La corrupción en México es un fenómeno que se ha ido "normalizando". Cada vez nos parece más "natural" que alguien obtenga un ingreso adicional porque su posición en la estructura institucional o sus relaciones con el poder así se lo permiten. Con esto no quiero decir que no nos cause molestias, por supuesto que lo hace; pero, muchas de las veces, sólo cuando los directamente beneficiados no somos nosotros.
Sin duda que entre quienes pertenecen a los partidos políticos esa lógica es más evidente. Todos se desgarran las vestiduras ante la corrupción de los demás, pero suelen ignorar o por lo menos minimizar la corrupción propia; un comportamiento no muy distinto al que tiene un ciudadano que se enfurece cuando alguien le gana el turno que pacientemente había esperado; pero que se justifica cuando es él quien se cuela en la fila.
Generalmente, cuando conocemos a alguien metido en la política, tendemos a suponer de antemano que "le va muy bien" y que tal vez, si cultivamos su amistad, a nosotros también. Esa posibilidad del "tal vez a nosotros también", es aceite que lubrica la maquinaria de la corrupción -y también la electoral, por cierto-. En México, son muchos los que se han enriquecido a costa del erario. Pero, son infinitamente más los que guardan la esperanza de que: "algún día les toque" y que se emocionan cada vez que, desde las alturas, dejan caer algunas migajas.
En teoría, el Sistema Nacional Anticorrupción debería ser la solución para terminar con ese mal. Sin embargo, en la práctica, estamos viendo cómo la mayor parte de los gobiernos estatales se esmera por torcer su destino. La estructura del Sistema Nacional exige la integración de Sistemas Locales Anticorrupción en cada una de las 32 entidades federativas, mismos que deben estar listos el 18 de julio del presente año; pero, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad sólo Chiapas y Nayarit han cumplido.
El problema que se sigue es que, a mayor demora en elaborar el andamiaje legal que requieren los Sistemas Locales Anticorrupción, más grande es la posibilidad de que su integración final se haga al vapor o peor todavía, que se termine simulando como, de hecho, está sucediendo en la mayoría de los estados del país.
Estamos ante la última apuesta: o los mexicanos nos otorgamos un esquema institucional sólido para acabar con el hábito de corrompernos, o terminamos siendo responsables directos de la bancarrota económica, política y moral de la que pudo haber sido una gran nación.
