— Lorenzo Meyer
Una de las cuestiones sociales más apremiantes en México es, valga la redundancia, asegurar la seguridad. Ninguno de los tres últimos gobiernos consiguió, ya no digamos enfrentar con éxito el problema, ni siquiera plantearlo de manera que ofreciera una solución realista. El año pasado, el 46 % de los mexicanos encuestados por Latinobarómetro se dijo víctima de algún delito. Según el Sistema Nacional de seguridad Pública, en el año 2000 se registraron 1,367,714 delitos y para 2015 ya fueron 1,551,292: 13.4 % más. Según los datos recopilados por el semanario Zeta, de Tijuana, en los 50 meses del actual gobierno se han registrado 90,694 homicidios, (http://zetatijuana.com/2017/03/12/). El fenómeno ha crecido y se ha complicado.
Para comprender y manejar una temática social como la inseguridad hace falta conocerla bien. Y en buena medida es a eso a lo que invita el Atlas de la seguridad y la defensa de México 2016, editado por Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo, (México: Casede e Instituto Belisario Domínguez, 2017, 521 pp.). En su anexo estadístico, la obra contiene una gran cantidad de datos: 216 gráficas y cuadros, pero es en su análisis donde 21 autores en 16 ensayos desgranan y evalúan la naturaleza y evolución de los factores que han hecho que casi todo México sea hoy territorio de la inseguridad.
El crimen organizado es un gran negocio mundial de 870 mil millones de dls. anuales. De éstos, 320 mil corresponden al mercado de las drogas prohibidas y de ese monto el 10 % va a dar a manos de los cárteles mexicanos: alrededor de 610 mil millones de pesos, (p. 248). Ese es el corazón del crimen organizado nacional. Y es mucho dinero si se tiene en cuenta que en 2015 el presupuesto total de las instituciones de defensa mexicanas equivalió a sólo el 22 % de lo que se supone manejan los señores de la droga: 134 mil millones de pesos, (p. 326).
Pero el combate al crimen organizado no es sólo asunto de presupuestos. Se trata, también, del ejercicio del liderazgo político y moral para movilizar efectivamente al aparato de Estado y a la sociedad misma en defensa de su tranquilidad. Y es ahí, en el liderazgo, donde está el punto más débil de la estrategia por erradicar la inseguridad como una característica de la sociedad mexicana actual.
Para empezar, la política gubernamental de capturar o eliminar a las cabezas de los cárteles no acaba con sus equipos ni disminuye la intensidad de su actividad. Lo que sólo ha logrado, es la fragmentación de las organizaciones y la intensificación de su lucha interna, con el consecuente incremento en la violencia. En Guerrero, por ejemplo, donde hasta 2004 sólo operaba el cartel de Sinaloa, hoy operan 25 grupos criminales, (p. 208), que mantienen una brutal guerra entre ellos y ha degradado significativamente la vida en ese estado.
Guerrero también es ejemplo de otro problema: la acción del ejército contra la producción de amapola y marihuana lleva ya medio siglo, y sin embargo la elaboración de esas drogas se mantiene. Hace ya buen tiempo que debió revisarse la tesis del prohibicionismo, al menos de la marihuana, cuya producción, y pese a la erradicación y a la competencia de la yerba norteamericana, aumentó entre 2001 y 2008 en 190.5 %, (p. 99).
Y pasemos al tema crucial de las fuerzas armadas. La acción del ejército y la marina ha sido efectiva en el choque directo con las milicias criminales, pero el contrapunto es la notoria ineficacia de las policías municipales y estatales. A esos cuerpos les falta no sólo profesionalización y buen armamento y equipo, sino sueldos y mejores prestaciones y vocación de servicio. El ejército y armada ya lo han expresado de manera abierta: ellos no pueden, ni quieren, desempeñar el papel de policías. Falta, por tanto, diseñar e implementar un modelo policiaco más adecuado a la realidad mexicana, ya que ese del "mando único" en cada estado simplemente no despegó.
El choque directo y sistemático de las fuerzas armadas con las estructuras también armadas de las organizaciones criminales, ha llevado, como efecto colateral, a la violación de los derechos humanos. De ahí que se debe valorar el concepto y mecanismos de la llamada "justicia transicional" -comisiones de la verdad efectivas, reparaciones colectivas, recuperación de la memoria y de los archivos- para revolver la agenda de los abusos acumulados y encarar el futuro sin esa pesada carga de impunidad y corrupción.
El tema de la corrupción brota como elemento central en casi todos los estudios del Atlas. En 2013, México estaba en el tercer lugar de las economías con los mayores flujos de dinero ilícito: 528 mil millones de dls. y solamente el 7 % de las averiguaciones previas por lavado de dinero terminaron en sentencias, (pp. 148 y 152). ¡Y para lo que sirven las sentencias! pues el 65 % de las prisiones viven bajo el autogobierno de los propios criminales, (p. 91).
El examen puntual de estados como Tamaulipas y Guerrero bien puede llevar a concluir que son entidades fallidas, pero ¿en qué medida esos descalabros regionales son excepciones o el prolegómeno de una cuestión planteada por el enfoque comparativo del primer ensayo: ¿Cuajarán en México mafias tan arraigadas en su entorno social como en Italia? La respuesta, según cinco indicadores, es: hasta el momento no, pero pudiera ser, (pp. 51-53).
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