Mañana se juegan importantes posiciones de representación en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz y, por si ello no bastara, en su efecto y resultado se juega el curso de la transición a la democracia. Proceso que rebota entre entusiastas acciones ciudadanas por ampliar su marco y deprimentes tentaciones políticas por regresar a donde antes o, al menos, hasta donde se pueda.
En todo caso, el puerto de la consolidación de la democracia ha desaparecido del horizonte. La presunción aquella de vivir bajo la normalidad democrática se desvanece en medio de la contradicción y la bruma política.
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El esfuerzo ciudadano, político y económico puesto -desde hace ya casi tres décadas- en encontrar la fórmula para garantizar que el voto fuera contado y contara y para evitar la reducción de la democracia al simple ejercicio electoral, no halla satisfacción ni reposo.
En cuanto los grupos activos de la sociedad resuelven ampliar su participación en campos distintos al electoral a fin de darle un carácter integral a la democracia -tal cual lo postula el artículo tercero constitucional-, el nuevo empeño social es aprovechado por la élite en el poder para deformar, cambiar o retirarle tabiques al régimen electoral democrático.
Si los grupos ciudadanos se avientan a impulsar y exigir transparencia, cuentas, educación de calidad, vigencia y defensa de derechos fundamentales, seguridad pública, competencia, resultados, freno a la corrupción..., partidos y gobiernos no desperdician la oportunidad para buscarle resquicios a la legislación electoral con el ánimo de retroceder un poco o un mucho.
Y, entonces, la democracia plena -electoral y política- es cuento de nunca acabar. Sigue siendo cara a la nación, por querida y por costosa. Autoridades y dirigentes destejen lo que la sociedad anhela e hilvana.
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La reposición de viejos y nuevos vicios en el curso de las campañas en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz cobró inusitada fuerza durante el último par de meses y, a la vez, entreveró en su perversidad la tarea no de intentar posicionarse mejor en la elección presidencial, sino de debilitar al adversario con mayor posibilidad.
La compra y la coacción del voto; la aplicación de dinero indebido o de origen dudoso; la cínica intervención de los gobiernos, federal y estatal, a favor de los candidatos de su partido, dentro de lo legal y fuera de la moral; el uso de los problemas que golpean a la gente -inseguridad, corrupción, desigualdad, feminicidios- como ariete para doblegar, embarrar o igualar al adversario, fueron banderola, no causa de candidatos y partidos; la puesta en práctica de celadas propias de la canalla política y el lanzamiento de promesas sin sustento fueron el pan de cada día, como también lo fue la ausencia de la autoridad electoral que, al amparo del mazacote de la legislación que norma su actuación, se hizo de la vista gorda o rebotó su responsabilidad entre los órganos locales y el instituto nacional.
Lo peor de ese retroceso es que no hubo un avance sólido y consistente en los otros campos donde los grupos de la sociedad incursionaron -corrupción, respeto y vigencia de derechos fundamentales-, excepción hecha de la hazaña impulsada por el joven diputado local por Jalisco, Pedro Kumamoto.
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Mañana, los electores implicados en las entidades donde habrá comicios cargarán una responsabilidad extra y superior a la que les corresponde.
No sólo recaerá sobre ellos la decisión de determinar quién debe gobernarlos o representarlos, sino también qué curso debe seguir la transición política del país y qué calidad puede revestir el proceso electoral que, el año entrante, resolverá quién debe ocupar la Presidencia de la República.
El deseo, no la realidad, sugiere que con su actitud y compostura los partidos y candidatos concursantes podrían ayudar al electorado con el sobrepeso que carga, pero es en extremo difícil imaginarlo. Las muestras dadas durante la campaña no hablan de generosidad, sino de mezquindad política, de comparsas con paracaídas, de transas -posiciones o canonjías, ajenas a la elección en sí- para simular competir y dejar correr al aliado negado de palabra. Ninguno de los candidatos opositores sin posibilidad de conquistar el triunfo se distingue por enaltecer la política y el respeto a la ciudadanía, sino por degradar a la primera e ignorar a la segunda.
Mañana, una baja participación ciudadana combinada con un fuerte acarreo de votantes coaccionados y una escasa representación no coordinada de los partidos opositores en las casillas, sería presagio de un conflicto postelectoral y, además, de un serio problema de cara a la elección presidencial y legislativa del año entrante.
Un problema pintado por el hiperrealismo de la miseria política, el cinismo y la debilidad de los partidos opositores que han aprendido una verdad no de a kilo, sino de a gramo: las migajas también alimentan.
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Los partidos, destacadamente el Revolucionario Institucional, trasladaron el fraude a boca de urna al cuerpo del proceso, a la campaña. Las autoridades electorales jugaron a resbalar entre ellas la responsabilidad de su actuación. Gobiernos y partidos apuestan a que cada nueva causa ciudadana es oportunidad para aflojar las tuercas de alguna otra estructura en ciernes de la democracia. Los acólitos de autoridades y dirigentes políticos insisten en impulsar importantes iniciativas de parchecito con dedicatoria, sin desmontar el régimen político en su conjunto.
El electorado implicado en el concurso de mañana carga un sobrepeso desmedido y, si no puede con él y se yergue pese a las dificultades, abrirá la puerta a un serio problema el año entrante.
