En el gobierno de las leyes se sintetiza la aspiración liberal. El poder sometido a reglas claras; la arbitrariedad arrinconada. Domar la política para volverla confiable. Si a ese ideal se agrega la exigencia democrática, las instituciones han de ganar legitimidad por el voto, activarse en la competencia, fundar su racionalidad en el interés público. Si hablamos de los fracasos de nuestro proyecto democrático habría que registrar el incumplimiento de estas promesas. Imperan los caprichos y el abuso; los contrapesos abdican de su responsabilidad, se argumenta lo aberrante.
Unas cuantas estampas de nuestra vida institucional muestran ese empeño por pervertir la mecánica de la legitimidad. Pienso en primer lugar en la esfera judicial, dominio crucial de la ciudadanía democrática. Es ciudadano quien es reconocido como miembro de la república, quien ejerce en todo ámbito sus derechos y es reconocido por el Estado un agente del interés común. Sus derechos no se muestran solamente cuando se cuenta el voto. Han de vivirse cotidianamente y se ponen a prueba cuando acude ante un juez. Si el sufragio le entrega el poder a la mayoría, es en el proceso judicial que se da poder a cada quien. No hay sentencia incuestionable. Por su propia naturaleza, toda acción judicial deja a alguien descontento. Hay ganadores y perdedores, pero en el argumento se afinca la razonabilidad del Estado. En la regla y la razón se escuda el dictado del poder judicial. No es la toga lo que hace al juez: sólo el argumento legal justifica su orden.
Una sentencia judicial no afecta sólo quien forma parte de un juicio. Todo proceso judicial es una lección pública: una advertencia o una recomendación, una ofensa o un alivio. No recuerdo sentencia más abominable que la que se dictó recientemente en relación al abuso sexual de una menor en Veracruz. Un juez reconoce que una muchacha es violentada, que es manoseada y penetrada sin su consentimiento, pero considera que el acto no conforma el delito de pederastia porque el agresor no tenía intenciones sexuales. Frotamiento incidental, lo llama, como si el desvestir a una mujer en contra de su voluntad y burlarse de ella mientras se le invade con los dedos fuera tropezar con alguien a la entrada del metro. El argumento sugiere que, sin "intención lasciva", no hay abuso sexual, que la experiencia de quien ha sufrido el atropello es irrelevante porque lo que cuenta es el deseo del criminal.
La aberración judicial toca una falla democrática: el principio cardinal de la igualdad es violado sistemáticamente; las instituciones de la imparcialidad son fácilmente capturadas y puestas al servicio de quien puede comprarlas.
Los órganos de la imparcialidad son tan importantes en democracia como los mecanismos de la representación. Estos últimos dan cauce al conflicto, aquellos cuidan la plataforma común: el imperio de la ley, el apartamiento que deben guardar las instituciones técnicas de las ambiciones políticas, la confiabilidad de los poderes neutros. Hay motivos de preocupación en esta órbita. La coalición que ejerce el poder desde hace más de dos décadas grita con pánico que el populismo destrozará las instituciones, pero las maltrata impunemente. Para ocupar un asiento en el órgano que presenta las radiografías de nuestra condición, la presidencia postula a un candidato que no cumple los requisitos de ley y exagera (por no decir que miente) al describir su trayectoria profesional. ¿Maquillaría un censo quien maquilla su hoja de vida? La pregunta es, sin duda, pertinente, pero quien la hace recibe amenazas del gobierno y sus aliados. Así lo dice abiertamente el vocero del Partido Verde: investiguemos a quien cuestiona, usemos el poder del Estado para intimidar a los críticos.
Se pierde el recato institucional cuando los nuevos integrantes del órgano electoral se presentan públicamente como cartas de partido. Uno para cada quien. Uno representante del PRI, otro del PAN y otro, para los fantasmas del PRD. Y no es que uno imagine al consejero inmaculado, pero es necesario defender un consejo que escape de las transacciones de la representación política. Quienes denuncian el coco del populismo deberían tomarse la vida institucional un poquito más en serio.
