La detención de los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Italia y de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala, pone en relieve nuevamente los problemas que México enfrenta en materia de corrupción a todos los niveles. De entrada llama la atención que, otra vez, haya tenido que ser autoridades extranjeras, la italiana y la guatemalteca, las que concreten la aprehensión, pero sobre todo que, en el caso del primero, lo hayan hecho gracias a la información y la solicitud de otra autoridad extranjera, la estadounidense.
Yarrington es acusado en Estados Unidos de haber recibido sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas durante su mandato para permitir el tráfico de drogas a gran escala hacia el vecino país. Según la acusación, el expriista estuvo implicado de 2007 a 2009 en el tráfico de cocaína desde el Puerto de Veracruz hacia territorio estadounidense. También lo acusó de conspirar para lavar dinero, cometer fraude y mentir a bancos de ese país, de acuerdo con la información publicada. Aunque en México también enfrenta cargos, lo más probable es que el tamaulipeco sea extraditado a Estados Unidos, ya que de aquel lado las acusaciones son más fuertes, las investigaciones se encuentran más avanzadas y las penas que le pretenden aplicar más duras que las contempladas de este lado de la frontera.
Duarte es buscado en México por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata del político más buscado por sus actos de corrupción en este país, perteneciente a una generación de gobernadores que en 2012 fueron elogiados por el entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, como el nuevo rostro del Partido Revolucionario Institucional. En este caso, según las primeras informaciones, la detención se da a petición de la Procuraduría General de la República que muy seguramente hará los trámites para la extradición.
Pero más allá del curso que tomen los casos Yarrington y Duarte, lo que no se debe perder de vista es que se trata de dos más de la larga lista de gobernadores que han sido señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, por desviar recursos del erario o por endeudar de forma irresponsable a sus entidades. La lista abarca una docena de estados, además de Tamaulipas y Veracruz: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Coahuila, Sonora, Baja California Sur, Aguascalientes, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Michoacán. Es decir, más de dos tercios de los estados de la Federación.
Sin duda es necesario que se llegue al fondo de todas y cada una de las investigaciones para hacer el preciso deslinde de responsabilidades y, en consecuencia, aplicar los castigos que correspondan. Este paso es importante para disminuir la impunidad de un sector de la clase política que se siente con las licencias de gobernar sin tener que rendir cuentas a nadie. No obstante, lo deseable es que desde el principio esto ocurra en México y que no tengan que ser autoridades de otros países las que apliquen la justicia que aquí se ignora.
Pero la solución a estos problemas de corrupción pasa por otra medida igual de importante: construir los mecanismos que se requieren para que se aplique la ley y los funcionarios, sean gobernadores, presidentes, alcaldes o sus subordinados, tengan mucho más complicada la posibilidad de cometer el daño a las arcas o a sus ciudadanos. Para ello es menester que, en principio, los gobiernos estatales se pongan las pilas para darle forma y sentido al sistema anticorrupción, pero sobre todo que la sociedad exija y participe.
