En la colaboración anterior comentamos que en la coyuntura actual marcada por el proceso electoral local en Coahuila, es difícil sustraerse a los posicionamientos que presentan los candidatos que compiten a diversos cargos públicos, denotando la ausencia de una agenda ambiental a nivel estatal o municipal. Este señalamiento que ya les han señalado otras personas, indica que la agenda electoral de los aspirantes tiene vacíos y omisiones que, al menos hasta ahora, no han sido cubiertos.
En ambos niveles hay problemas que requieren urgente atención, los cuales al parecer no son percibidos por los candidatos y, aunque no todos, algunos de ellos serán de su competencia resolverlos o contribuir a que se resuelvan. Hay asuntos sobre los cuales se ha evadido o no se encuentra como enfrentarlos por parte de las instituciones públicas responsables de regular las actividades humanas que impactan el ambiente, mismos que debieran preocupar a quienes compiten para gobernador, alcaldes o diputados locales.
Uno de ellos, el más apremiante, es el del agua, donde la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos ubicados en el subsuelo lagunero y su impacto en la salud pública, es de sobra conocido. Hay otros casos como la alteración del hábitat y contaminación del río San Rodrigo, en la franja fronteriza, que presenta daños serios derivados de las actividades de extracción de materiales pétreos.
Si bien la gestión de este recurso es competencia federal por ser quien otorga las concesiones para usarlo, a la fecha ninguna autoridad local se ha preocupado por incidir en las soluciones más allá de alternativas temporales como la instalación de filtros que secuestren el arsénico a pie de pozo o desvaríos como la potabilizadora que se pretende construir en la parte baja del río Nazas. Sería oportuno que los candidatos a gobernador del estado dieran a conocer a sus electores como pretenden abordar estos asuntos.
Otro tema tiene que ver con la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad focalizada principalmente en las áreas naturales protegidas declaradas hasta ahora, sin dejar de lado otras estrategias que la legislación ambiental establece, algunas de ellas aplicadas sobre todo en el norte del estado como son aquellas destinadas al aprovechamiento cinegético. Si bien algunas de esas áreas son de categoría federal, hay otras como Zapalinamé y Jimulco, de competencia estatal o municipal, en las cuales se realizan esfuerzos importantes, pero persisten amenazas al capital natural en ellas albergado. Es pertinente que dijeran como aportarán soluciones para asegurar que no se pierda, de qué manera intervendrían desde los cargos públicos que pretender ocupar.
Un tema más refiere a su posicionamiento con respecto al cambio climático. Es sabido que a nivel estatal se tiene un diagnóstico y un plan local para enfrentarlo, pero es necesario saber qué medidas de adaptación y mitigación aplicarían de modo prioritario (junto a la federación) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asociado a esto es ineludible que definan como van a manejar el asunto del fracking en la zona norte del estado, ya que si bien aún no se intensifica esta actividad por la situación de los precios internacionales del petróleo, al hacerlo se sabe que tendrá un fuerte impacto ambiental que provocará daños irreversibles en el entorno natural donde se perforen y establezcan los pozos para extraer el gas shale.
Es también sabido que en el estado no existen sistemas de monitoreo del aire suficientes y funcionales que permitan conocer su calidad y, como consecuencia de este vacío, no se sabe qué tipo de medidas deberán aplicarse para mejorarlo. Los habitantes de la zona metropolitana de La Laguna carecemos de información confiable, al igual que sobre las extracciones de agua del subsuelo, del aire que respiramos.
Hay otros temas como la situación de los sistemas de gestión de agua potable y de aguas residuales donde aún existen deficiencias que no han sido debidamente atendidas, sobre todo a nivel municipal. Aunado a los ya presentes problemas de suministro de agua a la población y de la calidad de este recurso, los organismos operadores continúan con pasivos y atención insuficiente en los servicios que prestan, algo que ha querido resolverse con su supuesta privatización. Sobre ésta, es importante que los candidatos también definan su postura de ser beneficiados por el voto ciudadano.
También sigue siendo un tema pendiente la gestión de residuos sólidos, en el estado se han realizado esfuerzos considerables, pero aún no existe un sistema de gestión integral de éstos, algunos municipios han avanzado más que otros pero aún deben realizarse acciones de mayor alcance que den respuesta atendiendo la cadena de gestión, desde cómo reducir las emisiones hasta su tratamiento y disposición final.
Sería oportuno saber si los candidatos tienen alguna propuesta seria, de un alcance mayor al tiempo que durarán en sus cargos, en materia de educación ambiental, tanto para incluirla en los currículos del sector educativo formal como en otros ámbitos de la sociedad para desarrollar capacidades y mejorar los equipamientos existentes. Es sabido que los esfuerzos actuales aún son fragmentados y en la mayor parte de los casos de corto plazo.
Otro rubro ineludible es el de movilidad sostenible, donde si bien ya existen proyectos en curso como el metrobús de la zona metropolitana lagunera, es evidente la ausencia de equipamientos urbanos que estimulen el uso de transporte no motorizado. El transporte público de calidad y bajo costo es un servicio ineludible en la modernización y desarrollo sostenible de las urbes, debidamente complementado con los equipamientos que reduzcan el uso del automóvil como medio de transporte. Esperemos que ante estos señalamientos surja entre los aspirantes de este proceso electoral su interés por atender una agenda ambiental como parte de su visión y misión de gobierno que pretenden desempeñar. El próximo debate del 4 de mayo es una oportunidad para conocerla.
