El atender la pobreza en nuestro país ha sido una bandera política que inicia desde las campañas hasta que se ejerce el gobierno, en alguno de sus tres niveles. Siempre dice ser la mayor preocupación en los planes de gobierno.
La pobreza la medimos, la clasificamos, la evaluamos, pero, ¿verdaderamente la atendemos? En todos los presupuestos vemos rubros con montos relativamente importantes para ello, pero, aquí viene el pero, no logramos estabilizarla, continúa creciendo de manera importante, esto derivado de varios factores que van desde la situación económica que vivimos hasta resultado de malos gobiernos, que además del ineficiente e irresponsable ejercicio de los recursos públicos para ese fin, comprometen recursos futuros con enormes deudas que limitaran por falta de los mismos, generar obras, programa y acciones para abatirla, o al menos sobrellevarla.
Tan sólo el gobierno federal, en este 2017, de fondos como el de Infraestructura Social del Ramo 33, destinar 67 mil 420 millones de pesos y del Programa Prospera, 82 mil 151 millones de pesos, por cierto, este último se considera como un programa de Inclusión Social, bonitos términos, pero no así los resultados, que, aunque no son del todo malos, quedan todavía distantes de los objetivos deseados y muestra de ellos son los resultados sobre la pobreza que emite Conapo.
Pudiéramos decir que todos los programas tienen buenos lineamientos y reglas de operación, pero el problema no está en el guión de esta película, sino en los operadores responsables de llevar a cabo las acciones en cuanto aplicación y seguimiento. Por ejemplo, el programa Prospera tiene de sus objetivos atender de manera integral los rubros de Salud, Educación, Adultos Mayores y la alimentación, muy bien, muy bien, pero quién lleva a cabo en tierra todo esto, y me refiero propiamente a la figura laboral con la que se contratan por parte de la Secretaría de Desarrollo Social federal, la mayor parte, por no decir todos, con la figura de honorarios, por lo que no cuentan con ninguna prestación social, principalmente la del servicio médico, además que los sueldos son poco atractivos por lo que la necesidad, para variar, son el principal motivante para ocuparse en estos trabajos, además de este programa, hay otros como el de 65 y Más, Estancias Infantiles entre otros, en el que la "viaticada" es el principal complemento de la magra remuneración que reciben.
Con todo esto, que mejora podemos esperar en los indicadores de marginación en nuestro país si los operadores para la atención de la misma, viven en un total estado de indefensión laboral, que se preocupan cada tres o seis meses en la renovación de su contrato, además de que son presionados para que también funjan como operadores políticos del gobierno o del partido que está en el poder, de tal forma de buscar, más que el bienestar de las personas, una rentabilidad política, sobre todo en los procesos electorales, que como en Coahuila, casi tenemos cada año.
Los niveles de marginación de Coahuila, desde hace más de 20 años, se encuentran muy por encima de la media nacional, particularmente en infraestructura básica como lo es el agua entubada, drenaje y electrificación. Actualmente de los 2,954,915 habitantes de que se conforma nuestro estado, 2,631,165 de 21 municipios, el 89.04 % cuentan con Muy Baja marginación, 291,958 de 15 municipios, el 9.88 % en Baja marginación y 31,792 de 2 municipios, el 1.08 % en marginación Media.
Dentro de los indicadores que emite el Consejo Nacional de Población, Conapo, señalan que, de la población de Coahuila, tan sólo el 1.09 % de 15 años a más es analfabeta, el 0.62 % carece de drenaje o excusado, el 0.29 % no cuenta con energía eléctrica, el 1.67 % no tiene el servicio de agua entubada y, por último, el 0.66% ocupa viviendas con piso de tierra.
De los casi 2,450 municipios en el país, considerando el uno como el de más marginación, y así en forma ascendente, el municipio mejor posicionado en Coahuila, es Monclova, en el lugar 2,437, y el más bajo es Viesca, en el lugar 1,517, como referencia, Saltillo se encuentra en el 2,436 y Torreón, en el lugar 2,418.
El reducir los indicadores de marginación no debe de considerarse como una meta, más bien como una situación que debe atenderse continuamente, por lo que es importante o aconsejable, que dentro de los lineamientos o reglas de operación, en particular, los criterios y formula para la distribución de los recursos dirigidos al combate a la pobreza, pudieran contener una inversa proporcional que apoye a las entidades y municipios que en la medida que presenten una avance en este difícil objetivo, que dispusieran de una cantidad de recursos, por mínima fuera, para tener un sentido de sustentabilidad y sostenibilidad, en lo logrado a través de la obras, programas y acciones que se lleven a cabo para este fin, se las dejamos así a nuestros legisladores, en particular a los del orden federal.
