La detención del Fiscal General de Nayarit, Édgar Veytia, en San Diego, acusado de conspirar para manufacturar, importar y distribuir drogas tanto en México como en Estados Unidos, revela el nivel de infiltración del crimen organizado en las instancias de procuración de justicia mexicana, pues las denuncias de las actividades ilícitas de Veytia fueron públicas desde diciembre de 2013 y nadie actuó.
Veytia fue nombrado Fiscal General de Nayarit en febrero de 2013, por el Congreso nayarita, por un período de 7 años, sin embargo, ya había estado a cargo de dicha oficina por alrededor de año y medio.
Los abusos y tropelías de Veytia eran de sobra conocidas en Nayarit, pero más allá de ello, en diciembre 2013, la revista Proceso denunció que era él mismo quien encabezaba a los sicarios del Cártel del Golfo (era lo que decía la publicación en aquel momento, aunque ahora se señala que era con el Cártel de Jalisco Nueva Generación) y dirigía las extorsiones, despojos, robos, levantones y secuestros.
En dicha publicación, el ingeniero Adrián Villanueva Salgado, narraba con lujo de detalles el acoso y la persecución de la que había sido víctima él y algunos ejidatarios del ejido La Peñita de Jaltemba, por exigir que se castigara al ex comisariado ejidal, Francisco Zúñiga, por el robo de entre 40 y 50 millones de pesos, del fondo ejidal.
De acuerdo a la denuncia de Villanueva, cuando fueron a presentar la denuncia a la Fiscalía, Veytia se comunicó telefónicamente con el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, quien a través del altavoz les aseguró que no permitiría el robo. Así que el gobernador estuvo enterado del hecho desde ese momento.
La publicación incluye la afirmación de Villanueva de que el 5 de septiembre [de 2013] "entregué copia de todos los documentos a la Presidencia, a la Suprema Corte, a Gobernación, a la PGR, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", sin embargo, él mismo lamentaba "Todos han recibido ese escrito pero nadie lo ha leído."
Es entendible que ninguno de los funcionarios señalados revisé personalmente ese tipo de documentos, pero como autoridades están obligados a que alguien de su oficina lea y atienda todas las comunicaciones que llegan a las mismas, por lo cual es un hecho que los conocieron y no hicieron nada al respecto.
Pero en agosto del año pasado, Proceso volvió a ocuparse del "Fiscal Sicario", en ese momento acusado de haber secuestrado el 1 de abril de ese año a Julián Venegas, compadre de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La denuncia de los familiares de Venegas también da detalles y narra con precisión como ese día a las 14:00 horas a la altura del kilómetro 78 de la carretera Compostela, Nayarit a Puerto Vallarta, Jalisco, un retén donde había 6 hombres armados vestidos de negro y dos con uniformes de la policía de Nayarit, detuvieron un jeep tipo Wrangler, en el que viajaban Venegas y su pareja, Olivia Ofelia Solís Ibarra, lo bajaron del vehículo y se lo llevaron en una Chevrolet blanca tipo Suburban.
En la publicación se señala que semanas después de la desaparición, José Venegas Oviedo, hijo de Julián denunció los hechos ante Héctor Miguel Sánchez Banderas, coronel de infantería de la 13 Zona Militar.
Así que además de que los actos delictivos fueron denunciados públicamente a través de sendas publicaciones en la revista Proceso, también fueron hechos del conocimiento de prácticamente todas las autoridades, estatales y federales, responsables de atenderlos. Y, sin embargo, nadie hizo nada.
Cuando el pasado miércoles 29 de marzo se dio a conocer que el lunes anterior, habían detenido en San Diego, por sus presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, todos se dijeron sorprendidos, como si nunca hubieran recibido ninguna denuncia en su contra. El gobernador Roberto Sandoval, en una entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el jueves pasado, incluso ponderaba la excelente gestión de Veytia, pues según decía había logrado disminuir sensiblemente los índices delictivos en la entidad, tras ser una de las más violentas antes de su llegada a dicho encargo. También señaló, en la entrevista, que Veytia había pasado todos los controles de confianza.
De confirmarse la actividad delictiva de Veytia todo el sistema de seguridad y procuración de justicia estaría en entredicho, pues el Fiscal ejerció su encargo formal durante más de 4 años a pesar de que había denuncias formales ante las autoridades competentes, denuncias públicas en medios de comunicación nacionales y escritos de denuncia entregados directamente en las principales dependencias federales -empezando por la Presidencia de la República-. Por sí todo esto fuera poco, según el dicho del gobernador, también pasó los controles de confianza.
En esas condiciones sólo hay dos opciones: los sistemas son un verdadero fracaso o todos son cómplices de Veytia.
