El justificado descontento que en los mexicanos genera el aumento en el precio de los combustibles a nivel nacional, impulsa la alternativa de un cambio de gobierno por el camino del acuerdo social y político que pueda conducir a un mejor estado de cosas, o en la ruta del enojo que nos lleve al abismo populista.
Los mexicanos no debemos darnos por sorprendidos de los amargos frutos que ofrece el retorno del PRI a Los Pinos, con los antecedentes históricos sexenales que implican la devaluación de 1976; la quiebra del modelo económico petrolizado de 1982; la caída de la bolsa de 1987 y el error de diciembre de 1994.
Durante la era de Ernesto Zedillo y los dos gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, escuchamos críticas feroces que menospreciaban el valor de la disciplina financiera y la importancia de la estabilidad macroeconómica. Frente a la debacle que se advierte tan inevitable como el hundimiento del Titánic a la vista del iceberg, resulta obligado evocar el viejo refrán que enseña que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.
La causa del entuerto es la misma de siempre en los regímenes priistas. La corrupción, el desorden y el dispendio como reglas; el gasto excesivo, el clientelismo y el endeudamiento, como herramientas para que el grupo faccioso en turno, permanezca en el poder a cualquier costo.
Por eso tienen razón quienes señalan que la causa del proceso inflacionario actual que amenaza salir de control, se encuentra en una mala Reforma Fiscal. Esta reforma instrumentada en el segundo año de Peña Nieto por los diputados priístas en el Congreso de la Unión, con la complicidad de algunas izquierdas que apuestan por alentar el gasto del gobierno como política pública, contó con un aliado especial en el sector que introdujo y sostiene a Mancera en el gobierno de la Ciudad de México, cuyo presupuesto se ha visto especialmente favorecido en virtud del maridaje resultante.
El aumento de los impuestos que implica la reforma fiscal de referencia, redunda en un golpe al sector productivo que es el que genera riqueza y promueve la creación de empleo, lo que origina un círculo vicioso que al debilitar la fuente de ingresos empuja a un nuevo incremento a las contribuciones, para que el reducido segmento de la población que paga impuestos, tenga que pagar más.
Otra corriente de opinión considera que el gasolinazo es consecuencia directa e inmediata de la Reforma Energética fruto del Pacto por México, pero ello por sí mismo no es cierto. Lo cierto es que la Reforma Energética no ha rendido los resultados positivos que de ella se esperaban por lo tardío de una legislación que debió de haber sido instrumentada hace veinte años y sobre todo, porque tal reforma ha sido corrupta y torpemente operada por el actual gobierno federal, como lo prueba la nula capacidad que mostraron la Secretaría de Energía y la administración de Petróleos Mexicanos, en las rondas de licitación de las concesiones para explotar recursos energéticos, llevadas a cabo en los últimos dos años.
A pesar de que lo anterior resulta evidente por tratarse de cuestiones han sido del dominio público en fechas recientes, las opiniones adversas a la Reforma Energética ofrecen una oportunidad de oro a la demagogia encarnada en Andrés Manuel López Obrador, que como pescador a río revuelto se apresta a sacar ventaja. Lo peor es que las políticas que propone "El Peje" y algunas ideologías extremistas en juego, agravan el riesgo que deriva del desorden financiero que trae consigo el aumento irresponsable del gasto público.
En todo el país se escuchan los reclamos de amplios sectores ciudadanos que exigen que el gobierno practique una mayor disciplina financiera y cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas; que los funcionarios de alto nivel se ajusten el cinturón y de manera muy especial, que cese la impunidad que es fuente de corrupción en todos los niveles.
