Le ha costado mucho a la democracia mexicana, económica y políticamente, tener un árbitro electoral confiable. De la cuestionada y cuestionable organización electoral de los alcaldes y jefes políticos, en los años 40 se pasó a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, órgano controlado por la Secretaría de Gobernación y que, como tal, no ofrecía garantía alguna de imparcialidad. En los 70, este organismo se convirtió en Comisión Federal Electoral y, pese a los cambios, la sombra del fraude siempre estuvo presente. La lectura histórica es que esta comisión, como su antecesora, sirvió al régimen de instrumento de legitimación de la llamada "dictadura perfecta" priista.
Tras el escándalo de la elección de 1988 surgió el Instituto Federal Electoral, el cual al principio se mantuvo bajo el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo; y no fue sino hasta 1996 que, con una nueva reforma, se dotó de autonomía al consejo, órgano rector del IFE. Con este nuevo árbitro se desarrolló la elección de la primera alternancia en México. Ya no era sólo el PRI quien, a través de su sobrerrepresentación en los poderes de la República, ejercía el control de los comicios; ahora estaban involucrados todos los partidos políticos. Este esquema se replicó en los estados, en donde se crearon en un primer momento los Institutos Electorales y de Participación Ciudadana, los cuales nunca pudieron deshacerse de la influencia de los gobernadores, quienes de forma directa o indirecta mantuvieron injerencia en los procesos electorales.
Las elecciones federales de 2006 y 2012, muy cuestionadas también -más la primera que la segunda- trajeron nuevas reformas que le dieron al árbitro más facultades. Surgió así el Instituto Nacional Electoral, que desapareció los órganos locales para crear los Institutos Estatales Electorales, vigentes ahora. Uno de los objetivos de la formación de estos organismos fue acabar con la duda persistente que existía en la organización de las elecciones estatales. A grandes rasgos, los mismos vicios que motivaron las grandes reformas a nivel federal son los que motivaron los cambios en los ámbitos locales. Sin embargo, hoy pesan sobre el INE y los IEC nuevos cuestionamientos. En el caso del órgano nacional, uno de los principales señalamientos tiene que ver con el excesivo control de los partidos políticos y el cada vez más reducido espacio para la ciudadanía.
En el caso de los IEC, aunque a la mayoría aún les falta ser sometidos a la prueba de fuego, al menos en Coahuila se siguen reproduciendo viejos problemas a la par que han surgido otros. Durante el actual proceso electoral, el primero organizado por el IEC, que tendrá su clímax el 4 de junio próximo, cuando los coahuilenses acudan a las urnas para renovar la gubernatura, el Congreso y las 38 alcaldías, existen visos que hacen pensar que el árbitro electoral no está a la altura del desafío y, peor aún, señalamientos de contendientes respecto a la presunta parcialidad con la que está actuando.
La presente elección es tal vez la más compleja de la historia reciente de Coahuila. El número de partidos -15-, el más alto de toda la República; la nueva forma de conteo de votos en el caso de las coaliciones -sin trasvase-, y la fuerte competencia entre los candidatos con mayores probabilidades de triunfo, son sólo los más significativos de los retos existentes. Y hay elementos para considerar que no podrán ser superados satisfactoriamente. Por ejemplo, los retrasos y contratiempos que ha tenido el IEC a la hora de establecer los acuerdos y hacerlos del conocimiento público. La mala selección de algunas de las sedes de los comités distritales. El escaso número de debates organizados y la nula participación de la sociedad civil en ellos. La inexistente promoción del voto y los valores democráticos. La aplicación de conteos rápidos con inconcebibles márgenes de error. A lo que hay que sumar una pésima estrategia de comunicación y la evidencia de que algunos consejeros están siendo influenciados por agentes del gobierno de Coahuila.
En este contexto, desde hace dos semanas la oposición ha venido planteando la idea de solicitar al INE que atraiga la elección para que la organice en aras de una mayor imparcialidad, solvencia y eficiencia. Y esta petición se materializó el fin de semana en manos del equipo de candidato independiente Javier Guerrero, quien considera que "no existen condiciones para tener una elección limpia, transparente, imparcial y auténtica". En su argumentación expone que han existido "violaciones sistemáticas al proceso" e, incluso, "la intervención directa del gobernador de Coahuila", traducida en presunta compra de votos y supuesto apoyo de dependencias estatales al candidato del PRI, Miguel Riquelme.
Cabe la posibilidad de que esta solicitud sea una estrategia del bloque opositor de facto que representan Guerrero y el aspirante del PAN y sus coligados, Guillermo Anaya. Sin embargo, las fallas, omisiones y malos procedimientos que ha registrado el IEC dejan un amplio margen a la posibilidad de que esto sea cierto. Falta ver qué es lo que determina el INE, que ahora es quien tiene la última palabra. Más allá de esto, resulta frustrante ver que los grandes esfuerzos políticos y económicos desarrollados para dotar de una mayor certidumbre a los procesos electorales con árbitros más eficientes e imparciales, hasta ahora no han rendido los frutos esperados.
