Mientras crece el clamor ciudadano en todo México que exige a la clase política transparencia y rendición de cuentas, el PRI de los Moreira en pleno proceso electoral en Coahuila, cierra filas en aras de mantener el imperio de la corrupción y la impunidad.
He aquí tres casos ejemplares recientes. El primero de ellos ya comentado en este espacio, atañe a un reportaje de El Siglo de Torreón que la semana pasada descubrió un desvío de recursos en el gobierno de nuestra ciudad, derivado de la manipulación del padrón de beneficiarios del programa federal de entrega de despensas, como parte del combate a la pobreza extrema.
La investigación descubrió la inclusión en el padrón de al menos treinta y ocho empleados y funcionarios municipales que cobran sueldos de once a treinta mil pesos al mes, lo que los hace inelegibles para ser incluidos en el programa de pobreza alimentaria. Los ediles priistas hacen el intento de ocultar el hecho según confiesan "para evitar el golpeteo…" y el Contralor Municipal minimiza el ilícito, pretendiendo que los impostores descubiertos devuelvan el costo de ciento sesenta pesos por despensa para darle carpetazo al asunto.
Lo anterior es una burla porque la operación ilícita de las despensas implica un programa de veinte millones de pesos que se aplicó durante cada uno de los tres años de la administración de Miguel Riquelme y el hecho de que entre los favorecidos del desvío de recursos se encuentren cuatro hermanas y dos sobrinos de una sola regidora del ayuntamiento, deja entrever la existencia de una estructura perniciosa con ramificaciones que multiplican en forma exponencial el saqueo, cuyos verdaderos alcances deben ser determinados mediante la práctica de una auditoría en forma.
Tal fue la propuesta de la Síndica de oposición del Cabildo de Torreón la Señora Gabriela Casale, que pese a lo acertado de su exigencia fue víctima de furiosos ataques por parte de una jauría de ediles oficialistas que ante la imposibilidad de seguir ocultado el desvío, cerraron filas, acusándola de perseguir un interés partidista cuando precisamente la sindicatura a su cargo tiene el deber de operar como una herramienta de control de las finanzas del Municipio.
Se trata de un acto típico de violencia de género en materia política, en el que se trata intimidar a la funcionaria para que deje de cumplir con las obligaciones que como síndica le son propias. No es un caso menor, en el contexto de un régimen que además de corrupto, se mantiene en el poder en base a infundir miedo.
El segundo caso se refiere a la respuesta dada en redes sociales por el exfiscal Jesús Torres Charles, que ante la referencia genérica que en días pasados hizo Guillermo Anaya sobre la complicidad del gobierno de Humberto Moreira con el crimen organizado, cierra filas y sin que haya una alusión personal en el señalamiento hecho por el panista, Torres Charles repite el desgastado argumento de su mentor en el sentido de haber sido exonerado de todo delito, y se hace eco de las voces de otros implicados que amenazan demandar en la vía laboral al Estado para ser reinstalados en sus antiguos puestos.
El tercer caso es de antología. Durante el "Encuentro Siglo Hacemos Comunidad" que se llevó a cabo el lunes pasado entre dirigentes de los partidos PRI, PAN y Morena, el representante del tricolor Demetrio Zúñiga hizo suya la causa de la corrupción. Al referirse al tema de la deuda pública contratada de modo fraudulento en tiempos de Humberto Moreira, después de reconocer con cinismo complaciente que fue contraída "en un proceso no muy claro…", Zúñiga asegura que el Estado le está haciendo frente (a la deuda) "con toda la capacidad…". Lo anterior resulta a todas luces falso, porque el gobierno de Rubén Moreira lejos de haber aclarado el oscuro origen de la deuda y castigado a los responsables del megarrobo, ha operado al respecto como cómplice y manto de impunidad.
A estas alturas nada de lo anterior es extraño. Ante la imposibilidad de tapar el sol con un dedo el PRI opta por abrazar la corrupción como atavismo esencial que asume inevitable y cierra filas en favor de la corrupción y la impunidad, enfrentando a la sociedad civil que insiste en exigir transparencia y rendición de cuentas.
Los botones de muestra referidos con anterioridad son congruentes con el ejemplo que ofrece el aún gobernador Moreira Rubén, quien frente al escándalo de las facturas falsas por cerca de noventa millones de pesos descubiertas el año pasado, anunció apretar a proveedores y contratistas con requisitos más estrictos al asignar obras y adquisiciones, en lugar de llevar a la cárcel a los funcionarios de su gobierno responsables del robo.
