El retrato es dramático. Y no sólo porque EPN salga por los suelos en credibilidad (63 % no le cree nada, GEA-ISA), sino porque la República está herida. La debilidad de las instituciones no le conviene a nadie, aunque haya quien quiere mandarlas al demonio. ¿Qué hacer?
La "porkycracia" denominó El País al vergonzoso suceso de los brutales atropellos cometidos por un grupo de juniors de Veracruz contra una muchacha de 17 años. Pero el juez Anuar González Hemadi liberó al inocente "muchachito" porque no encontró "intención lasciva" en el acto grupal de tocar pechos, introducir dedos y someter a la víctima. Vaya juez éste que intenta burlarse del sentido común lanzando sandeces. Pero eso nos da una idea de su imaginario colectivo. Pensó que podría pisotear los derechos de la víctima y mofarse de todos. Por qué no, si los ricos están por arriba de la ley, ¿o no? Por eso también ya andaban amparando a otro Porky. Por eso -según el Inegi- los mexicanos desconfían más de los jueces que de la policía estatal. Así vivimos.
El País nos recuerda un valioso material de Michelangelo Bovero denominado "Kakistocracia" -el gobierno de los peores- (Este País, abril de 1996). La casa de la ley, el Judicial o los poderes Judiciales, son un venero inagotable de horrores que profundizan el pantano de impunidad en el que nos ahogamos. Los gobernadores en fuga son el síndrome más visible de la enfermedad. Robo directo al erario, decenas de empresas fantasmas, pero eso sí, expuesta en la página de Internet del estado, compra de cientos de hectáreas que eran (son) reserva territorial. La desfachatez no tiene límite, porque también ellos -como el juez de marras- pensaron que podían salirse con la suya. Aunque Interpol ande a la caza, la ofensa, la burla no tiene reparación. Pero de nuevo, quizá la impunidad que más ha envenenado a la República sea la de nuestra vida cotidiana.
El Frente Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reporta que menos del 10 % de los casos de violencia sexual contra menores son denunciados. Del año 2010 a 2015 alrededor de 318 mil niñas y adolescentes fueron atendidas en los servicios de salud, pero menos de 29 mil figuraron en averiguaciones previas y si un caso hubiera llegado a manos del juez Anuar González, pues ya podemos imaginar que no hubiera encontrado "intención lasciva". Pero si elevamos el rango de edad a 30 años, resulta que en el mismo período (2010-2015) las instituciones de salud han atendido a alrededor de 2.5 millones por violencia sexual (Milenio, 31-3-2017). Por eso diversas organizaciones alertan sobre la "normalización" de este tipo de violencia, es decir que ya los mexicanos ni siquiera nos asombremos de estos hechos.
Vivimos rodeados de impunidad y los legisladores contribuyen a ello. Por eso Antonio Enrique Tarín acudió presto a rendir protesta como diputado suplente tras la muerte del titular, a sabiendas de que sobre su cabeza pende una orden de aprehensión. ¡Viva el fuero! Atrincherado en el recinto legislativo y protegido por priistas y panistas, la edificación le sirvió de búnker para esperar una suspensión provisional. Por si fuera poco el gobernador de Nayarit niega que su fiscal Edgar Veytia pueda ser -como lo señala la justicia estadounidense- una pieza en una organización de tráfico a gran escala. Durante años actuó impunemente sin que su jefe sospechara algo. Tanta inocencia de verdad conmueve, pero hiere a la República.
En pleno centro comercial, un grupo de pandilleros denominados "Los Centinelas", se lanzan a golpes contra dos jóvenes, por fortuna alguien registra el hecho y lo sube a redes sociales. Pero las autoridades no pueden proceder a su detención porque la ley establece que la parte afectada debe acudir al MP a interponer una denuncia. Es decir que los capitalinos circulamos por la ciudad expuestos a este tipo de infamias. Resultado, de nuevo impunidad. Y qué decir de la impunidad legislativa, la designación del Fiscal Anticorrupción lleva sólo dos años de retraso, no hay prisa. Los homicidios dolosos van en aumento y según las proyecciones de Guillermo Valdés (Milenio-29-2017) para agosto podríamos regresar al promedio del peor año. Por lo tanto, en el 17 podríamos superar esa marca.
El promedio nacional de impunidad en homicidio doloso es del 78.6 %, una licencia para matar. Además, el número de sentencias por ese delito es estable, alrededor de 4,500 al año, o sea que ha habido años en que sólo se atiende uno de cada cinco casos (Este País, diciembre 2016). El número de procesos en espera de sentencia podría rebasar los 170 mil, de estos 82 mil esperan su sentencia en prisión (Inegi, Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal). ¿A quién reclamarle? Acaso a los jueces que tienen saturada su jornada, a los gobernadores que no contemplan mayor presupuesto para sus aparatos de justicia, o a los legisladores que no conciben el problema o mejor, a todos.
La palabra es impunidad, México se ahoga en impunidad.
