Las campañas electorales en Coahuila arrancaron el fin de semana con dos claras tendencias: la primera, en caso de no haber sorpresas, es un hecho que el próximo gobernador será lagunero, torreonense para ser más específicos; y la segunda, la votación será un referéndum en el que se decidirá la continuidad del régimen o la alternancia. Pero más allá de estas rutas, existe una agenda muy definida de temas que, independientemente de quien llegue a ser el próximo gobernador, deberá trabajar para superar rezagos añejos, problemas actuales y retos futuros.
Aunque ya no en los niveles alarmantes de hace cinco o seis años, la seguridad continúa siendo un asunto de primer orden y atención para la ciudadanía. Sería necio negar que se ha avanzado en la disminución de los índices delictivos, pero sería más necio pensar que la situación ha llegado a un nivel óptimo. El próximo gobierno deberá trabajar en aquello que el actual dejó en ciernes, que es una mayor profesionalización de los cuerpos policiales, el apego irrestricto de los mismos a los Derechos Humanos, el combate a la corrupción dentro de las corporaciones, el abatimiento del rezago en materia de procuración de justicia y, sobre todo, el fortalecimiento de la prevención del delito. La rectoría de la lucha contra la delincuencia debe regresar a los mandos civiles, pero para que ello ocurra primero éstos deben estar preparados.
En los últimos años Coahuila ha destacado por ser un polo de atracción de inversiones en rubros como industria automotriz y energía. La cifras del empleo demuestran el crecimiento en este aspecto. No obstante, el desarrollo económico no ha sido equilibrado, ya que la mayor parte de la inversión privada se sigue concentrando en la región Sureste, en donde se asienta la capital, pero habrá de reconocerse que en los últimos años, merced a que la capital del estado es gobernada por la oposición, por lo menos se ha notado un menor desbalance. El equilibrio deberá ser una norma para el próximo gobierno, de manera que se reduzca la brecha entre regiones. Por otra parte, se debe recuperar la visión de desarrollo sostenible que se ha perdido en el afán de mejorar los números del empleo. Por una parte se debe buscar fuentes de trabajo con mayor remuneración y, por la otra, industrias que tengan un menor impacto en el medio ambiente.
A la par del fomento equilibrado de la inversión privada, debe existir una distribución equitativa de la inversión pública. Por lustros ha sido queja de habitantes de regiones distintas a la Sureste la insuficiencia en la generación de obra pública, mientras la infraestructura de la capital del estado ha mejorado considerablemente. En este punto no se trata de dejar de invertir en el desarrollo de Saltillo, sino de ver también por el crecimiento de otras ciudades importantes de la entidad. Además, el próximo gobierno deberá trabajar en ser más eficiente en su programa de obra pública de manera que los proyectos que se ejecuten sean los que necesita la ciudadanía, al precio justo y con la calidad adecuada.
El desorden que en materia financiera dejó la pasada administración, con una deuda opaca, injustificable y lastrosa, y que obligó al actual gobierno a apretarse el cinturón en el gasto social, exige al futuro gobernador actuar con mucho mayor responsabilidad en el ejercicio del presupuesto. La austeridad debe ser una norma, no una excepción. Se debe hacer más con menos y hacerlo bien. Aunado a lo anterior, la transparencia debe transitar de ser un mecanismo engorroso a un derecho práctico de todos los ciudadanos quienes, con mayor información pública y de mejor calidad, puedan exigir la rendición de cuentas que hasta ahora ha faltado.
Por último, el modelo de desarrollo urbano de ciudades aisladas ya quedó rebasado desde hace años. Hoy, la planeación de las mayores urbes coahuilenses debe adquirir un carácter metropolitano, en donde se incluya a todas las conurbaciones. Los problemas regionales sólo pueden resolverse con soluciones regionales. Para ello se requiere romper el paradigma actual, trabajar en una coordinación municipal y, según sea el caso -como La Laguna-, estatal para darle viabilidad a las ciudades y sus entornos. Gran parte de los conflictos a los que hoy se enfrentan se debe a esa falta de visión. Como puede observarse, los retos del próximo gobernador no son pocos ni menores.
