Algo anda mal en México cuando luego de 10 años de discutir sobre cuáles son las mejores estrategias para combatir la inseguridad, la violencia criminal y las violaciones de Derechos Humanos, las cifras indican que estamos igual o peor que antes. Si los dos partidos -PRI y PAN- que han estado al frente del Gobierno de la República y que gozan de mayor representación en el Congreso de la Unión en vez de proponer, impulsar y ejecutar soluciones efectivas, se culpan mutuamente del desastre que es este país en seguridad pública y estado de derecho. Si los partidos que gobiernan en estados y municipios en lugar de asumir la responsabilidad que les toca se acusan entre sí de tener vínculos con el crimen organizado sin que nada ocurra más allá del señalamiento. Algo anda mal si incluso en aquellos lugares -como Coahuila- en donde tanto se presume en la propaganda oficial que los indicadores han mejorado, éstos continúan por encima de los registrados antes de que se desatara la peor ola criminal en la historia reciente, y si la desaparición de personas continúa en aumento.
La semana pasada se dio a conocer que la cifra de desaparecidos en México ya rebasa los 30,000. En poco más de un año el incremento fue de 18.4 por ciento. El dato más preocupante es que 2016 fue el año con mayor número de casos de la última década con 4,653. Es decir, en nuestro país desaparecen cada día 13 personas. En Coahuila, donde se supone que el gobierno estatal ha estado trabajando para hacer frente a este problema que hizo crisis entre 2010 y 2013, en el último año la cifra creció 11.9 por ciento para alcanzar los 1,661 desaparecidos, con la cual la entidad se ubica en el nada honroso séptimo lugar nacional. Pero el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México advierte que el problema pudiera ser peor, ya que sólo se denuncian 2 de cada 10 desapariciones "por el temor ante la falta de garantías de seguridad y protección para las familias debido a la colusión, en algunas regiones, de las autoridades con el crimen organizado". Además, las fiscalías suelen clasificar mal las denuncias, a lo que hay que agregar la exclusión en el registro de los casos de inmigrantes centroamericanos que son víctimas de desaparición forzada.
Si esto no es suficiente para preocuparnos, existen otros datos escalofriantes. Entre 2006 y 2016 casi 190,000 personas fueron asesinadas en México, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año pasado la cifra de homicidios dolosos volvió a superar los 20,000 en un año, es decir, a colocarse a niveles de 2010, 2011 y 2012. La tasa de este delito por 100,000 habitantes en 2016 fue de 17, la más alta desde 2012 y muy por encima de la de 2006, diez años antes, que fue de 10.89. En Coahuila si bien la tasa de homicidios ha bajado considerablemente de los 27.01 registrados en 2012 a los 7.54 en 2016, sigue por encima de los 4.15 de 2006. Pero hay entidades en donde los datos van en aumento año con año y ni los cambios de colores en los gobiernos, ni la presencia del Ejército y la Marina en las calles han logrado frenar la ola criminal. El estado de fuerza policial de los municipios, estados y la Federación, sumado a los efectivos de las Fuerzas Armadas, no ha sido suficiente para frenar el crecimiento de las desapariciones forzadas y los homicidios con todo y las depuraciones, la inversión de miles de millones de pesos en equipamiento y prevención, los exámenes de control de confianza y la creación de mandos únicos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la asociación Amnistía Internacional (AI) emitieron hace unos días sendos reportes en los que señalan el agravamiento de la impunidad, la debilidad del estado de derecho y la situación de los Derechos Humanos en México. Tania Reneaum, directora ejecutiva de la Sección Mexicana de AI, dijo que "México atraviesa la peor crisis en materia de derechos humanos y justicia", y que en lugar de que las policías se estén fortaleciendo en el país, "se está generando un marco legal que permite la presencia militarizada en las calles". Forman parte de dicha crisis la violencia generalizada, los ataques contra defensores de Derechos Humanos y las agresiones contra las mujeres. Por su parte, Juan Méndez, relator especial de la ONU, asienta en un informe que "la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México. A esto se le suma un contexto de impunidad grave, donde la falta de investigación de estos hechos es la regla (…). A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad".
En suma, diez años después de iniciada la "guerra" contra el crimen organizado, México padece de policías débiles e ineficientes en el combate a la delincuencia, procuradurías deficientes en la investigación de los delitos e instituciones de orden y justicia que, en general, siguen violando de forma casi sistemática los Derechos Humanos de víctimas y victimarios. Mientras tanto, los partidos continúan enfrascados en su propia guerra política, concentrados más en convencer al electorado de que son la opción menos peor, que en ejercer la función pública de manera responsable en donde tienen gobiernos o representación o donde son oposición. Es triste reconocer que en estos diez años muy poco o nada hemos aprendido y avanzado.
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