La primera semana de campañas electorales en la carrera por la gubernatura de Coahuila ha estado marcada por la diatriba, las denuncias, los señalamientos, golpes de efecto y las frases cuidadas y muy hechas. Por un lado, hemos visto a los equipos y partidos de los principales candidatos, Miguel Riquelme y Guillermo Anaya, establecer una guerra de querellas con acusaciones que van desde el desvío de recursos y la malversación hasta la coacción del voto y los vínculos con el crimen organizado. Por el otro, los candidatos han pronunciado sus monólogos en sus actos públicos en donde la retórica prefabricada ha dejado poco espacio para la reflexión de las propuestas y el sustento de las mismas. En medio, un espectáculo ya tradicional de cada elección, el salto de militantes de un partido a otro, y la duda respecto a la riqueza de ambos candidatos a la luz de los bienes que poseen.
Este escenario de arranque no permite abrigar muchas esperanzas respecto a la confrontación de las ideas, promesas y planteamientos, que es al final de lo que se trata la democracia. Sin embargo, hay cosas que no deben soslayarse. Las denuncias presentadas por ambos partidos deben ser investigadas por las autoridades correspondientes y, de ser el caso, aplicar las sanciones estipuladas en la ley. Para ello, las personas o instituciones que han hecho las acusaciones están moralmente obligados a llevar los procesos hasta sus últimas consecuencias y a probar lo que señalan. De no hacerlo, deben ser exhibidos como oportunistas electorales.
Por otra parte, la duda que se ha sembrado de cara al electorado respecto a los bienes que poseen los candidatos y si sus ingresos legales han sido suficientes como para hacerse de un patrimonio como el que se ha exhibido en medios de la capital de la República, debe disiparse con una acción simple: la publicación completa de sus declaraciones patrimoniales y fiscales. Hasta ahora, sólo Riquelme lo ha hecho pero de forma parcial, es decir, sin reportar todo su patrimonio. Si bien es cierto que están en su derecho de negarse a que toda la sociedad conozca los bienes que tienen, también lo es que la confianza para quien pide el voto sólo puede construirse con transparencia y certezas de cara a la ciudadanía.
Pero no menos importante es el hecho de que urge que todos los aspirantes eleven el nivel de sus discursos si es que aspiran a ser tomados en serio por el electorado independiente, es decir, aquel que no milita ni simpatiza con partido alguno. Decir que se va a tomar tal medida, aplicar esta estrategia o respaldar aquella iniciativa, de poco sirve si no se argumenta primero la importancia de las mismas sobre la base de diagnósticos reales, y si después no se dice cómo se piensa llevar a cabo y con qué consecuencias. En términos llanos, hacer de las promesas fáciles compromisos reales y proyectos viables.
En este sentido, es necesario que haya debate, elemento fundamental de la democracia. Con tiempos tan cortos de campaña, una buena medida para aclarar el panorama respecto a cómo ven los candidatos los problemas de la entidad y cómo piensan resolverlos es poniéndolos a debatir, lo más que se pueda, confrontando sus ideas y propuestas. En ese tenor, el Instituto Electoral de Coahuila debe propiciar los espacios con formatos que permitan el intercambio y no limitándolo bajo argumentos de falsa equidad. Y debatir no quiere decir descalificar, sino enfrentar con argumentos los planteamientos del otro, cuestionarlos, escudriñar en ellos la poca o mucha sustancia y permitir que el electorado decida quién es el que tiene más tablas para gobernar. En pocas palabras, urge elevar el nivel de las campañas.
