Durante décadas, la emigración de mexicanos a Estados Unidos representó una válvula de escape para disminuir la presión social que genera un crecimiento económico insuficiente y mal distribuido y una excesiva tasa de natalidad. Con el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, el arribo de mexicanos a la primera potencia mundial será mucho más complicado y es fácil suponer que la tendencia a la baja de los últimos años se profundice. Cada vez menos connacionales verán en el vecino del norte una salida a su situación precaria, y quienes aún decidan perseguir el llamado sueño americano tendrán menos posibilidades de éxito. Pero no sólo eso.
Con el eventual aumento en las deportaciones que se espera, y que hasta ahora no se ha registrado, los analistas pronostican que habrá un incremento de la población en pobreza pero rica en conocimientos y experiencias. A lo anterior hay que sumar el hecho de que el “blindaje” de la frontera norte repercutirá también en que migrantes centroamericanos, que tienen a México como ruta obligada de paso, vean a nuestro país como destino, por decisión o necesidad.
El escenario descrito arriba ha llevado a estudiosos de la realidad social y económica de la frontera norte a advertir que esta región es una “bomba de tiempo”. Además del crecimiento de la población en estado de vulnerabilidad y marginación, se registra un lento crecimiento económico y un repunte en la violencia desatada por grupos criminales. El coctel es evidente: mientras la presión social aumenta por la demanda de empleos y servicios, la economía carece del dinamismo necesario para absorber toda esa mano de obra que, en el mediano plazo, puede engrosar las filas de la informalidad, representar una aguda competencia a los empleos remunerados o, en el peor de los casos, de la delincuencia organizada.
Esta realidad reta al gobierno mexicano y plantea un doble desafío para los gobiernos federal, estatales y municipales. Por una parte, México tendrá que hacer frente a la crisis que significaría un arribo masivo de indocumentados deportados, sean connacionales o no, y aquí se habla mucho más que de logística y, exige la disponibilidad de recursos humanos y económicos, sobretodo porque es esperado que el gobierno estadounidense presione mucho más al mexicano para controlar nuestra frontera con Centroamérica. Por la otra, nuestro país debe comenzar a actuar ya para activar su economía interna y fortalecer sus instituciones, de manera que el incremento poblacional en las regiones receptoras de migrantes o antiguas expulsoras no derive en una crisis social. La desactivación de la bomba de tiempo requiere de la participación del gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil.
