La audiencia de radio y televisión no es idiota, rechaza que alguien le diga lo que tiene que escuchar o no escuchar.
Eso deberían haberlo sabido en el Congreso de la Unión, antes de aprobar Ley en Defensa de las Audiencias, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) antes de reglamentar sus lineamientos.
Los comisionados del IFT están a punto de tomarse muy a pecho la tarea de aplicar, con todo rigor, órdenes con tufo soviético, dizque en afán de proteger a los consumidores de informaciones y opiniones expresadas a través de los medios electrónicos.
En los hechos, el IFT pretende censurar a los medios de comunicación, y sus informadores, de manera burda, obligándolos a distinguir entre información y opinión, con criterio burocrático, lo cual se convertiría en un atentado contra el derecho humano a la información, y pondría en contradicción la libertad de expresión, ambos consagrados en la Carta Magna; además de transgredir atribuciones exclusivas del presidente de la República.
Eso alega el consejero jurídico del Ejecutivo Federal para justificar la primera controversia presidencial contra el Congreso, por haber aprobado un mamotreto jurídico, viciado de origen.
Por cierto, la controversia presidencial, junto a otra interpuesta por el Senado, ya han sido admitidas por la Suprema Corte.
Al IFT sí compete velar por el desarrollo y el avance en las telecomunicaciones, tratar de hacerlas universales, que todo mundo tenga acceso a la infraestructura y dar lineamientos para cuidar el espectro… pero lo suyo no debe ser precisamente meterse con los contenidos.
Al permitir la denuncia indiscriminada de dichos controversiales, el IFT abre la puerta a la manipulación de la propia ley, al uso mañoso de la queja de quienes reclamen agresión de los medios -políticos de piel delgada, por ejemplo- lo que daría a inicio un sinnúmero de litigios, muchos con intereses ocultos, que pondrían en jaque a comunicadores y empresarios de los medios.
El analista Leo Zuckermann advierte que más allá del resultado de los juicios, el costo económico terminaría por abrir un boquete financiero a las empresas periodísticas que, ante el miedo de sanciones sobre sus ingresos, se verían obligados a despedir comunicadores y cancelar programas noticiosos y de opinión.
El embrollo inicia cuando el Poder Legislativo, por descuido, ignorancia, dolo o negligencia, otorga al IFT la facultad de elaborar los dichosos lineamientos, cuando hacerlo, repito, sólo es facultad del presidente de la República, quien por cierto, tampoco se salva, toda vez que tardó mes y medio en impugnar una norma insconstitucional, que de no suspenderse, entrará en vigor el próximo 16 de febrero.
El IFT, que no es un órgano legislativo, elaboró el reglamento con graves problemas de forma y fondo; en su impericia ha integrado un documento que podrá dinamitar a la industria de la radio y televisión y golpear el derecho fundamental a la información de las audiencias, mandando al diablo la salud democrática que ha de enriquecerse con la diversidad de las ideas. Cualquier intento de promover información desinfectada, incolora, inodora, insípida es un acto de censura; una auténtica mordaza.
EL MONJE REGIO
Rodrigo Medina se pone "bronco". El exgobernador de Nuevo León, acusado de pecados mortales, demanda ante la PGR a jueces, fiscales y a quien resulte responsable. Se dice perseguido; denuncia acoso. Rechaza indignado comparaciones con Javier Duarte y Guillermo Padrés. En la guerra de vencidas, el priista -inocente hasta que se le demuestre lo contrario- intenta devolver el golpe de su peor enemigo, pero la foto, esa imagen en la que aparece vestido de preso tras las rejas, ni Dios la borra…
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