La primera semana de 2017 ha permitido avistar las fuertes tormentas que enfrentará México en el año que comienza. Los desafíos son varios y abarcan distintas áreas: economía, política, sociedad y seguridad; así como diferentes ámbitos: internacional, nacional y local. Los primeros ocho días de 2017 sirven para darnos una idea de qué es lo que nos espera en el resto del año y revisar cómo se propone enfrentarlo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Uno de los temas que sigue y seguirá marcando la agenda en México es el de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La semana que terminó el magnate republicano dio muestras claras de que la construcción o, mejor dicho, terminación del muro en la frontera con México y la presión a empresas que proyectan invertir de este lado del río Bravo serán dos prioridades de su gobierno.
Respecto al muro aseguró que el pago del mismo será uno de los temas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con lo cual se prevé que las discusiones serán álgidas y los acuerdos difíciles. En cuanto a las nuevas inversiones, bastó un tuit del magnate para que Ford cancelara su proyecto de construir una planta en San Luis Potosí. Esa parece que será la tónica a seguir.
Con estos dos factores es fácil adivinar que la economía mexicana continuará disminuyendo sus expectativas de crecimiento, lo que repercute en no poder generar los empleos que el país requiere y en ver crecer aún más la informalidad y las actividades ilícitas. Por si fuera poco, el dólar ya rozó la barrera de los 22 pesos y algunos analistas apuntan a que ya con Trump en la Casa Blanca pudiera rebasar los 24.
En el nivel microeconómico, el tema central son los incrementos en el precio de los combustibles que de forma directa y/o indirecta van a terminar por afectar a toda la población. El alza en las gasolinas y el diésel no sólo pega a la ya de por sí golpeada clase media, sino que impacta también en los más pobres debido a los aumentos en las tarifas del transporte público y en productos básicos como el pan y la tortilla, hasta el momento, que pronostican una espiral inflacionaria y una mayor pérdida del poder adquisitivo del mexicano promedio.
Pero el sector privado no sólo tendrá que lidiar con el incremento de los combustibles sino también con el aumento constante de las tarifas de la energía eléctrica, medidas que subirán los costos operativos de las empresas que tendrán que recortar sus expectativas de crecimiento y nuevas inversiones o, incluso, se verán obligadas a prescindir de personal. Falta ver si, como lo anunció hace meses el gobierno de la República, los incrementos se revertirán con la apertura de los energéticos a la dinámica de la oferta y la demanda.
Las protestas observadas en días pasados dibujan un panorama de agitación social para el resto del año. Cada vez son más los sectores que se sienten agraviados por las políticas económicas aplicadas por el gobierno federal y que han visto en la manifestación pública una vía de escape a su enojo.
Pero este ánimo también ha abierto la puerta a oportunistas que han organizado saqueos y disturbios al parecer con el afán de descalificar a la movilización o motivar la represión, a lo que se suma la campaña de ruido con alertas falsas o alarma inducida sin otro afán que el de generar incertidumbre y miedo.
Llama poderosamente la atención la ausencia de la autoridad federal en estos casos para, por una parte, frenar los actos vandálicos y los saqueos y, por la otra, aclarar a la población lo que está ocurriendo y evitar que los rumores y la mala información sigan creciendo. ¿A qué se debe la inoperancia de las instituciones gubernamentales? ¿Es deliberada o forma parte de la atrofia del aparato burocrático?
A la indignación por los aumentos mencionados se suma la ocasionada por las altas percepciones y prestaciones de la llamada clase política. Hemos visto en los últimos días cómo integrantes del Congreso, consejeros del INE y otros funcionarios han recibido bonos que dadas las condiciones sociales y económicas del país han sido tomados por muchos como una bofetada.
En medio de este clima, tres estados de la República renovarán sus gobiernos estatales, entre ellos Coahuila, en donde el ambiente político se ha venido enrareciendo en detrimento del sano ejercicio democrático. Pero sin duda la elección que representará la madre de todas las batallas será la del Estado de México, precisa y curiosamente en donde más disturbios se han presentado.
En cuanto a la seguridad, los datos de 2016 revelaron que vivimos el año más violento de lo que va del sexenio. En su arranque, 2017 pinta más o menos igual, con un promedio de 18 homicidios dolosos al día en todo el país en la primera semana del año. Este hecho exhibe al fortalecimiento institucional en el combate al crimen como uno de los grandes fracasos del Estado mexicano.
Por lo visto hasta ahora, todo indica que en el año que comienza seguirán cobrándose alto las facturas de todas las asignaturas pendientes acumuladas. En términos generales, México sigue siendo una República con una democracia incipiente, un alto nivel de corrupción y una creciente desconfianza ciudadana. Un Estado con un bajo nivel recaudatorio, instituciones débiles y un estado de derecho endeble. Una economía demasiado dependiente de Estados Unidos y el petróleo, altamente vulnerable a las turbulencias internacionales, susceptible de ser penetrada por el crimen organizado y con una enorme informalidad. Debemos ver lo ocurrido en estos días como parte de las consecuencias de esta realidad.
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