El Triángulo Norte de Centroamérica vive una tragedia humana que no hemos sabido dimensionar y frente a la cual no hemos podido responder, a pesar de que nos afecta directamente. En los últimos cinco años el número de migrantes irregulares provenientes de Centroamérica prácticamente se cuadruplicó. Ya no son sólo los que buscan llegar a EU. Entre los 500 mil migrantes que ingresan todos los años, cada vez son más los que llegan a México con la intención de quedarse: un gran número de jóvenes huyen de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente, para evitar ser reclutados forzosamente por pandillas, mientras familias enteras vienen escapando de la extorsión del crimen organizado que ha logrado ejercer el control territorial en diversas regiones de esos países.
El mayor de los dramas se vive en Honduras, con una de las tasas de homicidio más altas del mundo. ¿Cuál ha sido la respuesta de México? En 2015, regresamos a casi 40 mil hondureños que ingresaron de forma indocumentada al país, obstaculizando en muchos casos su derecho a pedir refugio o dificultando el proceso para obtenerlo. Este año, por ejemplo, solamente 37 % de los hondureños que completaron sus trámites pudo acceder a la condición de refugiados, cuando por segundo año consecutivo se concede refugio a 100 % de los venezolanos que lo solicitan, lo que evidencia una clara motivación política.
En contraste con las acciones desplegadas por México a principios de los años ochenta -cuando ingresaron al país más de 200 mil guatemaltecos que huían de la Guerra Civil-, las instituciones migratorias no han logrado sensibilizarse sobre las circunstancias que enfrentan las personas migrantes del Triángulo Norte y los peligros que su deportación puede implicar para asegurar sus vidas. Aunque México tiene capacidad para recibir migrantes y refugiados, en general se busca desalentar a las personas migrantes para iniciar trámites de obtención de refugio. Una vez que éstos se inician, pueden permanecer encerrados en estaciones migratorias más de seis meses.
La discriminación que enfrentan los migrantes centroamericanos en nuestro país no es muy diferente de la que padecen nuestros connacionales en EU. En la ciudades de la frontera sur, la búsqueda de trabajo para las personas migrantes y refugiadas es especialmente complicada. En una reciente visita pude escuchar testimonios de hondureños que cuentan cómo se les cierran las puertas a partir del momento en que revelan su nacionalidad. Aún cuando logran conseguir un empleo, se les ofrece una paga menor a la que se le da a un mexicano.
Migrantes y refugiados enfrentan enormes dificultades para acceder a derechos fundamentales. El Seguro Popular por regla se les concede solamente por 90 días; su capacidad de acceder a programas sociales es inexistente si no tienen una CURP y, sin contar con un documento de residencia permanente en el país, no pueden siquiera obtener una licencia de conducir.
En ciertos sectores de nuestra sociedad crece el desprecio a los migrantes centroamericanos. Hondureños, salvadoreños y guatemaltecos son discriminados por su nacionalidad, color de piel y origen étnico; enfrentan además el estigma de ser asaltantes o ladrones, e incluso son rechazados por su aspecto físico, particularmente cuando tienen tatuajes que están fuertemente asociados a la identidad de las maras y otras pandillas. En la ciudad de Tapachula, el principal punto de internación de personas migrantes indocumentadas al país, crece un clima antiinmigrante, incluso entre las autoridades locales.
En un pueblo de Veracruz se encontraron pintas en las calles donde podía leerse: "Amigo migrante: te informamos que tienes prohibido quedarte en esta población, así como circular por sus calles en busca de ayuda, por lo que debes seguir tu camino. Evita ser reportado. Atentamente: Pueblo en General". ¿Seremos el Trump de Centroamérica?
