¿Necesita Coahuila cambiar su ley estatal del agua? Desde luego. Al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificado el 8 de febrero de 2012 para adicionar el derecho humano al agua, no se le ha dado la debida importancia en Coahuila, aún y que es un triunfo del movimiento ciudadano en defensa del agua.
La aspiración de los movimientos sociales para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua es parte de una lucha muy amplia.
Ahora el artículo 4º constitucional dice: "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines."
En el Decreto publicado aquel 8 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación se mandató al Congreso de la Unión a emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días. Mas en el lapso que llega a esta fecha de 2017, ha privado la morosidad oficialista y el movimiento social ha podido detener iniciativas que contravienen el derecho humano al agua establecido en el artículo 4º de la Constitución federal; la más reciente, la llamada Ley Korenfeld, que recibió ese nombre de su promotor David Korenfeld Federman quien cayó del puesto de director general de la Comisión Nacional del Agua debido a la gran presión social que recibió en su contra y al hallazgo de hechos de corrupción en que incurrió, entre ellos el uso particular de un helicóptero oficial para su familia.
En el mismo período, los movimientos sociales mexicanos elaboraron una iniciativa de Ley Ciudadana de Aguas Nacionales avalada por miles de firmas recogidas en todo el país, y se declaran ya listos para presentarla al Congreso de la Unión.
Y es que los movimientos sociales -entre los que se cuenta la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y Agua para Todos Agua para Siempre-, como fuertes impulsores de la reforma constitucional y la consecuente armonización legislativa, han planteado que la nueva ley debe formularse con la participación amplia y decisiva de la población, recoger sus aspiraciones y propuestas y, por supuesto, elaborarse a la luz del derecho humano al agua y al saneamiento para darle cumplimiento a la Constitución, así como revertir los procesos de privatización del agua en México que son violatorios de este derecho.
Un estudio comparativo de las leyes estatales del agua dado a conocer en Torreón este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, señala que la actual de Coahuila "es la peor ley de aguas de la República".
Puntualiza: No menciona el derecho humano al agua, permite la concesión público-privada del agua -que ya se aplica en Aguas de Saltillo y se frenó la intentona privatizadora de los sistemas municipales del agua y saneamiento en Torreón, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Matamoros-, no tiene controles más allá de la autoridad municipal, ni siquiera menciona las palabras participación y ciudadanía, no otorga garantías de acceso a la información, propicia que las propias empresas determinen las tarifas, permite el corte de los servicios por adeudos, no menciona la obligación de establecer dónde están los límites de los acuíferos y del caudal ecológico, etcétera.
Así, la actual ley estatal de aguas de Coahuila es discordante con el artículo 4º constitucional. Va a contrapelo incluso de las resoluciones de la ONU en materia de agua y de las convenciones internacionales que al respecto ha firmado el Estado mexicano.
En septiembre de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/64/292 que "Declara el agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".
Por otra parte, en América Latina los movimientos sociales han logrado el reconocimiento jurídico de este derecho humano mediante diversos procesos y luchas: en Uruguay, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y -repetimos- México, se ha logrado en las constituciones, en tanto que otros países como Argentina, Paraguay y Colombia se considera en las legislaciones secundarias, mientras en algunos más continúan abiertos procesos de discusión ya sea por la lucha de los movimientos sociales o en los espacios legislativos, como son los casos de Costa Rica, El Salvador y Venezuela.
Claro que su establecimiento en los marcos jurídicos es a todas luces insuficiente si no se traduce en cambios profundos en los modelos de gestión, las políticas públicas y, sobre todo, en la vida cotidiana de los usuarios, ciudadanos, comunidades, pueblos, y en la forma en que nos relacionamos con el agua y con la naturaleza.
El Estado mexicano está obligado a garantizar que las leyes, las políticas públicas y los presupuestos prioricen el carácter de bien común y público del agua.
Cambiar la ley estatal del agua, apegada al derecho humano y a la gestión pública, es tarea para la ciudadanía toda y para el Congreso de Coahuila.
@kardenche
