Inicia la Administración Trump un control sin precedentes sobre la actividad económica. Empresarios multimillonarios, conservadores ortodoxos y militares de alto rango ocupan la primera línea del gabinete 2017-enero 2021. Operan cambios radicales sobre economía, inmigración, comercio, medio ambiente y defensa, para empezar, con renaciente etiqueta proteccionista, donde la marea del libre comercio retrocede y su lugar es ocupado por una nueva etapa de intervencionismo estatal de puño duro. Desde la autoridad central del Estado, sus decisiones políticas y económicas repercuten en todo el sistema global.
Antes de asumir Donald John Trump la presidencia el 20 de enero, ya había impactado la economía mexicana con la mayor devaluación del peso, colapsado el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), descarrilado el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión de Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), obligado el regreso de potentes industrias manufactureras a territorio estadounidense, amenazado con echar del país la mano de obra migrante indocumentada así como, dijo, la violatoria de los programas de visas, incluyendo la advertencia de incautación de cuantiosas remesas de dinero que envían a sus familias, y la construcción de un muro fronterizo que, reiteró, pagarían incluso con aranceles sus más cercanos vecinos del sur, considerados hasta ahora socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pendiente asimismo de renegociación, en muy alta tensión con México. Un rechazo estratégico a las doctrinas de libre mercado.
El Estado como principal actor económico que abre camino a un pequeño grupo de grandes capitalistas. Forbes informó que los diez estadounidenses más ricos aumentaron en casi 16.000 millones de dólares su patrimonio neto combinado desde que Donald Trump asumió la presidencia.
A raíz de la crisis económica global de 2008 gobiernos de países ricos aceleraron la intervención en sus economías con reservas a través de políticas de rescate de bancos y compañías privadas, bajo el considerando de devolver los sectores averiados a manos privadas una vez recuperada la salud. Sucedió en Japón, Australia, Europa y en Estados Unidos incluso.
Destacan entre los actores principales de la economía estadounidense las compañías petroleras que, a diferencia de las trece más grandes del mundo -Saudi Aramco de Arabia Saudita, Compañía Petrolera Nacional Iraní, Corporación Petrolera Nacional de China, Gazprom y Rosneft de Rusia, Petróleos de Venezuela, Petronas de Malasia, Petrobras de Brasil, entre otras-, no son administradas por el gobierno, pero tienen ahora al exdirector ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, en el cargo de secretario de Estado apalancando el dominio de los recursos energéticos y de la política exterior.
Al encaminar su política energética que se resume en más carbón e hidrocarburos y retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París, de la COP21, sobre cambio climático, Donald Trump ordenó la reactivación de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, dos grandes proyectos que el gobierno de Obama suspendió como respuesta a la resistencia masiva de grupos ambientalistas y pueblos indígenas. El proyecto de Keystone transportaría 830,000 barriles de petróleo crudo todos los días desde las arenas bituminosas de Alberta, Canadá, a las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos para su exportación. El de Dakota Access transportaría hasta 570,000 barriles de petróleo por día desde Dakota del Norte a Illinois. Ambos atraviesan territorios y cuencas de ríos que históricamente han pertenecido a naciones originarias de Canadá y norteamérica. La tribu Sioux y sus partidarios se oponen desde abril del año pasado a la instalación del oleoducto Dakota Access a una milla de la reserva de Standing Rock, por debajo del río Missouri y de las reservas de agua del lago Oahe y temen una ruptura del oleoducto que pueda envenenar las fuentes de líquido potable que abastecen a 17 millones de personas, motivo por el cual consideran a los memorandos presidenciales como una declaración de guerra. Los encargados de garantizar las condiciones de construcción por parte del gobierno son los secretarios de Estado, Rex Tillerson, de la Defensa, James "Perro Loco" Mattis, y de Energía, Rick Perry.
@kardenche
* Periodista especialista en temas de agua, presas y energía
