Si los procesos electorales de este año fueron y son un ensayo de los comicios del 2018, cuidado, el ejercicio marcó "error". Dar por bueno lo ocurrido y practicarlo otra vez, podría arrastrar al país a una crisis de una dimensión desconocida.
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El primero de julio del año entrante, además de renovar el Ejecutivo y Legislativo Federal, treinta entidades tendrán elecciones concurrentes y en nueve de ellas se jugará la gubernatura. Sólo Baja California y Nayarit no realizarán elecciones locales.
Según versión preliminar del Tribunal Electoral, el número de senadurías, diputaciones federales y locales, alcaldías y gubernaturas en disputa será de 3 mil 347, incluyendo, como dicho, la Presidencia de la República.
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A la complejidad de ese cuadro se agrega un ingrediente del cual aún no se cobra cabal conciencia. Se abrirá la puerta de la reelección a legisladores y alcaldes. Los electos podrán jugar de nuevo una y otra vez. Si ganar o perder cualquier parcela de poder desata pasiones, repetir o semi-eternizarse en ella, mucho más.
En breve, ese domingo de julio, los partidos, los factores y actores de poder formal e informal, así como -apena decirlo- el crimen se jugarán un tramo enorme de la red del poder en la República.
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Esos comicios, desde hoy, afrontan serios problemas.
El brutal repunte de la violencia criminal en el primer cuatrimestre no ha sido explicado. El hecho por sí sólo reviste importancia, pero además porque cobró fuerza en estados donde hubo alternancia o en aquellos -ahí está el Edomex- donde el poder formal estuvo en juego.
El repunte puede responder al desajuste de acuerdos no escritos del crimen con gobiernos anteriores o al propósito de no ver en riesgo los aún vigentes. Empero, también puede responder al afán de advertir al electorado que la alternancia no es garantía de seguridad o, bien, al propósito de sacar raja política del miedo que impone toda violencia.
La flama de la violencia se puede subir o bajar según se administren los recursos en contra de ella. Imaginar que la violencia criminal se regula con base en la necesidad política hablaría de una perversidad imperdonable: la asociación del crimen y la política con propósitos electorales.
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El mazacote legislativo, presumido como reforma político-electoral estructural, exhibió el problema de legislar con apuro sobre las rodillas.
Los órganos electorales locales, particularmente de Coahuila y el Estado de México, mostraron falta de solidez y debilidad frente al gobierno de su entidad. A su vez, el órgano nacional aprovechó la equivocidad de la ley para resbalar su responsabilidad o posibilidad de intervenir en los procesos estatales.
Si en dos de cuatro procesos la autoridad electoral quedó en entredicho, qué será de ella ante el magno concurso del año entrante. Hoy, por lo pronto, los institutos y tribunales electorales carecen de la credibilidad necesaria para depositar en ellos la confianza ciudadana.
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La cobertura periodística de un concurso electoral de la magnitud del que viene es difícil de realizar. En la circunstancia en que hoy se encuentra la prensa, lo será más todavía.
La crisis, la transición y la incertidumbre por la cual transitan los medios impresos, electrónicos y digitales limitan la posibilidad de desplegar y financiar la fuerza de tarea reporteril y editorial necesaria para cubrir profesionalmente el concurso en puerta. En contraste, el uso intensivo pero no siempre debido de las redes sociales, como puede fortalecer a la democracia, puede debilitarla.
La rapidez del flujo y viralización de contenidos sin acreditar a plenitud, ante la lentitud de su confirmación, será otro ingrediente a considerar. La prensa profesional estará frente a un apuro. La no profesional, quizá, ante la ocasión de mejorar su situación a partir del sometimiento.
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Si a la complejidad de ese concurso se suma lo visto este año a lo largo de la precampaña y la campaña, así como antes, durante y después de la jornada electoral, más vale hacer un alto.
Los gobiernos federal y estatales metieron la mano hasta donde pudieron, destacando en su quehacer la compra o coacción del voto o, bien, la inhibición del sufragio cuando escapaba a su control. Los dirigentes, cuadros y precandidatos presidenciales opositores cuando no hicieron gala de soberbia, practicaron una mezquindad propia de caníbales que sólo augura el debilitamiento de su partido, la vulneración de sus propias ambiciones y el apoyo, sin querer, al tricolor. Algunos de los candidatos opositores a las gubernaturas en juego participaron no para ganar, sino para facilitar el triunfo del partido en el poder a cambio de nutritivas migajas. A la oposición no se le ocurrió aliarse en el cuidado y la defensa del voto, un valor común a toda ella. Sólo el gesto en Coahuila fue un alivio.
La subcultura del canje, la cuota y la canonjía se exhibió de cuerpo entero. La formulación de promesas sin sustento o con cargo al endeudamiento floreció. El uso como ariete de los problemas que sufre la gente para golpear al adversario fue simple propaganda, no causa comprometida. El despilfarro de dinero fue increíble. El efecto de integrar por cuotas los órganos electorales exhibió su precio.
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Si los procesos electorales de este año fueron el ensayo de los que vienen, el ejercicio marcó "error" con grado de peligro. Dar por fórmula garantizada el ensayo y aplicarlo el año entrante podría convertir el concurso en una ruleta rusa. Juego siniestro ante el cual la ciudadanía debe resistirse a poner la cabeza contra el cañón.
De no advertir el error, las cicatrices dejadas por los comicios de hace ya casi treinta, veinticuatro y doce años serán rasguños frente a la herida que se podría asestar al país.
