La libertad de expresión y el derecho a la información no es un asunto exclusivo de periodistas o medios de comunicación. Ambas son garantías individuales de todo ciudadano reconocidas en la Constitución de México y en las cartas magnas de otras naciones. Por la naturaleza de su oficio y giro, periodistas y medios, respectivamente, son quienes practican más estas garantías y, por ende, quienes más reclaman su defensa. De la misma manera, contar con una amplia caja de resonancia de ideas, opiniones o información, como los son medios de comunicación representa un privilegio, una gran responsabilidad y, en consecuencia, un riesgo, sobre todo en países como México, en donde el estado de derecho se vulnera con frecuencia y no existen instituciones lo suficientemente sólidas para salvaguardar las garantías individuales.
México es uno los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. El asesinato la semana pasada del periodista de la revista Riodoce, Javier Valdez, puso de relieve una vez más la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes ejercen este importante oficio dentro de una sociedad que aspira a ser democrática. En lo que va del años suman ya seis casos de privación de la vida de personas que se dedican al periodismo y desde 2000, más de 100. Pero contrario a lo que comúnmente se piensa, detrás del asesinato de periodistas y atentados contra medios, hay un problema mucho más profundo: la fragilidad del Estado mexicano frente a los poderes formales y fácticos, situación que deja a todo ciudadano común en la indefensión, y la impunidad que propicia que las agresiones se sigan reproduciendo.
Si un periodista, que cuenta -al menos en teoría- con respaldo organizacional, una red de apoyo profesional y social y una visibilidad que en algunos casos puede convertiste en escudo, puede ser asesinado o desaparecido, o el medio para el que trabaja atacado, ¿qué puede esperar un ciudadano común ajeno a la actividad periodística que intente ejercer su libertad de expresión o su derecho a la información frente a los poderes mencionados, de los cuales el crimen es el más letal? La realidad que subyace es que en México nunca se ha trabajado por fortalecer estas garantías al grado de colocarlas en la realidad en el nivel que tienen en países como Estados Unidos, Canadá o integrantes de la Unión Europea, en donde esa libertad y ese derecho son pilares fundamentales de la democracia.
Y esto implica no sólo la protección real e institucional de dichas garantías y el castigo efectivo a quienes atentan contra ellas, sino también una gran responsabilidad de quienes las ejercen. Muy lejos de crear patentes de corso con la fachada de libertad de expresión y derecho a la información, el Estado mexicano debe fomentar y proteger ambos ejercicios en toda la ciudadanía. Es por ello que crear fiscalías exclusivas de atención a crímenes contra periodistas no sólo es insuficiente, sino que además puede resultar contraproducente, ya que establece una diferencia nociva entre quien por oficio ejerce ambas garantías y quien lo hace desde su condición de ciudadano. Por lo demás, la formación de instituciones especiales sirve más para simular que se está actuando, que para encontrar soluciones de fondo.
En la medida en que gobierno y sociedad construyan una cultura ciudadana de ejercicio responsable, pero abierto, de libertad de expresión y derecho a la información, y que el aparato institucional existente opere con eficiencia para proteger ambas garantías en toda la ciudadanía, se tendrán avances sustanciales, no sólo en este tema, sino también en la calidad de la democracia que practicamos. La libertad de expresión y el derecho a la información es un asunto que concierne a toda la sociedad, no sólo a los periodistas o medios de comunicación.
