Se han comenzado a registrar los primeros agarrones del proceso electoral, los cuales han venido a ponerle un poco de pimienta a unas precampañas que han estado de bostezo, sobre todo por que ya se sabe cuál será el resultado de antemano. En el primer golpe que el PAN ha propinado al virtual candidato del PRI, Miguel Riquelme, con la denuncia en su contra por el Despensa-gate, llama la atención que este hecho lo tenían en el radar los blanquiazules desde finales del año pasado, ya que desde entonces se sabía que una buena parte de las cajas de ayuda del Fonden enviadas por la Secretaría de Gobernación a Torreón no había sido entregada con la celeridad que amerita una declaratoria de emergencia y que, en su lugar, fueron amontonadas en bodegas que curiosamente no aparecen en los registros del ayuntamiento. Incluso que del caso ya había sido informado el dirigente estatal del PAN, Bernardo González, pero que en su momento no le dio mucha relevancia...
Tal vez porque estaba tratando de encontrarle la cuadratura al círculo con eso de la definición del método para escoger candidato. Curiosamente, ahora que están en marcha las precampañas, los blanquiazules han descargado una primera batería contra don Miguel, responsabilizándolo de la retención de los apoyos, cosa que, según los expertos, difícilmente pudiera ser comprobable, ya que, como se sabe, en estos casos no son los funcionarios de primer orden los que se ensucian las manos, sino los subordinados de los subordinados, por lo que es factible pensar que, como la retención de la ayuda, la denuncia tiene fines electorales. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya gato encerrado en todo este asunto, y la pregunta más importante que queda por responder es dónde quedaron 17,000 despensas de las 32,000 que según el gobierno de Coahuila fueron enviadas a Torreón para atender a los afectados por las lluvias extraordinarias del año pasado. En la respuesta dada hasta ahora por el contralor municipal Javier Lechuga no se toca este asunto. Veremos si más adelante aparecen.
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Otro de los agarrones que han despertado la atención durante las precampañas es el que protagonizaron el fin de semana pasado el suspirante panista Guillermo Anaya con Jesús Torres Charles, quien fue el zar de seguridad y justicia en los tiempos de Humberto Moreira. Y es que don Memo volvió a declarar que en la pasada administración estatal se entregaron las llaves de Coahuila a la delincuencia organizada, que es lo mismo que sugerir que desde el gobierno dejaron hacer y deshacer a los malosos a su antojo. Pero ahora apuntó al exfiscal, aunque sin mencionar su nombre, detalle que fue insuficiente para impedir una reacción del aludido. Don Jesús, en su cuenta de twitter, arremetió contra el virtual candidato panista acusándolo de cinismo y haciendo referencia a que quien permitió tanta violencia y delincuencia fue el expreciso blanquiazul, Felipe Calderón, compadre de Anaya. Pero la cosa no quedó ahí. Torres Charles retó al suspirante a que presentara pruebas de sus dichos y le amenazó con sacar a la luz pública todos los trapitos sucios que dice tener registrados en sus expedientes, estrategia que recuerda a la anunciada por el Profe Humberto en una de las entrevistas que tantos comentarios desataron a fines del año pasado. Lo cierto es que el tan manoseado asunto de la seguridad pinta para volverse a posicionar como la manzana podrida de la discordia que es lanzada a conveniencia. Ahí está el caso Allende de 2011, por ejemplo, en el que sólo han sido señalados funcionarios de nivel municipal, sin que nadie hasta ahora indague la responsabilidad que por acción u omisión tuvieron los gobiernos federal (en manos del PAN entonces) y estatal (del PRI como hasta ahora). O sea que, como dice el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong del eterno candidato presidecial, Andrés Manuel López Obrador, también en estas tierras se está lucrando políticamente con el tema de la seguridad, y lo están haciendo los principales partidos en la contienda. Pobre Coahuila.
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La única pesadilla del Circo de las Pesadillas fue la que tuvieron los empresarios de este espectáculo que ante la negativa del ayuntamiento torreonense encabezado por Jorge Luis Morán, tuvieron que desmontar la carpa para llevársela a Gómez Palacio, en donde darán su función de terror a los amantes de este género de diversión. Pero no son los únicos afectados por la condescendencia que ha mostrado la autoridad para con un grupo de fervientes integrantes de la grey católica que, como según dicen, por intermediación de la exrregidora Luly Quintero movieron sus influencias para que los muchachos de Alberto Porragas encontraran cualquier pretexto relacionado con Protección Civil para clausurar el dantesco y “demoníaco” circo. De rebote, el asunto le está ocasionando problemas a uno de los integrantes más visibles de la Diócesis de Torreón, el presbítero Rafael López, quien pertenece al equipo de Comunicación Social y dirige la Buena Nueva, órgano oficial de la demarcación eclesial. Cuentan que don Rafa participó recientemente en un programa de radio para hablar sobre la postura de la iglesia respecto a espectáculos como el mencionado. Para sorpresa de algunos, el presbítero no sólo defendió la libertad de los fieles de observar este tipo de divertimentos que, según dijo, para nada representan pecado alguno, sino que también cuestionó vehementemente los argumentos religiosos de quienes se oponen a que el circo lleve a cabo sus presentaciones. Incluso, dijo que lo que sí es pecado son la corrupción y las malas prácticas en la función pública (quién sabe a qué país se refería). Total que sus declaraciones disgustaron tanto a algunas de las almas muy devotas que, según nuestros subagentes disfrazados de sotana, ahora se están moviendo para señalar con dedo flamígero a don Rafa ante sus superiores para que le llamen la atención no sólo por no defender los “intereses de los fieles” sino también por poner en entredicho sus posturas beatas. De esas cosas que se ven por estas tierras creyentes.
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Por algún extraño o cabalístico motivo, muchas cosas vienen en paquete de 3: los Tres Mosqueteros, los Tres Chiflados, los Tres García, los Tres Tristes Tigres... en fin. Y Gómez Palacio ya tiene sus “tres”. Los subagentes disfrazados de garrote comentan que en el Republicano Ayuntamiento de la Antigua Santa Rosa ha quedado conformado el grupo de los Tres Non Gratos. Resulta que, según dicen, desde la oficina de la alcaldesa Leticia Herrera han salido claras y contundentes amenazas -perdón, recomendaciones- para todos y cada uno de los integrantes de la actual administración municipal, desde el intendente hasta los mas altos puestos directivos, de que por ningún motivo se les ocurra platicar, saludar, es más, ni siquiera voltear a ver a tres personajes del gobierno anterior. La orden clara es que si quieren seguir conservando su nombre inscrito en la sagrada nómina municipal, funcionarios y empleados municipales actuales deben evitar tener contacto con el exalcalde José Miguel Campillo Carrete; el exjefazo de Servicios Públicos, Antonio “Tony” Chincoya, y el exdirector de la Expo Feria de Gómez Palacio, Miguel Pérez García. Seguramente usted, agudo lector, se estará preguntando la razón de esta ley del hielo. Pues dicen que las irregularidades administrativas encontradas en diversas auditorías y revisiones ejecutadas respecto al desempeño de la pasada administración apuntan a que el proceso de resarcimiento se enfocará principalmente en estos tres personajes, a quienes les aplicarán la clásica de “toma chocolate, paga lo que debes”. ¿Será?
