La confrontación reciente entre el alcalde substituto Jorge Morán con diversos líderes de opinión y el Colegio de Arquitectos, a raíz del retiro del monumento a Torreón que se encontraba a la entrada de nuestra ciudad junto al Museo de la Revolución y el antiguo puente naranja del Río Nazas, amerita ser objeto de comentario.
El tema ha sido abordado desde el punto de vista histórico, social y urbanístico, a la luz de múltiples criterios como la arquitectura, la estética, el sentimiento de pertenencia y al final, aparece un fondo político relacionado con el estilo odioso de ejercer el poder por parte del Moreirato, entre cuyos frutos amargos se encuentra el ascenso del hoy alcalde al puesto que ocupa.
Ofende la prepotencia con la cual el funcionario se atreve a decir a los inconformes que nunca han hecho nada por Torreón y que se pongan a trabajar, como respuesta cínica a un justo reclamo en contra de la decisión arbitraria que concierne a un monumento público, sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Esta actitud indecente, coincide con la aparición de un ensayo jurídico de la autoría del licenciado Ramón María Nava González, quien hace un análisis sobre la designación del hoy alcalde a la luz del derecho vigente, para demostrar que el proceso en virtud del cual llegó al puesto se encuentra afectado de nulidad, por ser violatorio de la Constitución de la República, así como de la Constitución de Coahuila y sus leyes reglamentarias.
En efecto, el artículo 115 de la Constitución General de la República que rige la institución del Municipio Libre, manda que el municipio sea gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y un número determinado de regidores y síndicos según la población de cada municipio. El secretario del Ayuntamiento de Torreón, que lo era el actual alcalde al ser designado presidente municipal por el Congreso de Coahuila, no formó parte de la planilla que en las pasadas elecciones municipales fue elegida para integrar el Ayuntamiento de nuestra ciudad, de donde debe surgir la persona que substituya al munícipe que pida licencia.
A mayor abundamiento, los artículos 123 y 126 del Código Municipal para el Estado de Coahuila que contienen las normas reglamentarias del artículo 115 constitucional, determinan la naturaleza del cargo de secretario del Ayuntamiento; lo definen como auxiliar del presidente municipal y disponen que sea nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del alcalde. De lo anterior se concluye que el secretario del Ayuntamiento es un funcionario designado por nombramiento y por tanto, no es de elección popular directa.
Pese a la claridad y contundencia de los argumentos que preceden, al quedar vacante el puesto de presidente municipal en virtud de la licencia solicitada por Miguel Riquelme, el Congreso de Coahuila de mayoría priista respondiendo al capricho del gobernador Rubén Moreira, impone un alcalde títere con antecedentes de carcelero y perfil de comisario de policía, a la medida de lo que a juicio del régimen del PRI de los Moreira, nos merecemos los torreonenses.
La explicación de semejante atropello la encontramos en la intención de poner al actual proceso electoral un cerco policial, que con el apoyo de la amenazante Fuerza Coahuila pretende reprimir a la oposición e inhibir la votación el día de las elecciones, para imponer en la gubernatura a Miguel Riquelme con el escaso voto duro del PRI. En otras palabras, el mismo voto del hambre y del miedo.
Lo anterior corresponde al estilo autoritario del Moreirato que se ha burlado a placer del marco constitucional y ha hecho un destrozo del orden jurídico en Coahuila, acabando entre otras cosas con la división de poderes. Así como hace seis años Moreira Rubén utilizó al Congreso para legitimar la megadeuda contraída de manera ilícita en el sexenio de Moreira Humberto, hoy lo emplea como ariete para vulnerar el principio de Municipio Libre en agravio de nuestra ciudad y nos impone un alcalde espurio con propósitos de control político electoral.
