Nadie sabía con certeza cuánto, cómo y por qué México le sigue pagando enormidades a sus expresidentes, especialmente a los últimos que han llevado al país a la dolorosa situación actual de pobreza y de entrega al extranjero.
Pero hoy expertos de la UNAM, informan en detalle al sitio "Animal Político" (nombre y concepto creado por el mismísimo Aristóteles) y el lector común y corriente, que sabe lo que nos cuesta sobrevivir a los que vivimos fuera del presupuesto, debe enterarse a fondo:
SIN SUSTENTO LEGAL LAS PENSIONES DE EXPRESIDENTES
Entresaco del sitio citado algunos párrafos:
"Actualmente los expresidentes Echeverría, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón, así como la viuda de José López Portillo -la exactriz Sasha Montenegro-, reciben mensualmente una pensión vitalicia de 205 mil pesos, lo que hace un total de 1.2 mdp con cargo al erario público. El gran total anual por este concepto es de 14.2 mdp, dicen Ernesto Villanueva, académico reconocido en temas de legalidad y transparencia, coordinador del área de derecho de información de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la investigadora Hilda Nucci.
"Villanueva y Nucci encontraron que en la práctica la cifra aumenta considerablemente con el pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía; pago de servicio telefónico (local, larga distancia y celular); automovilístico (para expresidente, esposa, hijos y escoltas con sus respectivas cuentas de tenencia, verificación y mantenimiento); y servicios domiciliarios (predial, agua, luz, jardinería, etcétera)". Durante 9 meses, los expertos revisaron el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los últimos 38 años y encontraron que "jurídicamente dicho acuerdo no existe, no tiene base legal pese a que todos creen lo contrario".
EL LIBRO “BENEFICIOS EXPRESIDENCIALES”
En su libro Beneficios expresidenciales, dice Animal Político, estos dos autores incluyen los detalles de cada acuerdo. El primero -número 7637 de fecha 25 de noviembre de 1976- asigna de manera vitalicia a cada expresidente un total de 78 elementos de los cuales 22 pertenecen a la Armada, 11 a la Fuerza Aérea y 45 al Ejército. Dicho documento fue firmado por los secretarios de la Defensa y Marina, pero no por el entonces presidente Echeverría. Otro aspecto relevante es que no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pues sólo fue registrado en la Secretaría de la Presidencia.
El rubro de la pensión vitalicia quedó estipulado en el acuerdo número 2763 Bis de fecha 31 de marzo de 1987 con los siguientes lineamientos: monto equivalente al salario de un Secretario de Estado con cargo al erario federal, seguro de vida y gastos médicos mayores; en el caso de fallecimiento del expresidente los beneficiarios serán la viuda y sus hijos, por tiempo limitado y con porcentajes específicos. Además dispone la asignación adicional de 25 empleados de la federación, quienes estarán a su servicio directo; entre ellos debe haber directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativos. Cabe mencionar que este acuerdo tampoco fue publicado en el Diario Oficial de la Federación OF y no cuenta con la firma del presidente en turno Miguel de la Madrid; la única rúbrica que aparece es del titular de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, pero -precisan los autores- dicha "firma" es sólo un garabato pues esa no es su rúbrica oficial.
Ernesto Villanueva explicó a Animal Político que tales acuerdos carecen de validez desde su origen porque no fueron presidenciales. "Pero nadie dijo nada, todos se quedaron callados. Además creemos que surgieron para darle cierta figura o soporte legal a algo que de facto se venía haciendo en la práctica. Respecto a la pensión cada vez se ha aclarado más dentro del presupuesto de cada año; y aunque Echeverría no estableció el monto, el segundo acuerdo establece que sería el de un Secretario de Estado. La lógica que aplicaron fue ¿cómo me favorezco más?".
Lo que significa que los es han robado más a México desde el 31 de marzo de 1987 que lo que se acostumbraba. Recordemos que Carlos Salinas de Gortari iba a entrar, digo, a asaltar el poder en 1988. ¿Por qué en 1987 firmó él y no el entonces presidente Miguel de La Madrid? ¿Será cierto eso que se decía años atrás, a saber que el que en realidad mandaba era Salinas? ¿Qué pasaría si hoy para empezar a atacar seriamente la corrupción que nos está llevando al caos se hiciera una investigación oficial igual de profunda o más que la de los académicos? ¿Se podría acusar a estas familias y sus cortes de robo a la nación?
Creo que no se permitirá semejante revolución y, siendo pragmáticos, no sería el momento de exponer las pestilentes tripas de la burocracia mexicana aunque las del país de junto sean malolientes.
Muy bien, pero tampoco la ciudadanía debe aceptar tanta afrenta. Si alguno de todos estos personajes tan injustamente favorecidos a costillas de las hordas de pobres que aquí tenemos, tuviera el menor sentido del honor y del patriotismo, debería renunciar a tanta malhabida prebenda. Un ejemplo así sería la verdadera revolucion de este siglo. Sería un buen paso para empezar a matar a la hidra de mil cabezas de la corrupción. Los invito, lectores a que leamos el libro citado beneficios expresidenciales de los académicos y esperemos, tomados de la mano, una respuesta a esta propuesta: ¡Que renuncien los presidentes a seguirnos explotando tan vilmente!
LAS CÁRCELES NO AUTORIZADAS DE CALDERÓN
Por otra parte, del mismo Fondea, el periodismo independiente, se obtiene esta info:
"Sin la autorización del Congreso de la Unión, la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa contrató -a finales de 2010- a proveedores privados para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales por un monto de casi 200 mil millones de pesos. Lo hizo sin desembolsar un centavo y a cambio de pagar mensualmente el dinero en un plazo de 22 años. Esa transacción le permitió al gobierno no reconocer públicamente la deuda", concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
"De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de compromisos de pago es deuda pública que requiere la regulación y aprobación del Congreso de la Unión, lo que en este caso no ocurrió.
Una auditoría "Financiera y de Cumplimiento" en materia de "Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social" aplicada por la ASF, en el marco de la revisión de cuenta pública 2015, concluyó que el gobierno federal -a través del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)- etiquetó la deuda contraída en 2010 por los ocho penales sólo como gasto público corriente, pese a que aún hoy se deben 165 mil millones de pesos los cuales deben pagarse obligatoriamente como lo marcan los contratos. ¡El monto de esta deuda equivale a todo el dinero que ha perdido Pemex por robo de combustible desde 2000. Se trata de un caso donde el gobierno compromete recursos del erario sin que la deuda se reconozca públicamente! Deuda disfrazada. En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF encontró que en diciembre de 2010 la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal_ encabezada por Genaro García Luna*_ firmó siete contratos para la construcción y operación de igual número de penales federales en distintos estados del país. Un octavo contrato fue firmado en marzo de 2011. Para edificar los penales, el gobierno no hizo pago alguno sino que el costo corrió a cambio de las empresas contratadas. Como contraprestación, se comprometió a pagarles mensualmente durante 20 años un monto de 199 mil 476 millones de pesos. Lo anterior no es ilegal, pero de acuerdo con los auditores de la ASF, este pago debió cargarse a una partida denominada "Proyectos para prestación de Servicios", que corresponde a pago de proveedores a largo plazo. Esta inversión en construcción de penales y la contraprestación debió registrarse como tal en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública. Nada de lo anterior ocurrió. En cambio el OADPRS registró estas contrataciones como "gasto corriente" afectando la partida de "servicios integrales", como si se tratara del gasto común de la dependencia en su operación y sin algún contrapeso más que la decisión del propio gobierno de decidir a dónde va el dinero."
