Palmarito, el reflejo del país
Los hechos violentos que terminaron con la ejecución grabada de un civil detenido y sometido a manos de un elemento del Ejército Mexicano en la comunidad de Palmarito Techopán, del municipio de Quecholac, Puebla, reflejan la crisis institucional por la que atraviesa el país en materia de seguridad pública, y ponen una vez más en relieve la urgencia de que los distintos niveles de gobierno y los tres poderes de la unión trabajen con voluntad y eficiencia con el mismo objetivo: restablecer el estado de derecho ahí donde se ha debilitado o perdido.
La conducta del integrante de las Fuerzas Armadas es injustificable por donde quiera que se le observe, incluso a sabiendas de que antes los militares habían sido emboscados. La persona que recibió el disparo en la cabeza ya estaba sometida y desarmada por lo que no representaba riesgo alguno para los soldados que lo detuvieron. A la luz de lo observado en el video y las investigaciones que las autoridades correspondientes desarrollan, tendrá que darse un deslinde de responsabilidades obligado y el castigo pertinente.
El hecho ha generado diversas reacciones y opiniones encontradas, las cuales van desde señalar a todo el Ejército y la propia Secretaría de la Defensa Nacional, hasta justificar la acción del soldado. La postura oficial es que el elemento de la milicia actuó por su propia cuenta, es decir, que no recibió la orden de un mando directo. De confirmarse esta versión, los señalamientos contra la institución perderían argumentos, no así los de quienes consideran que las fuerzas armadas no deben desempeñar tareas de seguridad pública debido al alto riesgo de que ocurran excesos como los observados en Palmarito, por supuesto sin ofrecer alternativa ninguna a una realidad donde todos huyen de sus responsabilidades, menos las fuerzas armadas.
Pero es necesario ir más allá del hecho mismo para colocar en su justa dimensión lo sucedido y cómo refleja la situación endeble e inestable de la República. Lo primero que debe considerarse es el porqué de la presencia del Ejército en la zona y ante una situación que, en principio, representa un problema de seguridad pública. La respuesta tiene que ver con lo que ha venido sucediendo en otras partes del país: las policías municipales, estatales y federal han sido rebasadas por el fenómeno de la delincuencia y los políticos rehúyen su obligación. En el caso que nos ocupa, se trata de una banda que se autodenomina “Los Huachicoleros” y que se dedica al robo de combustible, la segunda actividad más lucrativa del crimen organizado.
La debilidad de los cuerpos policiales civiles es directamente proporcional a la necesidad de incorporación de efectivos militares en las tareas de seguridad. Es lo que hemos visto que ha ocurrido en las últimas décadas: cuando los municipales se ven superados, entran los estatales, luego los federales y al final termina el Ejército intentando hacerse cargo para recuperar la seguridad interior. La seguridad pública se ha militarizado por la incapacidad de los gobiernos, de los tres niveles y de todos los partidos que han gobernado, de mantener el orden y a los delincuentes a raya.
Pero hay otro aspecto que no se debe perder de vista. Al igual que ocurre en otros fenómenos delincuenciales, los ladrones de combustible no actúan solos o aislados de la sociedad. Cuentan con una base social que se volvió caldo de cultivo por el abandono gubernamental; una estructura criminal que desafía al Estado con recursos económicos, materiales y logísticos, y una red de complicidades, dentro del propio Pemex, que les permite no sólo colocar el combustible robado en el mercado, sino también lavar dinero y seguir financiándose. Es decir, el problema de corrupción es mucho más complejo de lo que hasta ahora se ha planteado.
En conclusión, el Estado mexicano tiene frente a sí un importante reto: resolver satisfactoriamente el caso de la ejecución de Palmarito y actuar con decisión, responsabilidad y eficiencia las causas de la descomposición en esa región poblana, y en las otras regiones del país en donde están ocurriendo situaciones similares. No sólo se deben construir las condiciones para que la seguridad pública regrese al ámbito de responsabilidad de las autoridades civiles, sino también se debe incrementar la presencia institucional del Estado en aquellos sectores que se han convertido en la base social del crimen, y atacar directamente la red de complicidades y la estructura financiera de este último.
