su partido.
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Los que no pierden la esperanza de poder conseguir un hueso en la próxima administración provincial son algunos de los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila bajo la lógica de “agradecimiento por favor recibido”. Y es que en los archivos recientes de la historia política regional existe un antecedente que abre una ventana de esperanza para los consejeros más “aplicados”. Cuentan los subagentes memoriosos que Fernando Castillo Rangel, quien fuera presidente del comité municipal del extinto Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila durante las elecciones a la alcaldía que ganó Miguel Riquelme hace tres años, fue “premiado” con un empleo en la administración pública. Cuentan que don Fernando fue quien firmó la constancia de mayoría del entonces alcalde electo y hoy gobernador electo, y participó en la administración municipal desde el primer día del ayuntamiento. Castillo entró a la nómina municipal el 1 de enero de 2014 en el área de regidores, un puesto que mantuvo durante los tres años que permaneció don Miguel al frente de la Presidencia Municipal, hasta marzo pasado, mes en el que desapareció su nombre de la nómina. Como se recordará, aquella elección local, que Castillo coordinó, se caracterizó por ser muy cerrada, justamente como la de ahora. Coincidencias de la política.
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Los que ya se están preparando para poner piedritas en el camino del futuro gober Riquelme son los diputados panistas y udecistas que serán mayoría en el Congreso local. Y es que, según los agudos observadores de la cosa pública, ahora sí la oposición tendrá con qué hacer ruido y meter en aprietos al gobierno provincial. No se trata de una mera cuestión de números, sino también de los personajes que ocuparán las curules, varios de ellos ya con experiencia en temas legislativos o de fiscalización. Destaca, por ejemplo, Marcelo Torres, que como diputado federal coordinó la bancada panista en San Lázaro y de quien se dice que pudiera ser el jefe de la fracción opositora en la mole neoclásica de Saltillo. No obstante, los subagentes comentan que don Marcelo pudiera salir pronto de la legislatura local para ir en busca del Senado en 2018 o, quien quite, la alcaldía de Torreón. La que regresa a la escena pública es Luz Natalia Virgil, exsíndica de vigilancia en la administración de Eduardo Olmos, tiempo en el cual le hizo la vida de cuadritos al entonces tesorero Pablo Chávez con sus puntuales y punzantes señalamientos. Cuentan que la misión de doña Natalia no será precisamente presentar iniciativas sino revisar con lupa las cuentas públicas del gobierno provincial. Además de ellos estarán Blanca Eppen y Maru Cázares, la primera ya con experiencia legislativa y la segunda con trayectoria en materia de fiscalización al haber sido contralora municipal. Vamos a ver cómo se ponen las cosas, porque de entrada parece que hay buenos bateadores, aunque nunca se descarta la posibilidad de que, como ya ha ocurrido en anteriores legislaturas, terminen cambiándose de camiseta interior aunque conserven la camisola del equipo blanquiazul.
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Y en asuntos del Chiapas del Norte, cuentan que en las últimas semanas arreciaron las manifestaciones y hasta paros de actividades al interior de dependencias de gobierno estatal en La Laguna de Durango, seguidas por una intervención sospechosamente “oportuna” del subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo. Tal es el caso de paro laboral que en días pasados encabezó un grupo de trabajadores administrativos y maestros de la Casa de la Cultura “Ernestina Gamboa” de Gómez Palacio, argumentando no ser tomados en cuenta por el director, Ramón González González, de quien exigieron su salida a la de ya. Otro caso es el de las protestas y manifestaciones del gremio transportista en contra del titular de la oficina en esta región, Raúl Villegas Morales, a quien acusan de todo, hasta del calor. Y la más reciente que se dio en la dirección de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe) en contra del titular, Fernando Álvarez Mireles. Hay algunos malpensados aseguran que todas estas inconformidades son el producto de un show bien montado para que el subsecretario Ramos se pueda lucir y hacer resaltar su intervención en la resolución de conflictos y de este modo, se empiece a proyectar como futuro aspirante a la diputación federal, cuya curul deberá renovarse en la elección del próximo año junto con la senaduría y diputaciones locales. Dicen que todo el respaldo y apoyo a Ramos Carrillo provine de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, quien busca ocupar estas posiciones con gente de su equipo y no permitir que el de los Rebollo acapare ninguno de dichos espacios.
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Ya son cosa de todos los días las quejas en contra del juez primero de Primera Instancia del Ramo Civil en Gómez Palacio, Gerardo Ramírez Juárez, ante cuya situación, dicen los afectados, las autoridades del gobierno de Durango deberían estar más atentas y vigilar de cerca el desempeño de los integrantes del poder judicial. Los subagentes disfrazados de malletes dicen que los señalamientos en contra de este servidor público son por travesuras intencionadas en las sentencias que le corresponde emitir, todo en contubernio con abogados y con el apoyo de una integrante de su familia, quien se desempeña como secretaria técnica en el mismo juzgado. Y es que, curiosamente, desde el “extraño retorno” de Apolonio Betancourt como magistrado del poder judicial duranguense, se han incrementado las inconformidades hacia el desempeño del juez de lo familiar a quien personas afectadas señalan su parcialidad en la aplicación de la justicia, el retraso en la emisión de sentencias para que sus cómplices ganen tiempo y todo tipo de prácticas tóxicas que sólo están contribuyendo a desprestigiar más al ya de por sí desprestigiado poder judicial y a confirmar que los actos de injusticia están a la orden del día. Sólo hay que recordar que en el pasado mes de septiembre, el Consejo Coordinador Obrero Popular solicitó al gobierno estatal intervenir para sancionar la actuación de Ramírez Juárez al conducirse con parcialidad en un caso de la patria potestad de una pequeña de cinco años. A la vez, han sido varias las agrupaciones de abogados de esta región las que han solicitado su destitución.
