En cualquier país alrededor del mundo, si las empresas requieren producir eficientemente, necesitan un sistema claro de leyes bajo las cuales van a operar, y un gobierno honesto que haga cumplir esas leyes. Expertos del Banco Mundial y de la ONU han estudiado exhaustivamente el tema del buen gobierno, entre ellos sobresalen: Gray 1997; Chhibber 1997; Streeten 1999; Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón 2000. Los dos últimos definen "gobernabilidad" (governance) como "el conjunto de tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce la autoridad en un país, éste comprende: 1) el proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, y sus mecanismos de rendición de cuentas (accountability) al público en general, 2) la capacidad del gobierno para administrar los recursos públicos de forma eficaz y elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas y leyes adecuadas para el desarrollo del país y el bien común, y 3) el respeto, por parte de los ciudadanos y del Estado, de las instituciones que rigen sus relaciones económicas y sociales".
En general los especialistas arriba mencionados concuerdan en que las formas democráticas de gobernabilidad descansan en la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia. Hace falta un estado eficaz que ofrezca los bienes y servicios y las normas institucionales necesarias para que los mercados prosperen y las personas puedan tener una vida más saludable y feliz. Para que los estados puedan convertirse en agentes eficaces del desarrollo, deben llevar a cabo dos tareas principales: La primera es la de prestar atención a los asuntos fundamentales; establecer una legislación básica; mantener una normativa no discriminatoria; invertir en servicios sociales básicos y en infraestructura; proteger a la población vulnerable, y cuidar el medio ambiente. Para lograr un desarrollo estable y sostenible, el Estado ha de dar prioridad a los fundamentos sociales e institucionales, sólo entonces puede la política pública lograr que el crecimiento se distribuya y contribuya a reducir la pobreza y la desigualdad. La segunda tarea consiste en revitalizar la capacidad institucional del Estado ofreciendo incentivos para que los funcionarios públicos cumplan mejor, al propio tiempo que se impidan las actuaciones arbitrarias. La tarea es difícil, sin embargo, se pueden aplicar tres mecanismos básicos para superar los problemas más profundos: normas y controles, consulta y participación ciudadana, y mayor competencia.
A continuación se presenta con fines ilustrativos algunos resultados en materia de competitividad y buen gobierno para el caso de México. De acuerdo al Índice de Competitividad Estatal 2016, elaborado por el IMCO, las entidades más competitivas son Ciudad de México, Aguascalientes y Nuevo León; Coahuila ocupa el lugar 7 y Durango el 22.
Las entidades menos competitivas son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En lo referente a los rubros relacionados con el tema de esta columna, los resultados son como sigue: En el renglón de gobiernos eficientes y eficaces, Colima, Aguascalientes y Querétaro ocupan los tres primeros lugares; Coahuila el lugar 13 y Durango el 25; los tres últimos lugares corresponden a Nayarit, Michoacán y Guerrero. En lo relativo a Sociedad incluyente, preparada y sana, Ciudad de México, Colima y Nuevo León ocupan las tres primeras posiciones; Durango el lugar 7 y Coahuila el 16; en las tres últimas se ubican Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
En mayor detalle, los expertos señalan que la gobernabilidad presenta al menos seis conceptos generales: voz y rendición de cuentas, inestabilidad y violencia política, eficiencia gubernamental, marco regulatorio, firmeza del estado de derecho, y control de la corrupción. Un buen gobierno debe realizar eficientemente sus tareas, no sólo en las esferas económica y social, sino también en las esferas ambiental, política y de los derechos humanos, así como en el campo de la reforma institucional. Por el contrario, una gobernabilidad ineficaz se refleja en un estado de derecho sin solidez alguna, un escaso respeto del derecho de propiedad, la corrupción generalizada y políticas económicas que están más al servicio de ciertos intereses creados que al servicio del bien común.
La experiencia práctica en muchos países de acuerdo al Banco Mundial, demuestra que una gobernabilidad ineficaz obstaculiza el desarrollo económico y social, en tanto que una gobernabilidad eficaz lo promueve. Coincidimos con los expertos en este tema, en que el Estado que no presta atención a grandes segmentos de su población no es un estado capaz. La revitalización de las instituciones públicas debe comenzar con el acercamiento del gobierno al pueblo. Como se desprende del caso mexicano, lograr un gobierno de calidad es todavía una asignatura pendiente.
(Economista)
