Los coahuilenses amanecen hoy sin la certeza de saber quién los gobernará durante los próximos seis años a partir del 1 de diciembre próximo. De lo que sí existe certeza es de los desafíos a los que se enfrentará el próximo titular del Poder Ejecutivo del Estado. En principio, el cerrado margen por el se resolverá la elección y la posible judicialización de la misma acota cualquier aire triunfalista que pueda asumir quien resulte triunfador de la contienda. Además, la ríspida campaña que establecieron los candidatos punteros, Guillermo Anaya y Miguel Riquelme, que se tradujo en decenas de denuncias formales e informales y una guerra sucia que generó desconfianza hacia la figura de ambos aspirantes, deja en la mesa asuntos pendientes que las autoridades ministeriales y electorales tendrán que resolver, lo cual puede mermar la legitimidad del ganador. Quien se siente en la silla del Palacio Rosa de Saltillo en seis meses lo hará bajo la sombra de los duros cuestionamientos recibidos durante la campaña.
Pero más allá de este aspecto que entra en el terreno de lo inmediato, están los problemas que la entidad viene arrastrando desde hace por lo menos dos sexenios. El primero de ellos sin duda es la corrupción, lastre que se ha ido agravando no sólo en Coahuila sino también en todo el país. Los escándalos financieros, las deudas inexplicables, las acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado, las denuncias por desvíos de recursos, se han multiplicado en varios estados de la República. En el caso de la entidad norteña, la lista de asuntos por resolver es larga, empezando por el endeudamiento ilegal e inexplicable de más de 36,000 millones de pesos, hasta los señalamientos de infiltración del hampa en cuerpos de seguridad y procuración de justicia, pasando por la contratación de empresas "fantasma". Investigación imparcial, esclarecimiento de hechos y sanción correspondiente es lo mínimo que se espera del próximo gobierno luego de la pasividad del actual en este sentido.
Sin embargo, no sólo se trata de desentrañar el pasado reciente y saldar la deuda de justicia pendiente. Igual de importante es construir en Coahuila un sistema de rendición de cuentas autónomo del poder en turno, eficiente y confiable. Un primer paso para ello puede ser el sistema estatal anticorrupción que se ha impulsado desde el centro de la República a manera de réplica del sistema nacional que ya se encuentra en marcha. Al respecto, el Congreso local y el gobierno de Rubén Moreira han sido lentos a la hora de sentar las bases para el arranque del modelo, con todo y que ya tienen el tiempo encima, de acuerdo a los plazos establecidos. Es sumamente importante que el estado cuente con los mecanismos necesarios para que las leyes se respeten desde arriba hacia abajo. Quienes tienen la responsabilidad de un cargo público deben ser los primeros en estar bajo la lupa de las instituciones y de la ciudadanía por el manejo de recursos del erario y no utilizar el entramado legal y el aparato institucional para escapar a la acción de la justicia como hasta ahora ha ocurrido.
Otro asunto que el próximo gobernador tendrá que resolver es el de la desigualdad en el desarrollo económico de las regiones de la entidad y la falta de equidad en la aplicación de recursos públicos. Las ciudades grandes, principalmente Saltillo y su región circundante, se han visto beneficiadas con la mayor cantidad de obras de infraestructura que redundan en una mayor competitividad y atracción de inversiones privadas. Es justo que ahora, sin que se descuide el desarrollo de la región donde se asienta la capital, se busque un mayor equilibrio para que los beneficios económicos dejen de estar tan concentrados y puedan los habitantes de otros municipios tener rutas y oportunidades para el desarrollo sostenible.
En el ámbito de la seguridad, el actual gobierno estatal desplegó, apoyado del gobierno federal, una estrategia de contención de los delitos de alto impacto que tuvo resultados parciales positivos. La incidencia delictiva en los últimos cuatro años ha ido a la baja, no obstante, la situación de inseguridad no ha sido resuelta del todo. Mientras que los esfuerzos se han concentrado en fortalecer a los cuerpos policiales y la presencia de elementos del Ejército Mexicano, se echa de menos una estrategia clara y profunda de prevención del delito que involucre a todos los sectores de la sociedad con programas de largo aliento que brinden sobre todo a los jóvenes una alternativa a las actividades delictivas que siguen representando un riesgo.
Por último está el desarrollo social. Las políticas de programas asistenciales que se han aplicado hasta ahora siguen todavía la lógica de la construcción de redes clientelares con fines electorales y no el objetivo de sacar a la población más vulnerable de la pobreza en la que se encuentran. Los recursos que se invierten con estos fines lejos de contribuir a la independencia económica de los beneficiarios, aumentan su dependencia de las estructuras partidistas y gubernamentales. Este círculo vicioso de la pobreza y el clientelismo cancela la oportunidad de una generación de riqueza desde la base de la pirámide social y ata a muchas familias a la política de dádivas que muchas veces sólo representan dinero invertido en mantener las estructuras de poder. Con este panorama general es que el nuevo gobernador, sea quien sea, se sentará en la silla de la máxima magistratura del estado.
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