El caso Odebrecht, la constructora brasileña acusada de sobornar a autoridades en al menos 12 países de América Latina -entre ellos México-, ejemplifica uno de los rostros más oscuros de la globalización y evidencia que la corrupción no es exclusiva de una sola nación. Sí, estamos hablando de uno de los escándalos más grandes en la historia del continente, pero que sólo ha sido posible gracias a la suma de debilidades institucionales y a la tolerancia social respecto al fenómeno, lo cual ha llevado a generar caldos de cultivo perfectos para el surgimiento de casos como el de Odebrecht.
En enero pasado, la organización Transparencia Internacional presentó un informe en el que se advierte que la corrupción sigue ganando terreno pese a los supuestos esfuerzos emprendidos por los gobiernos para combatirla. Casi el 70 por ciento de los 176 países presentó índices de percepción de corrupción por debajo de los 50 puntos, en una escala en donde 0 significa “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”. México, con 30 puntos, se ubicó en el lugar 123 mundial, entre los cinco países latinoamericanos más corruptos, y en la peor posición de la OCDE.
Los especialistas de la organización observan una tendencia mundial de incremento del fenómeno que se agrava en varios países, como el nuestro. Advierten que “los gobiernos declaran que quieren luchar contra la corrupción, pero generalmente son palabras vacías”, además de que observan una relación directa entre la desigualdad social y la corrupción en la cual ambos fenómenos se desarrollan en un círculo vicioso en el que se agravan mutuamente como causa-consecuencia.
Según los creadores del informe, este binomio está convirtiéndose en el terreno fértil para el ascenso de los proyectos políticos populistas, tanto de derecha como de izquierda, y como ejemplo se menciona a Donald Trump, quien ganó la presidencia de Estados Unidos en noviembre de 2016, y Marine Le Pen, quien contenderá por la presidencia de Francia este año y cuyas posibilidades de triunfo siguen aumentando ante el desgaste de su principal contrincante, François Fillon.
En el caso de México, la organización emite una serie de recomendaciones que van desde la investigación y desmantelamiento de las redes de corrupción entre empresarios y gobernantes hasta fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pasando por la creación de fiscalías autónomas, la correcta aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción en todas las entidades y la construcción de congresos estatales que sean verdaderos contrapesos y no comparsas de los poderes ejecutivos.
Varias señales emitidas por el gobierno federal y las administraciones estatales indican que en México no vamos por el camino adecuado. Por ejemplo, la nueva Fiscalía General de la República no gozará de autonomía; la gran mayoría de las entidades se encuentran rezagadas en la aplicación de sus sistemas respectivos y en donde se han dado los primeros pasos, han surgido ya voces que alertan de procesos de simulación, como en el caso de Coahuila.
Es fundamental para que las reformas en este sentido lleguen a buen puerto que la sociedad civil se involucre en el proceso. De lo contrario, se corre el alto riesgo de que a la vuelta de los meses nos demos cuenta de que la corrupción, lejos de ceder, sigue expandiéndose, y con ella la desigualdad y el peligro del arribo de soluciones populistas que alejen al país de la ruta pertinente y lo acerquen aún más a la debacle.
